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EN BUSCA DE LA CONVIVENCIA

España necesita el 155
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España necesita el 155

· Por Enrique Miguel Sánchez Motos, Administrador Civil del Estado

By Enrique Sánchez Motos
jueves 26 de octubre de 2017, 08:51h
Los pueblos que no aprenden de su historia se ven obligados a repetirla. En el siglo XXI las naciones sólo tienen una salida: la convivencia. La unidad, la libertad y la solidaridad son el camino para ello. En 1977, la llegada de Tarradellas a España, a invitación del Presidente Suárez, se vio como un símbolo. Se optaba por dejar atrás la dictadura de Franco pero también el golpe de Estado separatista de Companys de Octubre de 1934, que tuvo que ser sofocado militarmente, de forma sangrienta, por la entonces República española y que contribuyó en gran manera a la situación tumultuosa que derivó en la trágica Guerra Civil. La cordial relación que se entabló entre Suárez, ex Secretario General del Movimiento, y el exiliado President Tarradellas parecía el punto de partida de una España que, dirigida por Suárez, se encaminaba hacia una nueva etapa de convivencia democrática. La inequívoca actitud no separatista de Taradellas, su clara defensa de la integración de Cataluña en España, su cordialidad y respeto de la realidad cultural castellanohablante de Cataluña, facilitaron en gran manera durante la transición, con él al frente del Gobierno pre-autonómico de Cataluña, la superación de los recelos del pasado y la elaboración y aprobación del Estatuto de Cataluña de 1979.

Todo parecía preparado para iniciar una nueva etapa de convivencia democrática en España. Sin embargo, su sucesor Pujol, empezó a tomar unos derroteros catalanistas más radicales aunque se quiso pensar que eran más de forma que de fondo. Por otra parte tuvo enfrente a Gobiernos de mayoría absoluta del PSOE desde octubre de 1982 hasta junio de 1993. No obstante, ya en aquellos años había un cierto desasosiego respecto al funcionamiento de los Estatutos de Autonomía y por ello, mediante un pacto entre UCD y PSOE se aprobó en 1982 la Ley de Armonización del Proceso Autonómico. Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Constitucional del 30 de agosto de 1983, limitó de forma importante el alcance que habían pretendido dar UCD y el PSOE a dicha ley. Como consecuencia, ese potente instrumento del artículo 150.3 de la Constitución quedó marginado hasta hoy, aunque muchos consideran que el gran problema del Estado de las Autonomías es su falta de armonización.

Sin embargo la STC, dejó un margen importante que fue desaprovechado. Por ejemplo, sobre la lengua, tema que subyace detrás de las tensiones separatistas y de los problema educativos, la olvidada STC decía literalmente: “el consiguiente derecho subjetivo de los ciudadanos de esa Comunidad a utilizarlo (el idioma castellano), no implica que sólo puedan ser funcionarios en la Comunidad quienes conozcan aquel idioma (autonómico). El conocimiento del mismo es imputable a la Administración autonómica en su conjunto, no individualmente a cada uno de sus servidores. La circunstancia de dominar esa lengua constituirá un mérito para la provisión de vacantes pero nunca un factor excluyente, puesto que ello acarrearía para los funcionarios excluidos una discriminación no razonable, expresamente vedada por el art. 14 de la Constitución”

A lo largo de los casi 40 años siguientes de democracia, se produjo un gran desarrollo de las competencias autonómicas mediante el vaciamiento de competencias del Estado. Por un lado porque parecía poco progresista oponerse a ello, por otro porque era una forma de conseguir apoyos para los gobiernos del PSOE y PP cuando no tenían mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo la realidad reciente de Cataluña ha puesto en evidencia que el independentismo no se va a contentar con que España sea el Estado más descentralizado de Europa. Pretenden la independencia sin más, así como conquistar e integrar en el futuro a Valencia, Baleares y zonas limítrofes de Aragón para crear los Paísos Catalanes. La Generalitat ha puesto los fundamentos culturales para ello mediante el control de la educación, los medios de comunicación y la dotación de ingentes recursos económicos para promover la visión catalanista a través de Omnium Cutural, ANC y muchas otras organizaciones. A los judíos, perdón a los charnegos, no les ha ido quedando otra que exiliarse, someterse o ser marginados.

El catalanismo independentista no ha dudado en buscar crear una mayoría social utilizando los resortes de la inmersión lingüística, de la educación y de la falsedad histórica y económica (Espanya ens roba). Ha hecho del radicalismo un valor clave para llegar a ser funcionario y empleado público y desde luego para ocupar cargos públicos de libre designación. Incluso los empresarios privados discrepantes tienen difícil contratar con la Generalitat. Todo ello son signos de un totalitarismo, que recuerda en muchos aspectos al comunismo y al nazismo, aunque los independentistas, con un claro ejemplo de manipulación del lenguaje, no dudan en acusar de fascista a todos los que defienden la Constitución vigente.

Ante la realidad innegable de los hechos, los partidos políticos constitucionalistas se han visto obligados a reaccionar y a encontrar una posición común. A lo largo de septiembre los partidos de la oposición, PSOE y Ciudadanos, han sido contrarios o reticentes a apoyar la aplicación del 155. Por su parte, el Gobierno del PP ha sido tremendamente pasivo (“no habrá referéndum”) si bien es cierto que esa pasividad ha dado cuerda a los independentistas para ponerse hoy ante evidencias indiscutibles. La realización el 1.O del anunciado del referéndum y la declaración de independencia, del 10.O, al menos por los 72 parlamentarios autonómicos incluido el Presidente Puigdemont, los autodenominados representantes de Cataluña, han sido decisivos para hacer que Ciudadanos el 2.O se manifestara partidario del 155, postura también asumida por el PSOE de Pedro Sánchez, si bien con mayores reticencias.

Todo ello ha llevado al histórico Acuerdo de Consejo de Ministros del 21 de Octubre que, en un claro, detallado y bien fundamentado documento de 19 páginas, ha elevado a la consideración del Senado la solicitud de autorización para aplicar el 155, concretado en unas contundentes medidas para defender el interés general de España.

La autorización solicitada expone con detalle la gravedad de los hechos, realizados por la Generalitat, cuya valoración delictiva o no, deberá instarse la acción de la Justicia y señala que “la magnitud del incumplimiento determina que, en este caso, no baste con la impartición de instrucciones a las autoridades autonómicas (las mismas que han quebrado el orden constitucional) ni tan siquiera con la asunción puntual de competencias en algunos de los actos que ordinariamente debe realizar o en algunas de sus funciones”.

De concederse la citada autorización, el Gobierno de la Nación podrá asumir las competencias de la Generalitat con un enfoque de lealtad constitucional y de búsqueda de la convivencia democrática, valores que hasta ahora han faltado en los gobernantes de la Generalitat.

Ante esta situación el Senado debe pronunciarse el viernes 27 de octubre, en la que dada la mayoría absoluta del PP, a la que se suman PSOE y Ciudadanos con los que se ha consensuado el texto, es presumible que se de autorización al Gobierno de la Nación para aplicar esas medidas.

Existe en estos momentos discusión sobre qué hacer en caso de que el Presidente de la Generalitat optara por convocar elecciones sin efectuar Declaración Unilateral de Independencia. Desde el punto de vista legal no hay incompatibilidad entre esa decisión, hoy por hoy competencia del actual Presidente de la Generalitat, y la aplicación del 155. Por otra parte es evidente que esa convocatoria no borra en modo alguno los hechos realizados, la trayectoria recorrida y la desobediencia al marco constitucional realizada por el President y el Parlament de la Generalitat, ni garantiza que vayan a cesar las actitudes inconstitucionales realizadas a través de los medios de comunicación públicos ni de la entidades culturales intermedias (ANC y Omnium Cultural en particular). Tampoco existe la menor garantía de que los Mossos vayan a actuar lealmente como Policia Judicial, si sus actuales mandos siguen al frente, ni tampoco de que los fondos públicos vayan a dejar de ser destinados a financiar actividades sediciosas o rebeldes.

Por tanto, ha llegado el momento de asumir el problema, creado por la Generalitat, como una oportunidad y actuar para corregir los errores acumulados a lo largo de estos últimos 40 años. Hay que crear el marco de convivencia, no de mera coexistencia, que propugna la Constitución. La falta de solidaridad no es en absoluto de izquierdas y tampoco cabe imputársela a la derecha. Por ello, ha llegado el momento de que los partidos constitucionales, unidos, promuevan acciones que ratifiquen a España como una nación estado social y de derecho, en cuyo marco constitucional tiene plena cabida la libertad de expresión y en el que se ratifica, dentro del imperio de la ley, el diálogo democrático como instrumento para adoptar las decisiones colectivas.

Es el momento de un nuevo comienzo. El 155 es necesario para Cataluña pero también para España como un todo. El interés general solidario debe prevalecer.

¡Viva Cataluña y Visca Espanya!

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