Cifuentes estaría manejando una lista de personas susceptibles de ser controladas por “actividades políticas”

Dicho listado, cuya existencia ha sido negada cuando hemos intentado confirmarla ante la Delegación del Gobierno, constituiría una ilegalidad y atentaría contra las libertades públicas amparadas por la Constitución de 1978, sobre todo las que se refiere a las libertades de expresión y de asociación. Algunos expertos en derecho consultados por este medio han afirmado también que, de confirmarse la existencia de dicha lista, “podría constituir un delito de discriminación por motivo de opinión u orientación política”.

Los criterios manejados por la delegación de Gobierno dirigida por Cristina Cifuentes serían confusos y arbitrarios, y responderían más bien a un criterio subjetivo por razón de las actividades públicas y sociales de los que las integran y por el presumible riesgo que suponen dichas actividades “conspirativas” contra los intereses del Partido Popular (PP) tanto en Madrid como en el gobierno de la nación.

Podría estarse respondiendo a algún tipo de “paranoia” de la cúpula de Interior tanto en la Comunidad de Madrid como en Ministerio del Interior, sobre todo desde que se extendieron los eschaches, las protestas ante el Congreso de los Diputados o los actos de sabotaje que se han extendido por los Plenos de algunos ayuntamientos. Esta sensación de “inseguridad creciente” habría llevado a algunas delegaciones del gobierno, como la de Madrid, a elaborar listas con personas “susceptibles de ser controladas” por sus actividades insurgentes y de conspiración contra la estabilidad del orden público.

Precisamente se hace hincapié en que la capital de España es foco de todas las protestas y manifestaciones que los ciudadanos y organizaciones convocan para protestar por la agobiante situación que se vive en la actualidad, especialmente las situaciones a que han llevado desahucios de familias enteras o las actividades ilegales de algunas entidades financieras como Caja Madrid, donde los dirigentes del Partido Popular han tenido una decisiva importancia en la toma de decisiones. La focalización en la capital de España se ha venido transformando en insoportable cuando además en Madrid coinciden la mayor parte de los organismos públicos de la Administración del Estado, desde Ministerios, hasta embajadas o legaciones comerciales, o las sedes de las más importantes compañías multinacionales tanto nacionales como extranjeras.

Espionaje en Madrid

Que el espionaje desmedido en Madrid existe, ya quedó demostrado y acreditado por diversas investigaciones judiciales. No hay más que recordar la trama de espionaje el seno de la Comunidad de Madrid que saltó a los medios de comunicación durante el mes de enero de 2009, en que el periódico El País reveló la existencia sobre estos supuestos casos de espionaje orientados a seguir los pasos de adversarios directos de la presidenta de la comunidad Esperanza Aguirre, que pasarían después a ser objeto de investigación judicial.

Tras indagar en el asunto, el 15 de julio de 2010 la Juez Doña Carmen Valcarce Codes dictó Auto de archivo del caso por no haberse acreditado la realidad de los seguimientos, y por falta de indicios de delito. El Auto explica que aunque se hubieran acreditado los seguimientos, los mismos no conllevan necesariamente la existencia de un delito. Según las teorías difundidas por el diario El País, la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, que presidía en aquellos momentos Francisco Granados, estaría relacionada con una trama extraoficial, pero financiada con dinero público, orientada a seguir los pasos de adversarios directos de Esperanza Aguirre, que supuestamente ha espiado a sus compañeros de partido, como eran en su momento el vicealcalde Manuel Cobo (hombre de confianza de Alberto Ruiz-Gallardón que compitió con Aguirre por la presidencia del PP de Madrid en 2004), el ex vicepresidente y ex consejero Alfredo Prada (que rompería con la presidenta para unirse al equipo de Mariano Rajoy) y el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta actualmente investigado por su relación con Luis Bárcenas en el caso abierto sobre financiación ilegal del Partido Popular.

Entre los personajes espiados también se hallaba en su día Ignacio González, actual presidente de la Comunidad de Madrid y entonces vicepresidente y brazo derecho de Esperanza Aguirre, apuntando además el periódico de PRISA hacia el consejero del interior Francisco Granados, tercer cargo en importancia dentro del gobierno regional y parte de su grupo político, como presunto responsable de los seguimientos. El exconsejero de Interior Francisco Granados sería irónicamente una de las personas que integrarían la supuesta “lista” de sospechosos de Cristina Cifuentes, lo que tal vez se fundamente por sus abiertas participaciones en medios de comunicación y tertulias televisivas, no siempre del agrado y conveniencia del PP. A Granados se le ha visto además últimamente muy vinculado a grupos de opinión discordantes con la línea política marcada por Mariano Rajoy.

Por su parte, la cadena SER informó también en su momento acerca de posibles casos de corrupción en la administración de bienes públicos y concesionados como el canal de Isabel II, responsabilidad de González, de quien se dieron a conocer por el diario Público dossieres de sus propiedades, así como de algunos de sus hombres en su manejo. A todo ello se sumó la nota que puso al descubierto el cambio de número de móvil cada 15 días entre los altos cargos de la Comunidad a raíz de la desconfianza que traspasaría el círculo de Aguirre y la trama de escuchas ilegales recientemente descubierta.

El control de estas personas y los seguimientos se realizarían de diversas maneras, pero siguiendo una técnica bastante alejada de la del “espionaje” en Cataluña, que fue encargada a detectives privados. En el caso de la Delegación del Gobierno de Madrid, se trataría de trabajos llevados a cabo por Policía Nacional coordinados con Policía Municipal de Madrid, aunque es probable que, siguiendo la estela del caso de los seguimientos en la CAM, parte de los responsables y directivos del departamento fueran policías o guardias civiles retirados o en comisión de servicio por asumir cargos de confianza.

El diario El Mundo vincularía en su día las informaciones desveladas por El País a la disputa por el manejo de Caja Madrid, hoy en entredicho por sus actividades presuntamente ilegales que están siendo investigadas judicialmente. El Mundo vinculó el eje Caja Madrid con las investigaciones por corrupción que fueron dadas a conocer en 2006 por el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta sobre el vicepresidente Ignacio González y el consejero del Interior Francisco Granados, de las cuales se avisaría a Esperanza Aguirre para que fueran aclaradas sin iniciar ninguna acción legal. Publicados estos datos, personas relacionadas a Ruiz-Gallardón y Rajoy asegurarían que se trataba de un contraataque orquestado por el grupo de la lideresa madrileña antes de su salida de la CAM. Según las teorías de El País, los espías supuestamente involucrados en los seguimientos formaban un equipo dirigido por el ex inspector de policía Marcos Peña, que fue fichado por Francisco Granados en julio de 2008 como asesor de seguridad. Estaba formado por al menos tres ex guardias civiles. El equipo llevaba a cabo trabajos de inteligencia e información para elaborar informes y dossiers sobre tramas corruptas o escándalos tanto en ayuntamientos socialistas como gobernados por el Partido Popular.

Hoy el espionaje en Madrid podría tener un enfoque que respondería a otros interese: someter a control las tramas “subversivas” o de conspiración que puedan amenazar tanto los intereses del propio Partido Popular en el gobierno, como la estabilidad de la seguridad del Estado, que sería el argumento oficial.

Los objetivos del espionaje hacia personajes públicos pueden estar motivados tanto por una mezcla de resentimientos políticos como para la elaboración de dossiers para ser utilizados como arma política, aunque también para lograr objetivos de desmontaje de perfiles públicos “molestos”, como está quedando demostrado en el caso de Ada Colau en los últimos días.