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UN CASO TURBIO QUE EVIDENCIA EL FRACASO DE LA JUSTICIA

Los Kokorev han denunciado en repetidas ocasiones que la policía alteró pruebas de la causa.
Los Kokorev han denunciado en repetidas ocasiones que la policía alteró pruebas de la causa.

Caso Kokorev: las ‘pruebas ilícitas’ se evaluarán si hay juicio

· Las defensas del empresario, quien en los últimos días ha disfrutado de su primer permiso para salir de Canarias y someterse a una revisión médica, preparan el terreno para una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dado “el salto definitivamente prospectivo en la investigación”

sábado 08 de diciembre de 2018, 16:50h
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Catorce años no parecen estar siendo suficientes. En la investigación que se sigue contra el supuesto testaferro de Teodoro Obiang en España, el hispano-ruso Vladimir Kokorev, se plantea la ampliación ‘indefinida’ de la instrucción (¿un año, dos, tres más?) con nuevas comisiones rogatorias que están recurridas, a países como Dinamarca, en las que se extiende la instrucción (sin un horizonte claro) contra quien está acusado de lavar veinte millones de euros, al menos en la querella inicial formulada hace más de una década y hoy ya desdibujada. El fiscal anticorrupción de Canarias, Luis del Río, ha rechazado cerrar aún las diligencias contra Kokorev, y ahora el magistrado Emilio Moya deberá pronunciarse sobre si es válida o no una nueva comisión rogatoria en la que se pide ‘más material’ contra Kokorev, en un país en el que el señalado, ya jubilado y con continuos pasos por el cardiólogo tras ser operado a corazón abierto, no ha desarrollado su actividad empresarial, centrada en Guinea Ecuatorial y en el sector naviero.

El foco de este nuevo ramal de la investigación, que deberá aprobar o no la Audiencia Provincial de Las Palmas, ni siquiera es el dinero pagado por la Tesorería General de la antigua colonia española a Kokorev, soportado desde hace más de dos años en facturas y contratos que acreditan los ‘ingresos dudosos’, así considerados por la juez Ana Isabel De Vega. Tampoco se va contra Vladimir Kokorev como persona, sino que se pone el foco en empresas terceras que durante años suministraron bienes de equipo al régimen de Obiang.

Las defensas del empresario, quien en los últimos días ha disfrutado de su primer permiso para salir de Canarias y someterse a una revisión médica, preparan el terreno para una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dado “el salto definitivamente prospectivo en la investigación”, que se separa de la investigación original y que, al daño moral producido año tras año, se suma el económico representado en el embargo de todos los bienes familiares.

La gravedad de los hechos recae en que la jueza, en una decisión que en días tendrá que someter a depuración el magistrado Moya desde la AP, ha recurrido a información que ya se ha verificado en sede judicial como manipulada: son archivos contenidos en diversos dispositivos informáticos incautados a Kokorev (en sus domicilios de Madrid y Las Palmas) que la propia UDYCO canaria (denunciada por sus procedimientos irregulares para investigar en el propio Parlamento Europeo hace ya más de un año) reconoció ante la jueza haber manipulado: creando ficheros, borrando otros y alterando terceros.

Ante esta investigación “infinita, algo impensable en un Estado democrático y de derecho, garantista”, uno de los letrados de la defensa, Antonio García Cabrera, señala que en comisiones rogatorias como la de Dinamarca se puede marcar un antes y un peligrosísimo después: “desde un juzgado es anómalo que se puedan remitir peticiones de ayuda mutua internacional a otros países sin verificar su contenido y aunque ese sea falso”.

“Pruebas ilícitas” cuya revisión “se posterga al eventual juicio”

Hasta hoy, la jueza De Vega ha evitado pronunciarse sobre las numerosas irregularidades de la investigación que empezaron en 2004, cuando se recurrió a las conclusiones de un informe del Senado norteamericano, dándose la circunstancia de que ninguna de esas conclusiones (alguna afectaba a una empresa naviera de Kokorev, ‘Kalunga Company’, que operaba con Guinea Ecuatorial) aparecía en el informe en sí.

A continuación, la UDYCO pasó a mantener la existencia de “indicios” contra Kokorev recurriendo a los citados dispositivos informáticos, en los que igualmente la policía ha admitido que no se implementó cadena de custodia. A eso se suma el contenido de un dispositivo USB atribuido al hijo de Vladimir Kokorev (y que ha servido a la instructora para mantener al joven en prisión preventiva sin fianza durante dos años), en parte creado por la UDYCO un mes después de su detención.

Ninguna de estas irregularidades fue censurada por la jueza, dando “vía libre” a la UDYCO para realizar una instrucción sin control, con secreto de sumario de casi cuatro años. Hasta hoy, De Vega ha solicitado decenas de comisiones rogatorias por todo el mundo copiando y pegando los oficios policiales en sus autos, sin verificar su contenido. Ello, a pesar de que se han aportado en los últimos meses varios informes periciales que descubren la existencia de vicios en el volcado de los archivos informáticos obtenidos en las entradas y registros a domicilios investigados, lo que sitúa frente al caso la problemática acumulación de “pruebas ilícitas”.

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