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¿VOLUNTAD POPULAR?

El reto de la democracia interna en los partidos

El reto de la democracia interna en los partidos

· Por Enrique Miguel Sánchez Motos, administrador Civil del Estado

By Enrique Sánchez Motos
miércoles 25 de enero de 2017, 08:34h
En este primer semestre de 2017 los principales partidos españoles, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, celebran sus Congresos o Asambleas Generales. Uno de los temas que se plantea es en qué medida serán estos partidos capaces de actuar y de aprobar o modificar sus Estatutos para dar ejemplo del estilo democrático que propugnen para España. La esencia de la democracia se apoya en dos pilares: la participación y la información. Sin embargo, la vida de los partidos se ve afectada por la oscuridad del censo, su monopolio por el aparato y los obstáculos a que la información sobre las grandes decisiones futuras pueda ser suficientemente conocida y debatida por los afiliados antes de su votación. Sólo el aparato controla los canales de información interna y si no la facilita, la está impidiendo.

El papel de los partidos, como establece nuestra Constitución, es “la formación y manifestación de la voluntad popular y ser instrumento fundamental para la participación política” lo cual cada día es más importante dada la intensidad de los cambios en el contexto político nacional e internacional. Es absurdo pretender que los ciudadanos estén votando constantemente las decisiones de gobierno, ni siquiera con el uso las nuevas tecnologías, y por eso delegan en sus representantes políticos. Sin embargo hay un grupo especial de ciudadanos, los afiliados, que lo son porque quieren tener una participación más activa en la vida política.

Ofrecer a los afiliados cauces para expresar e integrar sus opiniones los hace corresponsables, aflora la creatividad, enriquece a los partidos y es una protección adicional a la ciudanía pues la participación real de los afiliados puede ser un freno ante las tendencias al nepotismo y ante la posible ocultación de casos de corrupción que afecten al partido.

El nivel de participación de los afiliados es un buen indicador del grado de salud democrática de los partidos. ¿Qué diríamos si, en 1978, en el referéndum que aprobó nuestra Constitución hubiese habido una participación de sólo el 10-15% del censo? Afortunadamente no fue así. Hubo un 67,1% y lo mismo ha ocurrido, desde 1977 hasta hoy, en los procesos electorales de ámbito nacional, en los que la participación se ha situado entre un 67% y 80% del censo, lo que ha dado clara legitimidad democrática a los resultados.

Sin embargo ¿cuál es la participación de los afiliados en los procesos internos de elección de sus dirigentes y en la reflexión sobre las estrategias y funcionamiento de los partidos? En las Asambleas Locales la participación se sitúa en torno al 10% y en las elecciones internas de delegados o compromisarios para los Congresos o Asambleas Generales llegar a un 30% es un éxito de participación. ¿Cómo es posible que una categoría especial de ciudadanos, los afiliados, presuntamente interesados en la vida política tenga tan baja participación en la vida interna de los partidos?

Nuestra Constitución establece una exigencia a los partidos: “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”, exigencia que no requiere, explícitamente, al resto de asociaciones. Lamentablemente la única y vigente Ley de Partidos aprobada en 2002, casi un cuarto de siglo después de la Constitución, es muy escueta y no establece unos requisitos mínimos suficientes que permitan evaluar si la organización interna de los partidos puede considerarse democrática. Así, su artículo ocho, establece tan sólo unos derechos básicos mínimos para de los afiliados tales como “participar en las actividades, ser elegibles y electores y ser informados”.

Un primer problema que se plantea es la oscuridad de los datos sobre el censo. La ley establece que los partidos políticos dejarán constancia de la afiliación de sus miembros en un fichero, pero no establece ninguna obligación adicional tal como hacer públicas las cifras de afiliados. Por ello sólo se dispone de los datos que los partidos voluntariamente quieran dar. El PP declara 860.000 afiliados, Podemos, 434.000 inscritos sin necesidad de cuota,, el PSOE 189.000 el PSOE y 32.000 Ciudadanos, es decir un total de 1.515.000 españoles. Ahora bien ¿cuántos de ellos están al corriente de sus cuotas? Según datos de la Agencia Tributaria en el IRPF de 2014, sólo 95.186 ciudadanos se aplicaron la deducción derivada de pagar cuota a un partido político lo cual es muy llamativo. Parece urgente que los partidos hagan una regularización de su censo como hizo el PSOE en el año 2000 con Zapatero, en la que se redujo la cifra de afiliados de 500.000 a 250.000. Esto es necesario en todos los partidos pero principalmente en el PP, dado el ingente número de afiliados que declara, y en Podemos, ya que según la ley, es una obligación de los afiliados abonar las cuotas.

¿Por qué los partidos no tienen gran diligencia en regularizar la situación de sus afiliados y en hacer público su número? En primer lugar por el efecto imagen. Tener menos afiliados significa ser menos importante. Por otra parte, la elección de los órganos del partido se suele hacer a través de delegados y compromisarios, cuyo número en cada circunscripción suele depender del número de afiliados que existan en la misma. Igualmente ocurre con el número de enmiendas que se pueden presentar en los Congresos a las ponencias propuestas por los órganos que dirigen el partido.

También suelen los partidos tener poco interés en hacer públicos los datos de participación interna en sus Congresos, de todo nivel. Por ello sería conveniente que la ley establezca la obligación de los partidos de hacer públicas las cifras de afiliados y de participación. Incluso cabría que la ley estableciera un mínimo de participación como indicador de que los partidos que reciban subvenciones públicas, directamente o a través de sus fundaciones, cumplen su obligación de tener un funcionamiento democrático.

Probablemente lo que más desestimula a los afiliados son las escasas oportunidades que los partidos ofrecen para participar en el debate político interno. No basta con que los estatutos reconozcan el derecho a la libertad de expresión. Esto ya lo establecía también el Fuero de los Españoles (1945) en su artículo doce “Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado”. Por ello es imprescindible que se reconozca a los afiliados el derecho inalienable a crear, organizar y difundir, en ejercicio de la libertad de expresión, corrientes de pensamiento y opinión dentro del partido, para fomentar el debate ideológico y ayudar a elaborar líneas estratégicas y programáticasEsto es absolutamente natural pues igual que no se concibe un país democrático sin partidos políticos es inconcebible un partido que se pretenda democrático y que a la vez no permita las corrientes de opinión interna.

Algunos partidos reconocen explícitamente ese derecho pero a continuación añaden cortapisas tales como no permitir la formación de tendencias organizadas (?) o exigir un número tan alto de militantes para que se autorice la creación de corrientes que de facto las impiden. Imaginemos qué dirían quienes redactan o mantienen esos obstáculos si para la creación de su partido se les hubieran puesto requisitos tan difíciles de cumplir. Si se quiere jugar limpio no cabe exigir a la creación de corrientes de opinión otros requisitos que el respeto a los Estatutos y al Ideario y Valores básicos del partido y el de no arrogarse la representación del partido lo cual corresponde a los directivos.

En un Estado democrático y de derecho, ni las naciones ni los partidos deben tener miedo a la democracia interna. La participación aporta talento, ideas, estrategias y moviliza a los afiliados, a los simpatizantes y a los ciudadanos. En todos los partidos se genera un gran dinamismo cuando se convoca el Congreso o Asamblea General. Muchos de los sueños, ideales y sugerencias de los afiliados se ponen en marcha de forma constructiva. No hay que ser ingenuos, pueden también aparecer movimientos destructivos pero son los menos y fácilmente denunciables y controlables. La inmensa mayoría pretende aportar y apoyar ideas que refuercen al partido y que sirvan mejor al país. Los efectos dinamizadores de un Congreso o Asamblea General son tan beneficiosos que los propios partidos deberían incluso plantearse la conveniencia de hacer debates de ideas más frecuentemente y, desde luego, facilitar el surgimiento de corrientes de opinión que fortalecerán el ser y la imagen del partido.

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