El Ayuntamiento de Madrid engloba el 83,5 por ciento de la deuda de todos los municipios de la Comunidad de Madrid y el 22 por ciento de la de todas las localidades españolas. La propia capital, junto con los municipios de Galapagar, Pozuelo de Alarcón y Torrelodones entre los de situación más grave por falta de recursos y financiación.

El observatorio de Clifford Auckland consultores ha lanzado un mensaje de apoyo a los hogares en donde todos sus miembros se encuentran sin trabajo. Esta situación muestra la cara más cruel del paro ya que además de traer consigo la perdida de todo tipo de recursos, provoca graves consecuencias de tipo personal y social. Esta situación debería llevar a la reflexión de todo tipo de entidades financieras de tal forma que remediar estos casos sea una de sus principales prioridades.

El economista jefe del Grupo Atradius, que opera en España a través de Crédito y Caución, expuso su visión sobre las perspectivas económicas mundiales a los miembros del Foro de Marcas Renombradas. Los análisis de Crédito y Caución otorgan a las marcas renombradas españolas líneas de crédito comercial en todo el mundo por encima de 2.700 millones de euros y cobertura de otros 2.600 en sus ventas.

La Europarlamentaria Popular cree que esta política de cohesión “ha contribuido de forma decisiva a incrementar el PIB per cápita de la Comunidad Valenciana y ha sido fundamental para que los valencianos nos acercáramos a los índices de calidad de vida medios del conjunto de la UE de los que hoy gozamos”. Ortiz ha explicado que “para el próximo período presupuestario 2014-2020, cuyo paquete legislativo se debatirá y negociará a lo largo de este año por el Parlamento Europeo y el Consejo, la política de cohesión, en línea con los objetivos de la Estrategia de Europa 2020 de Inversión en el Crecimiento y Empleo, seguirá siendo una prioridad para la UE destinando 336 mil millones de euros, lo que supone cerca del 37% del presupuesto total presentado por la Comisión Europea”.

Tras destinar 1.690 millones € a provisiones, de los que 466 corresponden a dotaciones extraordinarias realizadas en el primer trimestre, los resultados suponen un descenso del 18,7% respecto al ejercicio anterior. Desde el inicio de la crisis, Popular ha realizado provisiones por importe superior a 8.000 millones €. Siguiendo su política de prudencia y anticipación,
Banco Popular ha llevado a cabo más de 8.000 millones € en provisiones desde el inicio de la crisis. En 2011, Popular ha dotado 1.690 millones €, de los que 466 corresponden a provisiones extraordinarias realizadas en el primer trimestre. En un entorno de fuerte restricción del crédito, Popular ha aumentado sus préstamos un 0,7%. Banco Popular sigue manteniendo su potente actividad comercial y así, en 2011, ha incrementado el pasivo minorista un 1,2%. Como consecuencia de un modelo de negocio único y referente en la banca comercial española, Banco Popular captó 297.000 nuevos clientes, de los que 59.000 fueron PYMES. Popular continúa ganando cuota trimestre a trimestre: ha pasado del 4,53% de 2007, hasta el actual 5,29%.

Hasta un 31% más de oferta con Bilbao, un 27% adicional con La Coruña, vuelos adicionales con Barcelona, las Islas Canarias y Baleares, y aviones más grandes en varias de esas rutas y Copenhague en rutas que se verán ampliadas hasta el 30 de mayo la posibilidad de volar con su tarifa especial por el cese de las operaciones de Spanair.

Según el observatorio de la sociedad, la economía y la financiación de los bancos de Clifford Auckland, el crédito privado es una alternativa al alcance de la mayoría de los afectados por la morosidad bancaria, que podría rebajar en buena medida el continuo crecimiento de la tasas de morosidad que, con 1,4 puntos porcentuales de incremento llegaría a alcanzar el máximo histórico del 1993.

Las hipotecas urgentes y el crédito privado pueden llegar a reducir en un 45% los 135.000 desahucios que está previsto se produzcan en España a lo largo del 2012. Según previsiones del observatorio de la sociedad Clifford Auckland, las hipotecas y prestamos urgentes son un remedio rápido y eficaz ante el desahucio y la dramática situación de la perdida de vivienda.

El retruécano de las finanzas ha llegado a su colmo con la argucia legal de que el Estado pueda financiar la abultada deuda de las Comunidades Autónomas mediante créditos del ICO. Según una información publicada por el Diario El Aguijón (http://diarioelaguijon.blogspot.com), el Gobierno va a ampliar de cinco a 10 años el plazo que tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos para devolver el dinero de los anticipos a cuenta que recibieron del Estado y que solo en el caso de los Gobiernos regionales supone unos 24.000 millones de euros, mientras que muchas empresas y ciudadanos están a expensas de las líneas de crédito proporcionadas por las entidades financieras. Para muchos expertos consultados por este medio, no tiene sentido que el Estados proporcione financiación mediante préstamos mientras que las entidades fianancieras han clausurado la práctica totalidad de las líneas de crédito.

Según un estudio de FICO sobre 55 millones de tarjetas en Europa, los delincuentes prefieren ahora aprovecharse de transacciones en las que la tarjeta no está presente. Los mayores perjudicados por el fraude con tarjeta son los establecimientos hoteleros y las agencias de viaje.

Según la Unión de Consumidores de Murcia UCE-RM, tan solo en los primeros días que han transcurido de este año, la UCE ha atendido ya, sólo en la ciudad de Murcia, a más de 240 personas afectadas con la contratación de CUOTAS PARTICIPATIVAS, PARTICIPACIONES PREFERENTES Y DEUDA SUBORDINADA de Caja de Ahorros del Mediterráneo-CAM, en lo que podría terminar convirtiéndose en uno de los mayores escándalos financieros de este país, de semejante calado a los de Gescartera, AFINSA o Fórum Filatélico y afectando a miles de personas.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha anunciado este domingo una subida del IVA de 1,6 puntos, hasta el 21,2 por ciento, que entrará en vigor el 1 de octubre. También se incrementará en dos puntos la Contribución Social Generalizada (CSG), un impuesto creado en la década de 1990 sobre los beneficios financieros, con lo que, sumado al incremento del IVA, el Gobierno pretende recaudar 13.000 millones de euros que servirán para compensar las medidas de incentivo económico centradas en la rebaja de las cotizaciones que las empresas pagan por cada trabajador.