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¿CONTRAVIENE LA UE LA CARTA DE DERECHOS HUMANOS?

Un acuerdo para el Consejo de los refugiados

· Por Fernando Maura, Diputado en el Congreso (Grupo Parlamentario de Ciudadanos)

Fernando Maura es diputado en el Parlamento.
Fernando Maura es diputado en el Parlamento.
El drama humano que los refugiados sufren se ha convertido en una de las más graves crisis por las que atraviesa la Unión Europea en nuestros días. Un proyecto de valores, de democracia y de libertades individuales, como es el europeo, ha convertido en la práctica a los refugiados en verdaderas pelotas que rebotan entre sus diferentes fronteras. Unos gobiernos de los paises de la UE que no son capaces de resolver este gravísimo problema que tiene cara y ojos, que afecta a personas especialmente vulnerables y que -medido en peticiones de asilo- habría prácticamente alcanzado la cifra del 1,000.000 de seres humanos hasta diciembre de 2015. Unos países que endosarian su solución a un tercero como Turquía, en una especie de subarriendo político que no haría sino tapar las vergüenzas de Europa añadiendo otra.




Porque también hay detrás de esta acción europea, eso que la antigua comisaría europea y líder del Partido Radical italiano, Emma Bonino, llamaba "la admiración por las personas fuertes", por los regímenes fuertes.

En este sentido, la cumbre de la UE con Turquía celebrada en este país el pasado 7 de marzo, aprobaba una declaración mas que dudosa, jurídicamente más. Podría contravenir la Carta de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales y la Convención del Estatuto de Refugiados.

Suponia que Turquía es un "tercer país seguro". Por lo tanto, que respeta de manera razonable los Derechos Humanos, que asiste de manera humanitaria y social de manera suficiente a los refugiados. Se supone que con los 3.000m€ y los otros 3.000m€ que se les daría a Turquía, en 2018, podrían acometer esta tarea de forma digna.

Y se compraba la ayuda turca por una doble vía: la de otorgar a sus ciudadanos el visado para su entrada en la UE, lo que constituiría un nuevo problema, en este caso no de refugiados políticos, sino de inmigración económica; además de acelerar en lo posible el acceso de Turquía a la Unión,

Un país que actúa en el conflicto que está padeciendo Siria y de una forma que no podría asegurar que colabora a resolver el conflicto o que no pretenda solamente resolver su propio conflicto con la minoría kurda.

Se trata de un reflejo más, no el único por desgracia, que pone de manifiesto la crisis de valores que está atravesando la UE. Vamos a crisis de valores por Consejo. El anterior, de febrero, el Brexit; este, los refugiados. ¿Qué nos traerá el próximo?

Además, ¡qué está haciendo la UE en ese conflicto?, ¿qué se está haciendo por la UE en los diversos conflictos bélicos que asolan el Oriente Medio?

¿Y dónde quedaban en esta declaración los esfuerzos por la integración de los inmigrantes?

Una verdadera oleada de críticas, a nivel europeo y nacional, de partidos, de ONGs, de sindicatos, de sectores de opinión... en las que se ha exigido la modificación del principio de acuerdo con Turquía, llevaría a los gobiernos -entre ellos, al español- a modificar su criterio previo..

Un cambio de política que, en un gobierno en funciones, en todo caso exigía de un mandato del Congreso. Que fuera expreso, por escrito... A diferencia de lo que ocurriera con el Consejo de febrero, el del Brexit, en el que el Gobierno prefirió asistir a la reunión después de oír la opinión, diversa y heterogénea, de los grupos parlamentarios. Sin un mandato, por lo tanto. Pensábamos desde luego en un mandato que no fuera cerrado, que impida la negociación que todo Consejo supone y aún exige.

Y lo que hizo la Comisión Mixta -Congreso-Senado- el pasado 16 de marzo fue ofrecer cobertura al gobierno en funciones, además de establecer el criterio del viraje político que deberían acometer los paises de la Unión respecto del problema de los refugiados.

Los refugiados no son mercancías que puedan ser expulsadas de territorio europeo, son personas que cuentan con sus derechos y que deben ser tratados de manera individual. Las expulsiones en caliente no son admisibles.

Turquía no sería aún, en términos jurídicos, un tercer país seguro. Sin perjuicio de que su trabajo por incorporar a su derecho interno la legislación que le habilitaría acceder a esa condición, debería quedar apoyada por los Estados miembros de la UE.

No conseguiríamos algunos grupos introducir en la resolución la idea por la que no habría moneda de cambio con Turquía respecto de los visados a conceder por la UE a sus nacionales; ello producirá problemas de futuro en este mismo ámbito de integración de colectivos procedentes de terceros países, sin perjuicio de que en este caso nos referimos a un país que pretende ingresar en nuestro club.

Aún así, hay que señalar la novedad de que hayamos podido construir un acuerdo de todos los grupos. En un país tan fragmentado políticamente y tan necesitado de consensos es una excelente noticia.
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