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CRISIS INSTITUCIONAL EN CATALUÑA

Sin sanciones ni medidas no habrá futuro para España
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Sin sanciones ni medidas no habrá futuro para España

· Por Enrique Miguel Sánchez Motos, Administrador Civil del Estado

By Enrique Sánchez Motos
domingo 01 de octubre de 2017, 19:32h
La Constitución de 1978 manifiesta que “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de… consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”. En consecuencia los derechos y libertades de que gozamos los ciudadanos se fundamentan en el respeto a la ley. No hacerlo así implica renunciar a esos derechos y libertades y sustituirlos por la radical desigualdad que se deriva de la ley de la selva, o ley del más fuerte. Cierto es que la ley se puede cambiar por voluntad popular pero en tanto no se modifique es necesario respetarla y hacerla respetar. Para lograr ese respeto la propia ley establece sanciones, es decir penas para sus infractores. Son, por tanto, un instrumento clave para lograr que se respeten la propiedad, los contratos y todos los derechos y libertades. En Cataluña, parte de la sociedad, con el Govern de la Generalitat y el Parlament al frente, han realizado acciones muy graves que han causado daños concretos a personas y bienes, de las que podrían resultar víctimas y daños irreparables así como al clima de paz social de toda la nación. Los causantes de esos daños son, cada uno en la medida que les corresponda, responsables y deben responder de los mismos a fin de que se restaure el respeto al Estado de Derecho.

Es evidente que, a reserva de lo que sentencien los tribunales, hay evidencias claras de que algunas autoridades han ocurrido en el delito de desobediencia. Tal ha sido el caso de los Mossos que han dejado a la Policia Nacional y a la Guardia Civil todo el duro trabajo de hacer cumplir las órdenes emanadas de la Justicia y la Fiscalía de cerrar los colegios y requisar el material electoral. Evidentemente los Mossos individualmente podrán esgrimir las circunstancias de obediencia a órdenes de sus superiores, lo cual trasladará a éstos la responsabilidad por los delitos de desobediencia y de prevaricación por haber dado órdenes injustas a los Mossos a sabiendas. También incurrirán en desobediencia los directores de los colegios que hayan abierto a pesar de las ordenes de cierre emanadas de la Justicia, a cuyo efecto las notificaciones realizadas por los Mossos se aportarán como prueba. Si los Mossos no presentaran la lista de colegios notificados serían asimismo reos de desobediencia.

Por otra parte todos los gastos incurridos en la compra de urnas, papeletas equipos, etc constituyen una malversación de dinero público que deberá ser perseguida y castigada. Este delito afectará fundamentalmente a los órganos que hayan autorizado esos gastos ilegales pues eso es tan perseguible como los delitos de corrupción derivados de malversaciones de dinero público que tienen como finalidad pagar ilegalmente gastos electorales de los partidos. Finalmente está el gran delito de sedición, del cual será responsable la autoridad o autoridades que declaren la independencia de forma pública y tumultuosa. Si ese tumulto es además violento incurrirán en el delito más grave de rebelión.

Cabe de esperar que la Justicia, de forma rápida instada por la Fiscalía, el Gobierno e incluso los partidos, proceda a detener a los presuntos delincuentes y que de las subsiguientes sentencias se deriven penas de cárcel y de inhabilitación para cargo público. La serenidad y la mesura de las actuaciones de la Policia Nacional y de la Guardia Civil, para cumplir la difíciles misiones encargadas por la Justicia deberá ser también sancionada, es decir validada, pero esta vez en sentido positivo por el Gobierno y por las Cortes por haber realizado una defensa eficaz de la democracia.

El futuro de la España democrática está en juego. Solamente una rápida actuación sancionadora podrá garantizarlo. La pasividad sería un acicate para futuras insurrecciones. Obviamente, los presuntos delincuentes deberán, durante los procesos, ser suspendidos de sus funciones públicas y sustituidos hasta tanto concluyan los juicios. En octubre del año 34 la declaración del Estat Catalá fue uno de los detonantes de la Guerra Civil. Esta vez la serenidad del pueblo y de las instituciones españolas ha evitado la catástrofe pero no cabe negar que riesgos ha habido y puede haber, si surgieran brotes o actividades de violencia.

Asimismo, en los próximos días, tras la inmediata puesta en marcha de los procesos sancionadores, habría que adoptar medidas fuertes que permitan caminar, como dice la Constitución, hacia “garantizar la convivencia democrática”. Ello requiere sustituir la política independentista basada en la coacción a los no nacionalistas, la discriminación por razones de lengua e ideas y la insolidaridad con las restantes regiones de España. La alternativa tiene mimbres conocidos: frente a la coacción, la libertad; frente a la discriminación, la igualdad y frente a la insolidaridad, la fraternidad. Para ello será imprescindible realizar un proceso desmitificador del nacionalismo que ha ido implantando su veneno de odio a través de la educación, de la cultura y de los medios de comunicación y que nos ha traído al borde del abismo. En lugar de una Cataluña admirada y española ha tratado de crear una Cataluña egoísta y separatista basándose en mentiras reiteradas. Hay que impedir que lo logre. Frente a ello hay que ensalzar la fraternidad y hacerlo con poder suficiente para producir un cambio que requerirá al menos 10 años.

La aplicación inmediata del 155 es imprescindible para poder reordenar temas esenciales: dar cumplimiento inmediato a las Sentencias del Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en materia de educación y otras y resaltar la solidaridad con las demás regiones españolas. También, por supuesto, habrá que hacer los números económicos para analizar las reclamaciones económicas y llegar a conclusiones objetivas pero sin presunciones previas. Igualmente habrá que diferenciar con claridad entre descentralización y transferencia de competencias para evitar que situaciones como la vivida puedan repetirse en esta o en otras regiones de España y habrá que pensar en aprobar leyes armonizadoras que faciliten la cooperación y la igualdad.

En el horizonte a corto plazo de seis meses o un año, habrá que convocar elecciones generales salvo que se logre constituir un gobierno de amplia coalición nacional, lo cual podría ser un hermoso ejemplo de que los partidos saben unirse ante los intereses superiores de todos. Lo agobiante del momento vivido y las tensiones de los próximos meses estarán presentes en nuestra vida política a corto plazo pero pueden transformarse en una gran oportunidad de que 40 años después sabemos iniciar una nueva etapa. ¡Viva Cataluña y Visca Espanya!

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