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MEDIDAS A ADOPTAR URGENTEMENTE

El sentido común exige que el Gobierno actúe
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El sentido común exige que el Gobierno actúe

· Por Enrique Miguel Sánchez Motos, Administrador Civil del Estado

By Enrique Sánchez Motos
miércoles 11 de octubre de 2017, 08:37h
Esta tarde hemos empezado viviendo la parte cómica de la tragicomedia catalana pero la tragedia no se ha disipado y puede producirse en cualquier momento. El Presidente Puigdemont no ha tenido la valentía de hacer lo que había anunciado y no se ha atrevido inicialmente a declarar unilateralmente la independencia (DUI) de Cataluña. El trago que ha pasado se manifestaba en su cara en las imágenes que ha retransmitido la televisión. En su lugar ha declarado que “se suspendían los efectos de la DUI” cosa absolutamente incomprensible pues no cabe suspender los efectos de lo que no se ha declarado. Inmediatamente Puigdemont ha escuchado los gritos de “traición, traición" por parte de sus socios de la CUP y los abucheos de la multitud independentista congregada fuera del Parlament, decepcionada por la actitud de Puigdemont. Seguramente por ello, muy poco después, ha cambiado de opinión y en un espacio no oficial, los 72 diputados independentistas, Puigdemont entre ellos, han firmado una declaración en la que dicen que "Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social y dispone la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República". También insisten en "abrir negociaciones con el Estado español, sin condicionantes previos, para establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes" y "necesariamente, en pie de igualdad".

¿Cuál es la conclusión de sentido común? Pues simplemente que aunque no sea en un lugar oficial, el Presidente de la Generalitat junto con sus socios independentistas ha declarado la independencia. Ha sido un hecho público y conocido que ha enmendado la actitud previa y ha optado finalmente por una declaración de independencia, desde la cual abrir negociaciones con el Estado español.

Por tanto estos son los hechos. El Gobierno español no puede dejar de actuar. Se ha consumado el delito de sedición, del artículo 544 del Código Penal, pues se reúnen las características de publicidad y tumultuosidad “para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes” y es obvio que declarar la independencia y manifestar la voluntad de constituir una república catalana junto con la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad, implica pretender impedir la aplicación de las leyes. Puede en breve llegarse al delito de rebelión del artículo 472 si a todo esto se añadiera el alzarse con violencia, requisito que no requiere, y ojalá no ocurra, el alzarse con armas.

Por tanto lo primero que procede es instar a la Fiscalía a que actúe contra el Presidente Puigdmemont por presunto delito de sedición consumado, y hacer extensible esta acusación a todos los que hayan colaborado a la realización de este delito gravísimo, que está castigado con penas de hasta diez a quince años, cuando se trate de personas constituidas en autoridad. Asimismo solicitará la prisión cautelar para los ejecutores principales.

Simultáneamente y dado que la situación creada afecta gravemente al interés general de España el Gobierno debería requerir al Presidente de la Comunidad Autónoma para manifestase de forma inmediata su sometimiento pleno a la Constitución española, lo cual obviamente no va ser aceptado ni respondido. En consecuencia el Gobierno, debería convocar al Senado de forma extraordinaria e inmediata para solicitarle autorización “para adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Concedida esa autorización por el Senado, el Gobierno aplicaría las medidas aprobadas que, obviamente, deberían permitir el ejercicio de autoridad necesario para gestionar las competencias actuales que tiene Cataluña.

En ese ejercicio, el Gobierno debería tomar de forma inmediata el control de los Mossos y colaborar intensamente con la Justicia para facilitar la identificación de todos los que hayan incurrido en delitos de desobediencia, prevaricación, malversación, sedición y en su caso rebelión y para aportarle toda la información que requieran para la instrucción de los casos así como dotarla de todos los refuerzos necesarios para ello.

Igualmente el Gobierno, en ejercicio de esas competencias temporalmente asumidas, debería desmontar de inmediato todas aquellas actuaciones que reflejen el odio a España y el desacato de la Constitución. A título de ejemplo debería procederse a cerrar de inmediato todas las “embajadas” catalanas y dar cumplimiento inmediato a las sentencias incumplidas del TSJC y del Tribunal Supremo en materia de bilingüismo y otras.

El Gobierno apoyado en el 155 debería asimismo tomar medidas que impidan el uso del dinero y de los medios públicos para fomentar el odio y por el contrario invertir medios para fomentar la creación de una cultura de convivencia entre catalanes de unas y otras ideologías y con el resto de españoles.

El camino recorrido en estos últimos 40 años, ha alejado como demuestra la situación actual, a la sociedad catalana del ideal de garantizar no la coexistencia sino la convivencia democrática que proclama nuestra Constitución. Es necesario retomar ese hermoso objetivo y para ello hay que desmontar el odio nacionalista hacia lo español lo cual no va ser cosa fácil pero es imprescindible si no se quiere que volvamos a la misma o peor situación en unos años.

Frente a la coacción, libertad; frente a la discriminación, igualdad y frente a la insolidaridad, fraternidad. Ese debería ser el eje de la actuación del Gobierno, apoyado por los partidos constitucionales.

¡Viva Cataluña y Visca Espanya!

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