Esa campaña en medios ha insistido mucho en los efectos sobre la desigualdad de los españoles y en la tremenda dificultad financiera del cumplimiento, a medio plazo de lo acordado. Para terminar con un bálsamo para almas inquietas consistente en revelar que la dificultad es tanta y la necesidad de cambiar leyes torales tan ingente que muy probablemente no podrá llevarse a término. ¡Y ale, todos de vacaciones! Puede que el discurso sea certero, pero, con la verdad por delante, existe un problema grave, y es que el aspecto económico no es, ni de lejos el más lesivo para el bien común de los españoles ya que se han pactado (concedido) muchos más privilegios y discriminaciones positivas al separatismo. Y esas cesiones o felonías van a ser de aplicación inmediata.
Citemos tres deletéreas para el porvenir de una sociedad de ciudadanos españoles. Por ejemplo se renuncia a combatir el nacionalismo populista de base racista, adoptando oficialmente el discurso separatista en este momento de transición hacia la separación final, estableciendo sin matices que España es una Nación de naciones y la Cataluña hispana una Nación, lo que engendra una ristra de privilegios y reivindicaciones sagradas sin fin. Es decir se establece que España no es un conjunto de ciudadanos con los mismos derechos civiles sino un acuerdo entre territorios bien o mal avenidos. Y eso es confederación, que no federalización, aviso para navegantes ignorantes. Ni les cuento la mucha mayor importancia que tiene este hecho sobre el mañana de los españoles en comparación con seguir dándole unos cuantos miles de millones más de financiación privilegiada a la oligarquía separatista, cosa que ya hacemos vía FLA y otros timos. En segundo lugar queda acordado la desaparición del español de toda la vida pública catalana y la persecución activa de su uso en cuanto más áreas de la vida privada se pueda ¡con la complicidad y participación activa del Gobierno de España!
Una complicidad que empieza por impedir el cumplimiento de las sentencias judiciales. Esa aberración que atenta directamente contra los derechos de la infancia o los derechos civiles de millones de españoles tiene consecuencias históricas nefandas incalculables. Incluso económicas. En tercer lugar podríamos citar (hay varios disparates más) el hecho de que se concierta la creación de un cuerpo diplomático propio hispano catalán y la futura participación directa de la Generalidad en Instituciones como la ONU, ¡Europol!, la OCDE… Es decir, España no tendrá un discurso único, ni siquiera coincidente o coherente en las relaciones internacionales. La defensa de los intereses del bien común desaparece, y de manera bastante ridícula para nuestros vecinos norte y sur. Les dejo barruntar las consecuencias.
A estas alturas es posible que alguno de Ustedes se pregunte si toda esta trágica bufonada es Constitucional. La verdad es que ninguna de las cuatro cesiones acordadas dejan de violentar sustancialmente la Constitución que se votó en el 78. No la incumplen, sino que arremeten contra su espíritu y texto. Pero dice la mayoría de expertos consultados por este plumilla que probablemente encajen bien en la Constitución con la que trabajan el Excelentísimo señor Conde Pumpido y sus seis magníficas/os.
Por cierto, no olvidemos que ya tenemos experiencia de cesiones y privilegios suicidas y letales. Uno de ellas fue la destrucción de la unidad de las fuerzas de seguridad del Estado, creando el cuerpo de los “Mossos de escuadra” con competencias exclusivas. Acabo de gozar de las consecuencias.
Si (
No(
