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LO QUE SE ESPERA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

¿Tienen los partidos una estrategia ante el secesionismo?
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¿Tienen los partidos una estrategia ante el secesionismo?

· Por Enrique Miguel Sánchez Motos, administrador Civil del Estado

miércoles 17 de enero de 2018, 11:12h
Todas las organizaciones definen su misión al constituirse. España la estableció en el preámbulo de su vigente Constitución de 1978: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes… consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.…”. Este preámbulo no fue, ni es, una mera formalidad sino el mandato que la soberanía popular, por referéndum, dio a sus dirigentes pasados y futuros. Los cuales tienen la obligación de plantearse cómo realizarlo ante las distintas coyunturas que puedan presentarse. En el momento actual, España se encuentra ante el mayor desafío de su historia democrática. Octubre 2017 pasará a la historia de España como un hito crítico. De cómo se resuelva el reto secesionista, dependerá el futuro de España. Si se aceptara la independencia de Cataluña, España caminaría a su desaparición. A ella seguirían probablemente tensiones similares en Baleares y Valencia (los llamados “países catalanes”), País Vasco y Navarra, Galicia, Canarias, etc. Sería el final.

Por otra parte, la inestabilidad política que ha generado, propiciada en gran medida por las dudas y/o silencios de los partidos constitucionalistas, ha tenido efectos claros en la economía que aun con un balance positivo se ha visto frenada con respecto a los meses previos. El crecimiento esperado del PIB se ha recortado, al igual que la inversión extranjera, perjudicando al empleo, creando tensiones con la prima de riesgo, lo que podrá perjudicar a la deuda pública y reduciendo los ingresos de Seguridad Social lo que afecta a la sostenibilidad de las pensiones.

Todo ello hace que el primer objetivo estratégico que deberían tener los partidos constitucionales sea reconducir el tema secesionista. Conviene recordar que, en 1977, los nacionalistas obtuvieron 831.392, mientras que los españolistas fueron 2.052.120; en 1979, los nacionalistas 606.805, frente a 2.066.898 de los españolistas; en 1982, los nacionalistas obtuvieron 910.844 frente a 2.238.229. Es decir; los nacionalistas en los años 1977, 1979 y 1982 no representaba ni al 30% de los ciudadanos de Cataluña, y por otra parte se presentaban tan aparentemente moderados que ni por asomo dejaban prever su proyecto separatista. Por ello, inclusive en las primeras autonómicas de 1980, en las que los nacionalistas obtuvieron sólo 993.814 votos frente a 1.473.233 de los españolistas, los partidos constitucionalistas dejaron a Pujol asumir la presidencia de la Generalitat. Sin embargo, en las últimas elecciones de 21 de diciembre de 2017, tras su fracasado golpe de Estado de octubre, han alcanzado el 48,3% del voto frente al 51,7% de los catalanes españolistas.

¿Qué muestran estos datos? Que se ha creado, a lo largo de estos casi 40 años de democracia, una tendencia secesionista que ha atraído incluso a un gran número de votantes inmigrantes o hijos de inmigrantes de personas de Andalucía, Murcia, Extremadura, etc.

El objetivo estratégico queda claro: revertir esta tendencia secesionista porque ataca frontalmente la voluntad de la nación española de garantizar la convivencia democrática. Hay que denunciar las actitudes de odio, discriminación y marginación a todo lo español que caracterizan al secesionismo. El odio, crea conflicto y temor e impide la libertad. La discriminación no permite la igualdad La marginación es contraria a la fraternidad. El secesionismo catalán es una agresión frontal a los valores republicanos y, por ende, a la “convivencia democrática”, que sigue siendo la misión de la Nación española, sin la cual la vigente Constitución carecería de sentido.

Hay que enfrentar las dos grandes mentiras que usan para fomentar el odio. La mentira sobre la historia, presentando a Cataluña como ente político histórico, siempre enfrentado a la Corona española, olvidando su pertenencia a la Corona de Aragón que después junto con la de Castilla y la de Navarra dieron lugar a España. La mentira económica “España nos roba” ante la cual, el ex ministro Borrell ha sido contundente en el libro compartido “Escucha Cataluña, escucha España”. En él rebate, de forma incuestionable, los falsos ejemplos que Junqueras daba del expolio fiscal al que España somete a Cataluña aludiendo a un supuesto modelo de balanzas fiscales alemanas que, si por analogía se aplicasen en España, beneficiaría a Cataluña. El problema es que, como ha demostrado Borrell y le han confirmado desde Alemania, esas balanzas fiscales alemanas no existen.

Hay que enfrentar también la discriminación de los catalanes españolistas mediante el abuso de una lengua propia, el catalán, y la exclusión de la otra lengua “propia”, el castellano. Sólo el uso exclusivo del catalán se considera signo de pureza “étnica” y de catalanidad. Se ha llegado a la aberración de tener una ley, impensable en ningún otro país europeo, que permite sancionar a los comerciantes que rotulan sólo en castellano, pero no a los que rotulan sólo en catalán. ¿Sería acaso posible que existieran ese tipo de multas en la Córcega francesa, en Gales, Escocia o Irlanda del Norte británicos? ¿En la Sicilia italiana? La STC que validó esa norma que permite penalizar discriminatoriamente a la lengua castellana debió haber sido recurrida por el Estado o por algún partido u organización constitucionalista, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque la alternativa a que dejaba lugar el TC era que desde el Estado se obligue a todos a rotular también en la lengua común, lo cual es absurdo cuando con buena voluntad se podría resolver el problema felizmente: en la parte derecha, las calles se rotulan en catalán; en la izquierda en castellano o viceversa y todos tan amigos.

Asimismo, la lengua castellana debe ser también lengua vehicular en la educación en Cataluña en todos los niveles, como ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en diversas sentencias aún incumplidas. La convivencia democrática requiere que ambas lenguas, castellano y catalán, coexistan, sin imposición ni exclusión alguna, y que se utilicen con toda libertad tanto en el sector público como en el sector privado.

La Constitución deja bien claro en su artículo 3 que “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas”. La convivencia como iguales de ambas lenguas en Cataluña es imprescindible para lograr “la convivencia democrática” que la Nación española pretende.

La marginación es contraria a la solidaridad. La lengua es un mérito exigible a los funcionarios de la Administración, de la Justicia, a los Mossos. Pero imponerles que usen el catalán exclusivamente es una actitud que margina al castellano y a todos los catalanes españolistas, además de querer volver la espalda a un idioma que hablan 560 millones de personas en el mundo y que muchos otros se esfuerzan por aprenderlo.

Otro ejemplo claro de marginación y desprecio es la falta de respeto a los signos de España (bandera, himno) con los que se identifican y se sienten cómodos tantos catalanes como se refleja en los votos.

Estas son las tres grandes líneas de amenaza que el secesionismo utiliza: la mentira histórica y económica, el uso excluyente de la lengua y la marginación para el acceso al sector público o para el ejercicio en el sector privado. No hay posibilidad de componendas, son amenazas inaceptables y deben desaparecer en aras de la convivencia.

No obstante, la situación presente ofrece también grandes oportunidades. Las banderas que están en muchos balcones y ventanas de España, también en el territorio catalán, eran inimaginables hace un año pues se las asociaba con la extrema derecha. Las multitudinarias manifestaciones en Cataluña, en Madrid y en tantos lugares, que se han celebrado sin que, al principio, los partidos con representación parlamentaria les dieran su apoyo explícito. Los resultados electorales que han sancionado a los constitucionalistas tibios y las tendencias de las encuestas de voto futuro que insisten en ese sentido. Las redes que difunden con rapidez y amplitud mensajes que demuestran que el pueblo español, constituido por todos los pueblos de España, quiere que los políticos se enfrenten con serenidad, pero con firmeza al secesionismo y que se retome el camino de crear una España de convivencia democrática, en la que sentirnos unidos y orgullosos de colaborar a la paz y cooperar con todos los pueblos de la Tierra.

No obstante, hay también importantes puntos débiles en el lado constitucionalista. El catalanismo desleal ha utilizado astutamente, en los 40 años de democracia, la falta de visión de los grandes partidos PSOE y PP que cuando han estado en minoría se han visto obligados a comprar, a la Generalitat, el apoyo para la investidura, el lugar de haber llegado al acuerdo, en el bien de España, de que gobernase el partido más votado o el que tuviera más diputados. Eso debe cambiar.

Por otra parte, los partidos no suelen hacer análisis de fondo y parece que esperan a ver de dónde sopla el viento. Sin embargo, ante temas de este calado, no cabe el silencio oportunista, esperando que sean otros los que hablen y se quemen. Eso puede funcionar en la pequeña política, pero no ante el secesionismo. Recordemos lo pusilánimes que estuvieron los partidos respecto al 155 hasta después del 1.O. Esa actitud debe cambiar.

Además, hay pocas instituciones del Estado en el territorio catalán. Véase la pasiva actuación de los Mossos, el amplio y poderoso colectivo de funcionarios de la enseñanza, las grandes instituciones publico/privadas (Ómnium Cultural, ANC) y las ingentes subvenciones que reciben para su actuar, la movilización de alcaldes en las ciudades y pueblos, al margen de la Tabarnia. Y sobre todo la poderosa TV3 con sus equipos numerosos y bien pagados de propagandistas de los Países Catalanes que hacen burla y ridiculizan todo lo que recuerde a cultura española

Pero también el constitucionalismo tiene puntos fuertes. La Justicia y la Fiscalía han trabajado con firmeza, aunque no les vendría mal el apoyo moral del Gobierno. Se ha visto que el 155 tiene un gran poder, aunque el Gobierno haya desaprovechado la oportunidad. El artículo 24 de la ley de Seguridad Nacional, que no se ha aplicado, permite poner a los Mossos bajo control directo del Gobierno por decreto. El 150.2 de la Constitución establece que la delegación o transferencia de facultades correspondientes a materia de titularidad estatal incluirá las formas de control que se reserve el Estado. Hay que ejercerlas. El 150.3 permite que el Estado pueda dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general.

En suma, los partidos constitucionalistas deben primero tomar postura sobre cuál es el objetivo estratégico a lograr frente al secesionismo; valorar, a continuación, el contexto de Amenazas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas y, finalmente, diseñar una estrategia adecuada para alcanzar el objetivo. Como decía el General McArthur “La historia de todas las derrotas en una guerra se resume en dos palabras: demasiado tarde” Estamos a tiempo.

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