PUBLICA NUEVAS FORMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

La Unión Europea pone el ojo en España, donde se suceden con demasiada frecuencia concursos opacos de licitación que bloquean la libre concurrencia.
La Unión Europea pone el ojo en España, donde se suceden con demasiada frecuencia concursos opacos de licitación que bloquean la libre concurrencia.

La Unión Europea exige a España la implantación obligatoria la licitación electrónica

Algunos ayuntamientos, como el de Galapagar en Madrid, optan con demasiada frecuencia por oscuros "concursos de urgencia" o "procedimientos negociados"

martes 21 de octubre de 2014, 14:31h
Hoy se han publicado en el Boletín Oficial de la UE (OJEU) las nuevas Directivas europeas de Contratación Pública que exigen a España la implantación obligatoria la licitación electrónica. Con la publicación de las Directivas en el OJEU se inicia el periodo de transposición a las diferentes legislaciones nacionales. España deberá acometer esta tarea antes de que finalice el primer trimestre de 2016. Ese mismo año, ya será obligatorio que todas las administraciones públicas españolas se comuniquen con sus licitadores a través de la notificación electrónica, y que todos los pliegos administrativos estén disponibles de manera online. En el primer trimestre de 2017, todas las centrales de compras deberán haber implantado un sistema de licitación electrónica que permita el envío y recepción de ofertas de forma segura y confidencial. El último paso se dará en el último trimestre de 2018, en donde la licitación electrónica será completamente obligatoria para todas las administraciones públicas de los Estados miembro de la UE.

Las autoridades públicas gastan alrededor del 18 por ciento del PIB en la contratación de obras, bienes o servicios, lo que pone de manifiesto que cualquier optimización de este proceso tendrá un impacto muy significativo en cuanto a reducción del gasto público. En este sentido, la UE ha afirmado en diferentes estudios que la aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos de contratación pública reduce el coste de contratación entre un 5% y un 20%, dependiendo de los casos. Esto significa que, siendo conservadores, las Administraciones Públicas españolas podrían ahorrar en torno a 7.800 millones de euros anuales.

Para la adopción de estas tecnologías, la UE fomenta y apoya la iniciativa privada. Hay innumerables casos de éxito en la UE que han demostrado que el sector privado tiene las herramientas y el conocimiento de cómo hacer esta transición de una forma no traumática y eficiente entre todos los agentes implicados.

Criterios sociales y medio ambientales

La nueva legislación, que ya fue acordada con el Consejo en junio de 2013, supone una revisión de las normas de contratación pública en la UE, que por primera vez fija estándares comunes sobre contratos de concesión, con el objetivo de impulsar una competencia justa y garantizar la obtención una mayor rentabilidad del dinero, al introducir criterios de adjudicación que hacen mayor hincapié en consideraciones medioambientales, aspectos sociales e innovación.

Otras mejoras introducidas con las nuevas directivas.

Gracias a los nuevos criterios, las autoridades públicas podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación, sin olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licitación.

Asimismo, la nueva normativa permitirá simplificará los procesos de licitación. Sólo será necesario presentar un único documento europeo con la declaración del empresario. Únicamente el adjudicatario tendrá que proporcionar toda la documentación administrativa original. Esta modificación significará la reducción de cargas administrativas de en torno al 80%, según las estimaciones de la Comisión.

La Comisión de Contratación Electrónica de ANEI

La Comisión de Contratación electrónica de la Asociación Nacional de Empresas de Internet (www.a-nei.org) es un grupo multidisciplinar con un objetivo común, fomentar un debate a alto nivel para impulsar la contratación electrónica, contribuyendo así a reducir el gasto público, a facilitar la relación comercial entre la Administración Pública y las empresas, y a asegurar la transparencia en los procesos de contratación pública.

La Comisión está formada por algunas de las empresas más relevantes del sector a nivel nacional e internacional: AGENCIA DE TECNOLOGÍA LEGAL, BRAVO SOLUTION, ÉCIJA, EVERIS, INDRA, NEGOMETRIX, NEXUS IT, PIXELWARE, T-SYSTEM, VORTAL y ZEROCOMA. Los servicios de contratación electrónica de estas empresas son utilizados por más de 6.000 entidades públicas en todo el mundo.

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