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LA IGUALDAD DE LOS ESPAÑOLES

No basta con decir no al referéndum

No basta con decir no al referéndum

· Por Enrique Miguel Sánchez Motos, Administrador Civil del Estado

By Enrique Sánchez Motos
martes 30 de mayo de 2017, 09:44h
El presidente de la Generalitat ha realizado un claro y radical desafío viniendo a Madrid, que sigue siendo la capital de España, para decir que hará el referéndum se le autorice o no y que realizará la ruptura con el resto de España. La evidente claridad, no ya de su propósito final sino también de sus planes de acción, ha obligado a despertar al Gobierno de su voluntario letargo. Es obvio que tal reto, que ya muchos empiezan a calificar públicamente como un golpe de Estado anunciado, necesita una clara y contundente respuesta. El presidente Rajoy ha dicho “Mientras yo sea presidente, el referéndum no se celebrará” pero ¿es eso una respuesta suficiente?

Los antecedentes de comportamiento de la Generalitat tanto en la realización de la ilegal consulta anterior como en los preparativos (compra de nuevas urnas, elaboración ilegal de datos del censo, investigación de los Mossos a la Policia Nacional sin autorización de los jueces) demuestran una voluntad de acción muy evidente. La revelación del borrador de una futura Ley de Transitoriedad Jurídica que articula el plan para la inmediata desconexión de la legalidad española es de una gravedad tal que ningún país de nuestro entorno democrático la hubiera aceptado. ¿Qué habría hecho Gran Bretaña ante una actuación similar de Escocia o Irlanda del Norte? ¿Qué habría hecho Francia ante una actuación similar en Córcega?

El problema español radica en que se ha hecho muy poco desde hace mucho tiempo. Un tema que a los gobiernos de Gonzalez y Aznar les pareció muy lejano. Un tema que agravó Zapatero al facilitar la elaboración de un nuevo Estatuto de Cataluña de 2006 que no era demandado por los ciudadanos catalanes y que tan sólo fue refrendado por el 35% del censo catalán. Un tema ante el cual sólo esperar para reaccionar después no es suficiente.

Por el camino que vamos, cada vez más catalanes españolistas irán abandonando Cataluña y asentándose o retornando a otras ciudades de España. Por el camino que vamos, cada vez más instituciones catalanas, como ya ha hecho el Barcelona CF y otras, irán dando su apoyo a la consulta que promueve el Gobierno de la Generalitat y todo su poder económico. Puede llegar un momento en el que el 60% de los catalanes habrá sido “normalizado” es decir hecho independentista, o el 70% si se quiere. ¿Habrá entonces que conceder la independencia o habrá que esperar a que llegue el independentismo a un 90%?

El proceso de marginación de los catalanes españoles está avanzando. La lucha de Sociedad Civil Catalana, Convivencia Cívica Catalana y otras valientes asociaciones, a pesar de que cuentan con la legalidad de su lado, es tremendamente dura. ¿Hasta cuándo van a seguir luchando contra la corriente apoyada por la Generalitat, sin apoyos rotundos, claros y suficientes? ¿Acaso reciben una mínima parte de la ayuda que la catalanista Ómnium Cultural ha recibido, en Valencia, de la Generalitat catalana?

Pedirle en estos momentos al empresariado catalán que no se mantenga “equidistante” y que ayude a encontrar soluciones frente al independentismo es trasladarles una responsabilidad agobiante. No es ni debe ser la esencia del empresariado el adoptar posiciones de este tenor político y menos aun cuando hay pasividad por parte del Gobierno de la nación. Lo que debería hacer el presidente Rajoy es exigirles a los partidos nacionales, en particular al PSOE y a Ciudadanos, una toma de posición muy clara ante el desafío independentista. El tema es de tanta importancia que merece una convocatoria en la Moncloa. Y lo mismo deberían el PSOE y Ciudadanos exigirle al Gobierno del PP. A ver quién es el primero que se atreve en apretarles las clavijas al otro. Cabe el temor de que ninguno quiera parecer el “radical” de la política y sin embargo, más tarde, se quejen de que puedan surgir otros partidos.

El tema catalán forma parte de la gran política que con urgencia requiere España. Hay que actuar para prevenir, corregir y volver a situarlo en posición de equilibrio. Era inaceptable que la lengua catalana o vasca fuese prohibida o marginada pero es inaceptable ahora que el español esté siendo perseguido mediante unas políticas de inmersión que, carentes de voluntad de convivencia, están intentando expulsarlo no sólo de Cataluña, sino también de Baleares, Valencia, País Vasco y Navarra y tal vez, dentro de poco, de Galicia, con el apoyo de instituciones como Escola Mallorquina, Acción Cultural del País Valenciano y otras.

Si el Gobierno actual no se atreve a proponer acciones ante esta situación debería, al menos, pensar en apelar al pueblo español, promoviendo un referéndum consultivo para que, no sólo en Cataluña sino en toda España, todos los ciudadanos orienten a los partidos políticos sobre lo que piensan o desean sobre la estructura territorial nacional y la igualdad de los españoles. Todo ello tras un oportuno pero rápido periodo de debate y formulando varias preguntas muy claras.

Se dice que los referéndums son un arma que carga el diablo y que además pueden promover conflictos. Evidentemente pueden serlo pero la pasividad, sin promover, una política territorial integradora es una grave amenaza para el crecimiento, para la lucha contra el desempleo y una bomba de relojería. La pasividad ante la radicalidad es ya un conflicto en sí misma ¿Qué pasará cuando el 1 de octubre próximo saque la Generalitat las urnas a la calle? ¿Se aplicará el 155? ¿Se convocarán nuevas elecciones? No nos engañemos, si la Generalitat actúa como tiene anunciado algo fuerte tendrá que suceder. Más vale, dada la urgencia y la trascendencia del tema, empezar ya a tomar medidas de prevención proporcionadas a ese gravísimo desafío que tan triste es para muchos españoles.

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