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ANTE LA AFRENTA INDEPENDENTISTA

España, ¿Nación o no?

· Por Enrique Sánchez Motos, Administrador Civil del Estado

By Enrique Sánchez Motos
miércoles 23 de septiembre de 2015, 08:46h
España, ¿Nación o no?
El ex presidente Rodríguez Zapatero pronunció en 2004 una frase que ha quedado en el archivo de frases criticadas: “El concepto de nación es un concepto discutido y discutible”. La frase, en sí, no es criticable porque la gran mayoría de conceptos intelectuales y valores, son discutidos, lo cual es una realidad innegable, y son discutibles porque el derecho a la libertad de conciencia y de opinión es un derecho humano básico irrenunciable. Los conceptos más trascendentes libertad, justicia, amor, etc tienen muchos enfoques y dan lugar a muchas reflexiones, muy dispares, en torno a ellos. Otros términos tales como democracia o soberanía no le van a la zaga en cuanto a su clasificación como conceptos discutidos y discutibles. ¿Por qué, entonces, se criticó a Zapatero?. Por su posición, porque no estaba haciendo un discurso teórico, como el que pueda hacer un profesor de Universidad o un comentarista político, sino como Presidente del Gobierno de España. Un político real no puede quedarse en la mera reflexión teórica aceptable en un profesor o en un comentarista sino que debe tomar posición sobre la visión que desea para el pueblo al que gobierna.


El término política proviene de la palabra griega “polis”, ciudades, y hacía referencia al arte de dirigir las ciudades y, posteriormente, por extensión, a la dirección de los Estados. Dirigir es llevar hacia. Requiere explicar a dónde se quiere ir y cómo se pretende llegar. Por ello, es obligación esencial de todo político el pronunciarse, tomar posición. No vale, en temas grandes, apegarse a aquello de que “quien se mueve, no sale en la foto”. Ello no quiere decir que el político no pueda tener la prudencia de no pronunciarse en los detalles pequeños, nimios, que muchas veces son temas más técnicos que políticos, pero no puede excusarse y no pronunciarse en las grandes cuestiones.

La generalizada crítica actual a la “casta política” encuentra su razón de ser en que, en demasiadas ocasiones, en temas importantes, tales como la corrupción, los políticos han mirado a otro lado. Obviamente, esta crítica se ve favorecida en muchos casos por el mero interés de desacreditar al adversario, aunque se incurra con ellos en la demagogia que recoge el conocido refrán “haz lo que te digo pero no hagas lo que hago” y que tanto desacredita a quien así actúa.

En la actualidad vuelve a plantearse, con intensidad, el concepto de nación española. La actitud política que se adopte ante este tema tendrá consecuencias inmediatas en la economía, en la prima de riesgo, en el orden público y en la defensa de las libertades. No cabe pues dejarlo de lado.

El concepto de Nación, a diferencia del de Estado, alude a un sentimiento, a una emoción, a un sentido de pertenencia, mientras que el Estado es fundamentalmente una organización política de personas, que ejerce soberanía sobre un territorio y sobre su propia forma de organizarse. Es frecuente que muchos países estén estructurados en Estados, los cuales se sienten unidos en torno a una misma Nación, a cuyo marco general se someten, como es el caso de Brasil, Alemania o Estados Unidos.

Todas las naciones, a lo largo de la historia, han ido surgiendo de los grupos familiares y tribales como consecuencia del ejercicio del poder. Han ido ocupando territorios y los han poblado con personas, muchas de ellas nacidas en ese mismo territorio, que se sentían afines al grupo, forjando así, poco a poco, un sentido de pertenencia, un sentido de nación.

Ello no excluye que, en particular en las naciones modernas, haya individuos y grupos que, con mayor o menor énfasis, no se sientan integrados en esa nación y que propugnen o anhelen la separación de parte de un Estado para configurar su nación, de forma independiente, sustentada en argumentos históricos, lingüísticos, religiosos, raciales, etc.

Los sentimientos, las creencias, se crean y modifican con la educación y en nuestro país lo que se afirmaba en 1978 “la indisoluble unidad de la nación española” ha sufrido gravísimos embates en estos 40 últimos años.

La buena voluntad constitucional, la actitud españolista de Tarradellas, parecían haber neutralizado en la transición los diablos del separatismo, salvo en el País Vasco, donde al amparo y con el impulso del terrorismo de ETA, se cuestionaba abiertamente la unidad constitucional. No obstante, se trataba de un pequeño territorio, prácticamente circunscrito entonces a Guipúzcoa y Vizcaya pues el voto en Álava era mayoritariamente españolista y con los franceses no parecen que tengan nada que hacer. No parecía que fuesen capaces de propagar el independentismo.

Nuestra nueva realidad constitucional había olvidado, impulsada por la mejor de las voluntades, incluir en su articulado las cautelas que nuestra Constitución republicana de 1931 (arts. 17, 48 y 50) había establecido para mantener una cultura de españolidad, respetando no obstante las singularidades lingüísticas y culturales. Sus afirmaciones fueron bastante contundentes.

· El art.17:“En las regiones autónomas no se podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles”.
· El art 48: El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada”.
· El art. 50: “Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usara también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional pata asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Artículo”

La Constitución de 1978, no incluyó estas reservas, asumió la buena voluntad y la “españolidad” de todos y abrió la caja de los truenos. El autonomismo degeneró, incluso en regiones tradicionalmente muy españolistas como la propia Andalucía, en un fomento del localismo que iba creando una marca de identidad en muchos casos dejando de lado la española. Así, en muchas fiestas populares de los pueblos desaparecían, o casi, las típicas banderitas españolas siendo sustituidas por las banderitas de la autonomía.

De la descentralización que pretendía, con acierto, acercar los servicios públicos al ciudadano mediante su prestación gestionada por la Comunidad Autónoma correspondiente, se pasó a un énfasis en la personalidad local apoyada en las diferencias lingüísticas, aplicando de forma exclusiva la lengua autonómica para la rotulación de calles y los impresos y formularios de la administración territorial, así como para la comunicación en los servicios públicos transferidos, enseñanza, sanidad y otros.

El énfasis en lo local llevó también a asignar un peso excesivo al dominio de la lengua autonómica para la ocupación de empleos en el sector público, a sancionar el no uso de la lengua autonómica en la rotulación de empresas y a la utilización predominante, o exclusiva, de las banderas y signos de la Comunidad Autónoma.

De esta forma, el entendimiento y la colaboración que presuntamente se pretendía entre lo español y lo local, entre la nación y las nacionalidades, fueron sustituidos por una marginación creciente de lo español y de todo aquello, lengua, signos, historia común, e incluso geografía que es irrenunciable en la nación española. ¡Ser españolista en España estaba mal visto y sigue estándolo en muchos sitios!
La aparición y expansión de las tendencias separatistas es creciente, no sólo en los territorios con lengua autonómica. La España democrática, el pueblo español, necesita que se dé la cara y que sus representantes políticos se enfrenten a esta trascendente realidad. Huir del tema y dejarlo para más adelante puede ser muy peligroso.

No cabe cuestionar el derecho de los independentistas a proclamar sus ideas y a intentar llevarlas a la práctica. Ellos también forman parte de la España democrática. Tampoco cabe cuestionar el derecho de los españolistas a plantear el tema. Lo que es evidente, en un Estado de Derecho, es que todos deben respetar las reglas de juego vigentes.

Las próximas elecciones autonómicas catalanas y los resultados del voto en cada provincia ofrecerán un dato de gran importancia que deberá ser muy tenido en cuenta al igual que el voto que se de en las próximas elecciones generales.

Podría ocurrir que en ambas se dé un voto claramente independentista en todas las provincias catalanes lo cual debería ser tomado en cuenta políticamente. Pero también puede ocurrir que eso no sea así y que el voto independentista quede en ambas por debajo del 50% de los votantes y también ese resultado debería ser tomado en cuenta políticamente.

En este segundo caso, y salvo que la Generalitat se saltase las reglas de juego democráticas lo que no dejaría otra solución que hacerlas respetar, sería necesario reconocer la importancia del voto independentista pero también el hecho de que el voto españolista hubiera sido superior y adoptar políticas que se enfrenten claramente a la discriminación de lo español y que afirmen la nación española. Las políticas autonómicas han ido creando cada vez más un sentimiento de ruptura mediante un uso sectario de la lengua, una educación que ha ido fomentando la ruptura, una interpretación sesgada de la historia, una ocupación partidista del sector público, un desprecio en público a los símbolos españoles, etc. A todo eso habría que enfrentarse con serenidad y visión.

Miquel Roca afirmó que “la sociedad española tiene derecho a un nuevo orden constitucional” . Pues bien, habría llegado la hora de tomarle la palabra. La gravedad de la situación, obligaría primero a aplicar la vigente Constitución, en su totalidad, e inmediatamente después a efectuar modificaciones constitucionales en aquellos temas clave que han dado lugar a la deriva independentista que se ha producido. En particular, en Lengua y Educación así como a enfatizar los valores de la Libertad y la Solidaridad como irrenunciables en la España democrática. Todo ello, sin dejar aparcado el derecho a pensar diferente e incluyendo la posibilidad futura de la independencia.

Todos los españoles tenemos derecho a tener una lengua PROPIA, el español (o castellano) y algunos tienen derecho a dos: al español y a la lengua autonómica. Sin embargo, la realidad jurídica actual hace que sólo tengan lengua propia, algunas Comunidades autónomas, aunque la mitad, o más, de su población ni la dominen ni la hablen habitualmente. El resto de los ciudadanos del Estado no tenemos lengua propia, tenemos lengua oficial pero no propia. Esto debería acabar.

Las lenguas no pueden ser factor de separación sino de integración ¿Por qué las respuestas oficiales de la Generalidad catalana tienen que ser exclusivamente en catalán? ¿Por qué en Valencia se tienen todas las calles que llamar “carrer”? Lo justo y lo equitativo sería que la mitad de los días se responda en catalán y la otra mitad en castellano y que el lado derecho de la calle se llame “carrer” y el izquierdo “calle”. Esas, o cualesquiera otras, fórmulas de buena voluntad permitirían superar el “conflicto” lingüístico que sólo aparece cuando hay alguien tiene interés en que ese conflicto se manifieste.

Igualmente ocurre con la educación en temas históricos, geográficos y culturales. Se han creado barreras artificiales. No se puede seguir así. Una Nación es ante todo un sentimiento de identidad, lo cual es un requisito sine qua non para la Solidaridad y la Libertad. Los sentimientos se crean y se mantienen en los pueblos a través de su historia, su cultura y sus signos.

La educación tiene, en sus contenidos, que volver a ser coordinada a nivel central. Hay que dar marcha atrás y modificar nuestra Constitución estableciendo los artículos 48 y 50 de la Constitución de la República de 1931: “El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada” (art 48) y que El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. (art.50) .

Esa modificación constitucional podría incluir el compromiso de que, unos diez años más tarde de implementados estos cambios constitucionales, a fin de que se pacificara el clima cultural y se evitaran marginaciones y coacciones, se pondría en marcha una ley de Consultas, que posibilitase que los habitantes de cada Comunidad manifestaran, democráticamente, su deseo o no de seguir integrados en España y, en caso, de que mayoritariamente optaran por la independencia, dársela, eso sí, siempre respetando, también democráticamente, el deseo de cada provincia de separarse o no de España.

Asimismo habría que incluir, en casos de separación, otra cláusula de revisión para que, al cabo de otros diez años, las provincias independientes estuviesen obligadas a consultar a sus ciudadanos para que confirmaran si deseaban seguir independientes o si preferían reintegrarse en España. Estas cláusulas de serenidad y mesura, acordadas con las debidas garantías y en ambas direcciones, no parecen excesivas si tenemos en cuenta que lo que estaría en juego sería la ruptura de la una unidad nacional de más de 500 años.

En ese periodo, sería necesario, con realismo y serenidad, concretar cómo materializar la solidaridad interterritorial, cómo diferenciar los tributos locales de los del Estado, cómo acordar su distribución equitativa. Habría que mirar los ejemplos de otros países (Alemania, USA) para ver cómo encarrilan el reparto de fondos, la ordenación territorial económica, cómo cabe calcular las llamadas balanzas fiscales.

Todas estas reflexiones permitirían que, al hacerse la futura consulta, los ciudadanos tuvieran suficiente información para pronunciarse sobre un tema tan complejo y no como ocurre hoy una visión muy sesgada y poco sosegada.

Enfrentarse hoy, con serenidad pero también con toda claridad y, cuanto antes, a las tendencias que pretenden romper la nación española a esta situación con serenidad pero también con toda claridad será la mejor respuesta. De todo se puede y debe dialogar. Hay que tomar la iniciativa. Hay que asumir que va a ser necesario refundar España y canalizar todas las sensibilidades y tensiones que se ha despertado y creado. Todos los ciudadanos los que piensan una cosa y los que piensan otra tenemos derecho a ello y también a proponer que se adopten soluciones posibles en nuestro Estado de Derecho.


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