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LA DEUDA Y EL FUTURO DE ESPAÑA

La política ante la realidad económica actual

La política ante la realidad económica actual

·Por Enrique Miguel Sánchez Motos, Administrador Civil del Estado

By Enrique Sánchez Motos
martes 08 de diciembre de 2015, 18:24h
Los países pueden ganar terreno al mar y así ocurre a veces; los regadíos pueden ampliarse; los bosques talarse o replantarse, etc. etc. Todo cambia pero, a corto plazo, esas grandes cifras no se transforman radicalmente sino que forman parte de la realidad estructural del país. Igual ocurre con la economía. En ella en cada momento hay elementos estructurales con los que tiene que contar todo político y ser consciente de que va a tener que convivir con ellos. Las leyes, los reglamentos, los estímulos, las orientaciones y, en suma las políticas, no pueden ignorar esos elementos estructurales. En la España actual hay unos elementos económicos clave ante los cuales se debe pedir a todo político que exprese su posición. Cabe citarlos con los dedos de una mano: las pensiones públicas, la deuda pública, las prestaciones por desempleo, la estructura del empleo y la tipología de empresas.


El Producto Interior Bruto (PIB) español fue de 1.031.000 millones de euros en 2013 y se prevé que en 2015 llegue a 1.083.000 millones. Asimismo tenemos una deuda pública que en 2013 era de 966.000 millones de euros y que en 2015 se prevé alcance la cifra de 1.079.700 millones, es decir el 99,7% del PIB. Por otra parte los Presupuestos Generales del Estado (PGE) consolidados fueron de 408.033 millones en 2013 y de 440.074 millones en 2015, lo que equivale a un 39,6% del PIB en 2013 y a un 40,6% en 2015. Conviene señalar que estos porcentajes no reflejan el impacto del gasto público total en la economía ya que además hay que añadir los gastos que las CC.AA y Entes locales financian con recursos propios (básicamente impuestos cedidos) lo que eleva la cifra del gasto público total a un 57% del PIB en 2015, según señala el experto Lorenzo Alonso.

En este marco económico, todo partido político debe dejar clara su posición respecto a los cinco temas claves antes señalados. Si no quiere engañar al electorado, debe conocer y explicar las políticas que propone si llega al poder, para ofrecer algo realizable. Recuérdese el lamentable ejemplo griego, impulsado por la falta de realismo de Varufakis y del partido Syriza que hizo perder a Grecia un año entero para al final tener que asumir la tozuda realidad y que ha dado lugar a huelga0s generales de quienes reclaman, con razón, que se cumplan las promesas imposibles que se les hicieron en campaña.
Las pensiones en España tienen como perceptores a casi 9,5 millones de ciudadanos y electores. ¿Se van a mantener las pensiones? ¿Qué propone cada partido? Debe tenerse en cuenta que las pensiones son la partida más importante del gasto de los PGE. En 2015 alcanzan la cifra de 131.659 millones de euros, es decir el 30,8% del gasto público del Estado. Son un tema que debería ser objeto de un pacto de Estado pero, en ausencia de él, cada partido debe poner sus cartas sobre la mesa. Las pensiones junto con el empleo son las políticas sociales que más preocupan al electorado.

El segundo tema clave es el servicio de la deuda pública del cual a veces se dan cifras que inducen a confusión pues aluden sólo a los intereses de la deuda y no a las amortizaciones de la deuda. El servicio total de la deuda es, en 2015, de 127.488 millones de euros, es decir casi a la misma cuantía que la destinada al pago de pensiones. Si no se frena el déficit, la deuda pública seguirá aumentando y muy pronto España tendrá que destinar más recursos a pagar la deuda que para las pensiones.

El tercer tema son las prestaciones por desempleo que alcanzan en 2015 la cifra de 25.300 millones de euros. Se tratan de un pago de una trascendencia social enorme y que salvo que se cree más empleo no se conseguirá reducir. Constituye la tercera partida de gasto de los PGE.

El cuarto tema es la estructura del empleo. Los datos del INE ponen de manifiesto que el sector público representa en torno a un 17% del total de población ocupada, mientras que la mayor parte, 83%, se encuentra en el sector privado. Esto indica que no cabe esperar que sea el sector público el que palie el desempleo sino que la creación de empleo deberá provenir fundamentalmente del sector privado. Por otra parte, no cabe seguir aumentando el gasto público por su incidencia en la deuda pública, salvo en casos graves de necesidad social o para funciones que inexcusablemente necesiten ser realizadas por funcionarios públicos.

Este tema requiere ser abordado sin prejuicios ideológicos, mirando lo que hacen los países vecinos. Hay que optar por que el gasto público lo ejecute aquella institución, pública o privada, que se muestre más eficiente. Hace mucho tiempo que se externalizó, y con muy buenos resultados, la construcción de la obra pública e incluso la redacción de los proyectos pues ni el Estado podía tener maquinaria especializada para las grandes obras ni muchas veces la tecnología y expertos adecuados para proyectarlas. Lo cual es plenamente compatible con que el Estado siga asumiendo su obligación del Estado de supervisar los proyectos, licitar y adjudicar las obras y supervisar su ejecución y posterior pago.

La cuestión del empleo es políticamente muy delicada ya que se aborda con una gran carga emocional pero a futuro hay que estar abiertos a fórmulas que, a igual nivel de servicio, sean menos costosas para el ciudadano. Lo que el ciudadano desea es una atención de calidad y gratuita, y no se pregunta si quien le vacuna, le enseña o le cobra el peaje en la autopista es un empleado público o privado. La publicación de datos de coste de la intervención sanitaria, educación, residencias de mayores, etc puede contribuir a objetivar el diálogo político sobre cómo prestar mejor los servicios públicos.

Finalmente, el quinto tema es la tipología empresarial. Los datos estadísticos muestran que en España el 96% de las empresas privadas tienen menos de 10 empleados. Hay 3.000.000 de empresas con menos de 10 empleados, incluyendo entre ellas 1.700.000 que no tienen ningún asalariado.

Por otra parte, el empleo en el Sector privado que, representa el 84% del empleo total, se distribuye un 30,5 % en microempresas de menos de 9 empleados, un 17,5% en pequeñas empresas de entre 10 y 49 empleados, un 15,2% en medianas empresas de 50 a 249 empleados y el restante 37,1% en grandes empresas con más de 250 empleados.

Se observa la importancia que tienen las microempresas, incluidos los autónomos, en el contexto global del empleo. Por ello resulta imprescindible que la política económica, y más en tiempos de crisis como los actuales, se oriente en apoyo de las micro y pequeñas empresas, suprimiendo cargas administrativas y requisitos innecesarios y aportando ayudas y exenciones estatales, autonómicas y locales para fomentar su creación y asentamiento. Asimismo, el valor del empresario como creador de riqueza y de empleo debe reconocerse cada vez más dejando por superado el antiguo enfoque marxista que consideraba a todo empresario como explotador porque “el capital siempre explota a la fuerza de trabajo”

La crisis en que nos encontramos requiere un enfoque nuevo y valiente basado por un lado en la verdad, en reconocer los errores y corruptelas y no en perseverar en negarlos porque quien lo siga haciendo hoy también seguirá ocultando los errores del mañana y eso no es la España que la ciudadanía anhela .

Por otro, la crisis exige reconocer la realidad actual de la economía para no engañar al electorado y para que sea posible diseñar un futuro realista y razonable que impulse y favorezca el empleo y políticas sociales sostenibles.



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