Ante esta situación la posición de los partidos llamados constitucionalistas y también la de muchos líderes presentes o pasados parece en muchos casos muy poco clara en la forma ni en el fondo.
En la forma porque no se pronuncian ni opinan sobre qué hacer, en el marco de la Constitución vigente y de todas las leyes que de ella cuelgan como son el Código Penal o la ley del Tribunal Constitucional, frente a una declaración de independencia anunciada que se pretende realizar pública y tumultuosamente. Es decir, los partidos callan ante un claro delito de sedición, tal y como lo describe el artículo 544 del Código Penal. La publicidad anunciada de esa declaración es incuestionable, apoyada además, por la inconstitucional y ya publicada ley de transitoriedad jurídica. El carácter de tumultuoso también es evidente por las reiteradas manifestaciones de las autoridades independentistas de que “movilizarán al pueblo catalán”, lo cual presumiblemente dará lugar a enfrentamientos de los radicales con la fuerzas de orden público que defiendan el cumplimiento de la legalidad. Por tanto el delito de sedición, aun no consumado, se está dando ya en grado de conspiración y es por tanto perseguible.
Se han hecho últimamente algunas declaraciones Gobierno, se han tomado rápidas y claras decisiones por parte del Tribunal Constitucional y la Justicia. En especial la Fiscalía ha dado lugar a actuaciones de la Guardia Civil y de los cuerpos de seguridad requisando propaganda delictiva y cerrando webs que promueven el delito y trasladando notificaciones a alcaldes y autoridades sobre la responsabilidad en que pueden incurrir. Todo se ha hecho con innegable prudencia y mesura. Ahora bien ¿es esto suficiente? La opción de esperar a que la sedición se consume, lo cual sería con posterioridad al 1.O, no hace otra cosa que llevar en el plazo de dos semanas a una situación mucho más grave pues implicaría que el Estado y el Gobierno han tolerado que se llegue a la realización del ilegal referéndum, en innegable desobediencia al Estado de Derecho vigente.
Por otra parte, no actuar ya, como permite la ley, para frenar un delito anunciado deja a los valientes españoles catalanes abandonados, cosa que ya viene sucediendo desde hace tiempo por la insuficiente actuación del Gobierno Central. A la gravedad de la tensión personal que soportan se une la pasividad del Ejecutivo y de los partidos ante las incumplidas sentencias del Tribunal Supremo en materia de Educación y Lengua. La marginación a que se ven sometidos es evidente y se manifiesta en situaciones esperpénticas tales como ser multados por rotular sus comercios en castellano, lengua oficial de España. Sólo falta que les señalen con una estrella amarilla. Esto no es exagerar pues durante muchos años a otros españoles les pusieron una diana en el País Vasco y sufrieron un abandono y un aislamiento total como narra, de forma magnífica, el reciente libro “Patria” de Fernando Aramburu.
No actuar ya, cuando solo faltan quince días para la fecha prevista por la Generalitat, agravará el choque de trenes pues Puigdemont y sus colaboradores se crecerán más y están envolviendo en su huida hacia delante a más y más ciudadanos en manifestaciones públicas a las que se sienten forzados a acudir para no verse perjudicados en sus negocios, en sus relaciones económicas y de todo tipo. Los propios Mossos sienten que se les está dejando llegar a una situación caótica en la que no sabrán a quien deben obedecer, lo que siendo un cuerpo armado podría llevar a causar violencia y víctimas dando lugar no ya al delito de sedición sino al más grave delito de rebelión.
Por tanto, el Gobierno primero, pero también los partidos constitucionales deberían actuar ya y manifestar su apoyo a medidas serenas pero firmes que corten desde ya la realización de esa sedición anunciada.
Por otra parte, no basta con pensar en el corto plazo. Hay que entrar en el debate de fondo. Punto indiscutible: la Constitución emanó de la Nación española, que en uso de su soberanía, proclamó “su voluntad de garantizar la convivencia democrática, consolidar el imperio de la ley, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones y colaborar al fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra” ¿Estamos en ello de acuerdo o no? ¿Existe suficiente convivencia democrática en la deriva que está tomando el Estado de las Autonomías? ¿Queremos la fraternidad o tan sólo cantar la Marsellesa? ¿Estamos protegiendo a todos los españoles y pueblos de España o hay unos de primera y otros de segunda? ¿Escuchamos suficientemente a los catalanes? ¿Y a los andaluces, castellanos, gallegos, murcianos, canarios, valencianos, etc? ¿Hemos consolidado el imperio de la ley o puede ser incumplida impunemente? ¿Es España un modelo de relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre sus pueblos o pretendemos exportar al mundo algo de lo que carecemos? Recuerdo cuando cantábamos: “Nosotros somos quien somos. Basta de historia y de cuentos. Somos limpia y fresca un agua que atropella en sus comienzos” ¿Qué queda de todo eso?
La triste realidad es que los primeros 30 años de nuestra nueva etapa democrática han estado marcados no sólo por la sangre derramada por el terror sino también por la desconexión con los vecinos, por la insolidaridad entre los pueblos de España, de la cual el actual proyecto independentista de parte de los catalanes es una clara muestra. ¿Es eso lo que los partidos quieren? ¿Qué proponen? No basta con el innegable desarrollo económico y social logrado. Las nacionalidades y las regiones, que no las culturas, se han orientado para crear problemas crecientes, la exacerbación de los “hechos diferenciales” incluso entre provincias limítrofes, el establecimiento de barreras artificiales, que cuestan un dinero que se podría dedicar a otros fines, no han sido un buen camino. Hay que repensarlos, armonizarlos y reorientarlos si fuera necesario. ¿Qué propugnan los partidos al respecto? Hay instrumentos en la Constitución, tales como el 150.3 pero si fueran insuficientes hay que crear otros.
Los que queremos a Cataluña, no queremos que se separe, aunque obviamente si una mayoría aplastante lo quisiera habría que reconsiderarlo por vías constitucionales y una vez creado un clima adecuado. Pero antes de que eso pudiera llegar a plantearse hay que evitar que la confusión y el conflicto se sigan extendiendo apoyados por el dinero público. España como nación no puede seguir callada ante ese proceso que promueve la desintegración. La historia no debe manipularse. No se puede aceptar que se pretenda expulsar de ningún territorio la lengua común, el español, cuando precisamente en Europa en el diálogo se realiza en otra lengua externa, el inglés, aceptada como instrumento de comunicación.
Sería una pena que nuestros políticos destrocen la unidad constitucional o que adopten una posición pasiva que siga fomentando los reinos de taifas y al final un conflicto mayor. Frente a los factores sobre todo culturales que han ido estimulando el independentismo basándose en una historia y unas diferencias inventadas o exacerbadas hay que plantearse la necesidad de dar marcha atrás. Hay que recrear una conciencia nacional y fortalecerla con actuaciones solidarias que nos hagan sentirnos unidos y solidarios. Nombrar Ministro de Cultura a Albert Boadella, si lo aceptara, sería muy positivo. Es necesario que la clase política, no solo los ex políticos, hagan propuestas valientes e integradoras que reorienten el camino y nos eviten una posible locura. Pero hay que tomar decisiones antes de que la situación se envenene más, proponer con urgencia un gran diálogo nacional sin condiciones previas y, posiblemente, convocar unas nuevas elecciones generales. La gravedad de la situación lo justifica sobradamente.
Si (
No(
