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EL 31% DE LOS PRESUPUESTOS, PARA PENSIONES

Las pensiones son un tema electoral

· Por Enrique Sánchez Motos, Administrador Civil del Estado

By Enrique Sánchez Motos
jueves 10 de septiembre de 2015, 08:39h
Enrique Sánchez Motos
Enrique Sánchez Motos
El buenismo que impera en las actitudes políticamente correctas pretende que en nuestra democracia se dejen fuera del debate político temas cruciales como si eso fueran temas sobre los que no se tienen que pronunciar nuestros ciudadanos. Así ocurre con el caso de las pensiones sobre las cuales nuestra actual Constitución tan sólo dice que “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Por tanto, deja a las leyes su tipificación, su cuantía y su financiación. Dado que las leyes son aprobadas por los representantes políticos en el Congreso, es decir por los partidos, salvo que hubiera un acuerdo sobre pensiones completo, cerrado y tan sólo modificable por una mayoría muy significativa, cosa que no existe, es evidente que las pensiones son un tema electoral.


Estamos en pleno debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a los que se han presentado por los partidos políticos enmiendas a la totalidad, que acaban de ser rechazadas por la mayoría absoluta de que goza el Partido Popular en este momento. Los PGE previstos para 2016 totalizan una cuantía de gastos de 436.372,8 miles de millones de euros de los cuales 135.449 millones, es decir el 31 %, está previsto para el pago de pensiones. ¿Alguien piensa que esas enmiendas a la totalidad excluían al 31% del gasto total, es decir el gasto de pensiones? Si fuera así conviene dejarlo claro a los ciudadanos porque si se dijera que tanto las pensiones como los pagos previstos por deuda pública (117.792,3 millones en 2016) están fuera del debate político, eso equivaldría a decir que los Partidos políticos estarían de acuerdo con gastos previstos en los PGE por importe de 253.241 millones, es decir con un 58% de los PGE, lo cual supondría un nivel de acuerdo inimaginable, en estos momentos, con la principal ley económica del Estado.

La realidad es la contraria. Todos los temas, gastos y financiación, deuda incluida, están interrelacionados y en España, de momento, no hay acuerdos políticos generales claros, lo cual no quiere decir que eso no fuera posible en el futuro. De hecho sería muy deseable que las grandes partidas de gasto, tales como las pensiones y la deuda, fueran objeto de un consenso. La dificultad radica en que ello limitaría la capacidad del Gobierno, del signo que fuera, para gastar en algunos temas si no recortara en otros, cosa que parece de sentido común para el ciudadano medio pero que parece no ser políticamente correcta en el plano político.

Por ello, pretender dejar actualmente las pensiones y la garantía de su pago fuera del debate político electoral equivale a no querer poner en manos de los ciudadanos la decisión sobre un tema crucial para muchos de ellos.

En la actualidad el número de perceptores de pensiones en España es de 9.307.000 ciudadanos, de los cuales 5.642.000 por jubilación, 2.353.000 por viudedad, 933.000 por incapacidad permanente y 340.000 por orfandad. ¿Cómo se puede decir que un tema que afecta directamente a tantos ciudadanos no cabe en el debate político electoral? ¿Hay acaso algún consenso general que lo de por resuelto? Conviene recordar el caso de Grecia: si las políticas económicas no son realistas y funcionales al final hay que replantearse todo el sistema y todas las partidas de gasto y por tanto la partida principal, las pensiones.

La política necesaria en estos tiempos debe dejar de lado la demagogia y el ofrecer el “todo gratis”. Es imprescindible que deje claro cómo va a financiar el conjunto de gastos del Estado y, en particular, su principal partida, las pensiones. Si se realizara un gran acuerdo marco sobre este tema, sería más fácil hacer más constructivo el debate político.

No es imposible, recuérdese que el 2 de septiembre de 2011 el Congreso de los Diputados aprobó, con 316 votos a favor y 5 en contra, la primera reforma constitucional de calado, para introducir de forma urgente en la Carta Magna el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit, modificando radicalmente el artículo 135.



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