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SITUACIÓN DE IRRITACIÓN

Corrupción, sentido común y verdad

Corrupción, sentido común y verdad

· Por Enrique Miguel Sánchez Motos, Administrador Civil del Estado

By Enrique Sánchez Motos
domingo 14 de mayo de 2017, 20:19h
La palabra corrupción es probablemente la que más ha marcado la vida política española del último decenio. Numerosos e importantes casos han aflorado y se han tramitado o están tramitando ante los tribunales: Caso Brugal (2006); caso Gürtel (2007); Caso Jaume Matas; Caso Pretoria (2009); Caso Bolín; Caso Sayalonga (2009); Caso de los EREs; Caso ITV (2012); Caso Millet (2009); Caso Nóos (2010); Caso de Cooperación (2008); Caso Bárcenas (2013); Caso del 3%; Tarjetas Black de Caja Madrid(2014); Caso Púnica (2014); Caso Cursos de Formación en Andalucía (2014), etc.

La ciudadanía se siente irritada con la clase política pero también hastiada con el tema al que no ve salida clara, lo que ha dado lugar a que la corrupción no haya impactado tanto como parecía esperarse en los resultados electorales. Conviene plantearse si los representantes políticos la están enfrentando adecuadamente pero también si los ciudadanos adoptamos una postura clara y firme ante ella.

¿Qué es la corrupción? Cabe definirla como toda acción humana que viola las normas legales y los principios éticos. Este concepto tan amplio incluiría toda transgresión voluntaria de cualquier norma legal. En el ámbito privado, corrupción sería toda violación consciente del marco de convivencia social que regulan el Código Civil y el Código Penal. Hacer que los ciudadanos sean, “justos y benéficos” como decía el artículo 6 de la Constitución de 1812, fue una declaración de filosofía política con una gran carga utópica. La Constitución de 1978 no pretendió ir tan lejos sino que fundamentalmente se centró en establecer el marco de convivencia para la vida ciudadana. En ese contexto de convivencia, el poder público y los medios públicos juegan un papel muy importante y ejemplarizante. Por ello, la corrupción de la tanto se habla podría ser definida como toda acción u omisión humana que desvía o colabora a desviar fondos públicos hacia fines diferentes de los previstos, o que hace o permite, un uso del poder público orientado a obtener beneficios económicos o políticos, mediante decisiones que no se someten a la ley y al Derecho.

La corrupción en el ámbito de lo público suele tener dos propósitos principales. Uno, aportar a los individuos implicados, o a su entorno, ingresos prohibidos o beneficios ilícitos (puestos de trabajo, subvenciones, licencias, etc). Otro, buscar ventajas que permitan mantener el poder del partido e instituciones coaligadas, mediante la compra de apoyos, la obtención de financiación ilegal, etc. Suele incluir también el pago de remuneración ilícita a los cooperadores necesarios en los hechos. Ejemplos del primero son los casos Noos y Tarjetas Black. Ejemplos del segundo, la gran mayoría de casos restantes. El primero es el que ha existido desde siempre, el lucro personal como contrapartida a favores. El segundo es el que se ha manifestado al crearse el sistema, democrático o no, de partidos. Es el más difícil de erradicar.

El punto más débil para enfrentarse a la corrupción y para establecer medidas para evitarla es la mentira en la que la corrupción se envuelve y el fanatismo político que induce a ver corrupción en los adversarios políticos pero no en nuestro lado. Es el mismo fanatismo que quiere seguir viendo aquella guerra de acabó hace 78 años como una guerra en la que un lado era el compendio de todo lo bueno y el otro el compendio de todos los males. En la corrupción política se sigue aplicando el mismo criterio, se acusa de corrupción al adversario y se exonera al lado amigo.

Sin embargo, y sin entrar en las cuantías desviadas, para no agravar los enconos, la tozuda realidad muestra de forma evidente que tanto el PSOE como el PP y los demás partidos tradicionales, parecen haber utilizado formulas no legales para financiar sus gastos electorales y al aparato del partido. De forma generalizada parecen haber recurrido al descontrol recalificador urbanístico para obtener de los beneficiados ingresos para los gastos del partido. También parece, hay casos para todos, que los partidos han obtenido a través de la obra pública donaciones y 3% por parte de los adjudicatarios, que se han visto obligados a ello, bien de forma forzosa o bien para quedar bien con el poder. El dinero de la Unión Europea para los cursos de formación parece haber sido otra de las grandes fuentes de financiación para partidos, sindicatos y organizaciones empresariales.

Obviamente la recogida de esos ingresos, sea en especies mediante el pago por los donantes de facturas de los actos electorales, o en dinero en efectivo, ha exigido que existan tesoreros, administradores, gestores o como se les quiera llamar, en todos los partidos, para realizar la labor de captación, recogida y custodia de esos fondos que todos, aparentemente, desconocían. Nadie que recibía sobresueldos del tesorero o de los fondos reservados o de los gestores, sabía o preguntaba por qué no aparecían reflejados en su nómina. Mucho menos aún interesaba saber de dónde salía el dinero para viajes y otras actividades.

Evidentemente los gestores de esas cuentas oscuras sabían que estaban haciendo un trabajo muy delicado que implicaba riesgos y buscaban compensaciones (puestos políticos, institucionales, en el aparato, incentivos económicos, etc) a las que las direcciones de los partidos no se oponían pues necesitaban de esas personas y puestos para gestionar lo que evidentemente era ilícito.

De esta forma se fue creando un sistema que cada día era más exigente ante la voracidad de las necesidades electorales y de los aparatos del partido.

Hoy nos encontramos ante una realidad presunta (la única realidad oficial será la que resuelvan los tribunales) claramente avalada por el sentido común. ¿Acaso cabe pensar que se ha montado espontáneamente, en Andalucía, la inteligente ingeniería financiera que ha permitido destinar 1.217 millones de euros al pago de EREs fraudulentos? ¿Quién fue el autor de ese sistema? Magdalena Alvarez, Consejera de Economía desde el 2 de agosto 1994 a febrero de 2004, probablemente podrá decir algo al respecto.

Mediante el fraude de los EREs se han asignado pensiones a conocidos, familiares, militantes y simpatizantes que nunca habían trabajado en las empresas en la que se aprobaron esos EREs. Resulta también obvio que la arbitrariedad de dar esos EREs fraudulentos a determinadas empresas se basaba en el amiguismo político con sus dirigentes o sus sindicatos. Por otra parte, es lógico pensar, y hay casos probados, que las empresas aceptaron en muchos casos pagar un porcentaje al gestor del ERE o intermediario del partido o sindicato que lo había facilitado. Algo parecido se produjo en el tema de los cursos de formación cuya supervisión y ejecución real, según parece, ha sido escasa, como parece demostrarse cuando se empieza a escarbar en los expedientes concretos. La cooperación de la Junta con las juezas Alaya, primero, y Nuñez Bolaños, después, no ha sido especialmente diligente para aportar los datos solicitados. ¿Por qué? Probablemente porque hay mucho que ocultar.

¿Y qué decir del caso Gürtel, vinculado al Partido Popular, que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia y que aparentemente se fundamentaba en amañar las adjudicaciones de las que se derivaba después financiación para el PP y también beneficios para Correa, su gestor?

¿Y del caso Bárcenas, senador del PP y tesorero, que distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato, con dinero B procedente de constructoras, empresas de seguridad y donaciones?

Los papeles que han ido saliendo, con una detallada contabilidad, las declaraciones y los SMS del Presidente Rajoy a Bárcenas “Lo entiendo, Luis, se fuerte” dan lugar a una interpretación de mero sentido común. Bárcenas ha sido el testaferro para guardar el dinero del partido. En paralelo, con su elevado sueldo y sus comisiones se fue creando un excelente patrimonio. Además, se le han descubierto cuentas en Suiza que probablemente sean dinero del PP pero como este partido dice que no es suyo, al final se lo quedará Bárcenas, como producto del “éxito” de sus negocios particulares.

El caso Pujol, suena a algo parecido. Posiblemente el dinero de los Pujol sea dinero de CiU derivado de los casos del 3%. Tal vez Pujol sea sólo el gestor de los fondos de CiU. Ya se verá.

En suma, el sentido común lleva a una conclusión muy concreta: la principal causa de la corrupción en la etapa democrática ha sido la voracidad de los partidos. El coste de su aparato político y administrativo, de sus empleados, de sus análisis, encuestas, publicidad, actos electorales, etc. ha requerido una financiación superior a la legalmente recibida. Las plusvalías derivadas de las recalificaciones urbanísticas y el dinero público de los presupuestos central, autonómico y local fueron probablemente la fuente principal. Muchos casos no habrán salido ni saldrán pero los casos Naseiro, Filesa, Urralburu, Salanueva, Forcem, PSV, etc. ofrecen ejemplos suficientes como para pensar que algo así se produjo en muchos otros sitios, no solamente en el último decenio. Posiblemente formaba parte de lo aceptado, de la cultura de financiación de los partidos e instituciones afines.

Todo ello se fue plasmando en un sistema cada vez más sofisticado y generalizado que asumía la corrupción política como un elemento de financiación habitual del cual era mejor no hablar. Sin embargo, casos muy graves empezaron a salir. Muchos de ellos provocados por denuncias menores que permitieron tirar del ovillo, de grandes ovillos. Nadie ha querido asumir la autoría del sistema. Pocos se atreven a decir algo. Ni siquiera a reconocer una situación generalizada. Tan sólo Alberto Núñez Feijoo ha dado hace mes y medio, en marzo, un paso al frente en una entrevista a El Mundo, al señalar que “Todos los partidos hemos utilizado zonas grises de la ley para financiar las campañas electorales” Pero el riesgo de que los adversarios políticos busquen resquicios para acabar con quien lo haga es grande. La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha experimentado persecución por su decisión de elevar a la fiscalía casos muy oscuros del Canal de Isabel II. Salvo su partido ningún otro ha apoyado la valentía de que haya puesto los hechos en conocimiento por si fueran constitutivos de delito.

Los partidos nuevos, los que no tienen mochilas oscuras en su financiación, como es el caso de Ciudadanos, deben ser los que afirmen lo que es de sentido común, que la corrupción se ha instalado en el sistema de la financiación de partidos, y que hay que adoptar medidas para sanear el futuro. Pretender hacer una causa general contra la corrupción hará más oscuro el camino. Eso no implica dejar de apoyar las investigaciones ni renunciar a exigir que los partidos reconozcan la responsabilidad que puedan tener en los casos que vayan apareciendo pero requiere dos cosas ineludibles: centrarse en proponer medidas para evitar nuevos casos de corrupción y ser exquisitamente equidistante políticamente. No cabe reclamar con fuerza al PP por los casos Gürtel y Bárcenas y demás y a la vez callar ante la Junta de Andalucía cuando ésta no colabora adecuadamente con los jueces en las investigaciones de los cursos de formación. La equidistancia debe aplicarse a todos y por todos.

Hay muchas sombras a lo largo de nuestra democracia que muchas veces se asumieron como un mal menor pero que poco a poco han ido reforzando la mentira como actuación política habitual. Hay muchas preguntas sin respuesta: 23F, GAL, complicidades con ETA, Banesto, Banco de España, inmersión lingüística, medios de comunicación, aprovechamiento político del 11M, etc. No sólo hay sombras sobre el uso ilegitimo de los fondos públicos. En el futuro posiblemente surjan más revelaciones sobre esos y otros temas pero lo que España necesita son políticos que sepan y quieran construir el futuro sobre la verdad.

El pueblo español sería capaz de perdonar a ETA y a sus cómplices si de estos de verdad pidieran perdón, ¿cómo entonces no iba a ser capaz de perdonar a los políticos de todos los signos que hayan hecho cosas ilegales para apoyar financieramente a su partido?

Siempre cabrá preguntarse qué habría ocurrido si el 1 de agosto de 2013, Rajoy, con una mayoría absoluta de 186 diputados hubiera dicho algo así: “España se encuentra ante una crisis económica y de desempleo terrible heredada del gobierno de Zapatero y al borde del rescate que dejaría nuestras decisiones políticas en manos de la Comisión Europea. Debemos estar juntos y para ello hay que dejar de lado la demagogia. Cada uno sabe en su partido lo que ha habido y lo que hay. No tengo que recordarlo. Pero yo hoy comparezco ante Uds. como Presidente del Gobierno y del PP para hablar del caso Bárcenas y debo ser el primero en dar ejemplo. Por ello reconozco que en mi partido ha habido contabilidad B y sobresueldos. Es mi parte de contribución a la verdad. Ahora señores diputados, que representan la soberanía española, queda en su mano tomar las decisiones que estimen oportunas. Muchas gracias”

¿Habría alguien presentado una moción de censura contra Rajoy? ¿La habría perdido Rajoy, con 186 diputados? ¿Cuál hubiera sido su imagen en USA en su viaje de Septiembre siguiente? ¿No habría sido una especial oportunidad para una nueva etapa de España basada en la verdad?

Obviamente, habrá quien diga que Rajoy no podía reconocer aquello porque no era cierto. Cada uno que piense y proponga lo que crea que era la verdad.

Por todo ello, volviendo a la corrupción, es necesario enfrentarla con la verdad. Hay que crear un punto y aparte que no es lo mismo que un borrón y cuenta nueva. Son los políticos los que tienen la posición adecuada y la obligación de abrir paso a un tiempo nuevo y de pedir a los medios de comunicación que a partir de ese momento les acompañen en esa línea. Sacar adelante la economía, crear empleo para cuatro millones de desempleados, frenar la descomposición de España, crear una cultura de creatividad y convivencia no se podrá lograr sin reavivar la ilusión colectiva basada en la realidad, en el sentido común y en la verdad. Probablemente los ciudadanos lo entienden, lo esperan, lo quieren. Cada día más.

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