www.elmundofinanciero.com

¿UN IDEAL IMPOSIBLE?

La ley de Partidos hace imposible la democracia

· Por Enrique Miguel Sánchez Motos, Administrador Civil del Estado

sábado 07 de julio de 2018, 08:15h
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame
Enrique Sánchez Motos.
Enrique Sánchez Motos.
Imagínese Ud. que la democracia en España se limitara a reconocer que los ciudadanos tienen derecho a “participar en las actividades, en los órganos de gobierno y representación, ejercer el derecho de voto, ser electores y elegibles, ser informados acerca de la composición de los órganos directivos, de las decisiones adoptadas, las actividades realizadas y la situación económica” ¿Sería eso suficiente garantía de que España es una democracia? Esos derechos los tienen los cubanos, los ciudadanos de la antigua URSS, los de la China comunista, los de la Alemania nazi y los de cualquier dictadura del siglo XX. Ahora bien, esos derechos no son nada si no pueden hacerse efectivos mediante un marco jurídico político que los garantice. Pues bien, esos son los escuetos derechos que la vigente Ley de Partidos de 2002, garantiza en su artículo 8 a los afiliados de todo partido político. Por el contrario, la Constitución reconoce, en sus artículos 14 al 38, una amplia y detallada lista de los Derechos y Libertades de los ciudadanos, sin los cuales la democracia real es imposible. La clave de toda democracia está en la firmeza con la que se reconoce la libertad de expresión y opinión de los ciudadanos. Pero no basta con reconocerla, es necesario garantizarla para evitar que se impida de hecho su ejercicio, como pasa en Cuba y China, o pasaba en la URSS, Alemania nazi y en todas las demás dictaduras que en el mundo han sido.

¿Cuál es el instrumento clave garante de la democracia política? La Constitución lo establece en su artículo 6 “los partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos” ¿Se reconocería como democrático a un país en el que no se permita la existencia de partidos políticos? La respuesta es un NO rotundo. Por consiguiente, la democracia requiere, como mínimo, libertad de expresión y de creación de partidos políticos.

Por analogía, lo mismo se debería exigir, en la Ley de Partidos, a los partidos políticos. Es decir, se debería garantizar la libertad de expresión y el derecho inalienable de los militantes a crear corrientes de opinión. Bastaría con usar la misma fórmula constitucional: “las corrientes de opinión concurren a la formación y manifestación de la voluntad de los partidos y son un instrumento fundamental para la participación de los militantes. Su creación y su actividad son libres dentro del respeto a la Ley. Su estructura y funcionamiento interno deben ser también democráticos”. Sin embargo, la realidad es tozuda. Ningún partido político vigente la reconoce. Es más, en la elaboración de sus estatutos rechazan toda propuesta que vaya en esa dirección. Tengo evidencias directas de ello. La justificación que subyace para impedirlo es la misma que podría esgrimir cualquier dictador: “La libertad de expresión interna no se ejerce porque todo el mundo sabe que el que se mueve no sale en la foto y que las corrientes de opinión entorpecen las acciones del partido para lograr o ejercer el poder”. Es decir, se cree en la democracia, pero no demasiado.

Luego nos quejamos de que el ciudadano critique a la casta política y a los aparatos de los partidos que se perpetúan. Un ejemplo actual lo vemos en el PP, pero podría aplicarse a cualquier otro partido. De los 869.535 militantes declarados, apenas 66.384 se han inscrito para votar a su futuro presidente. ¡Vaya indicador del interés político de la militancia! La evidencia es tan contundente que ningún cargo la niega. El censo está hinchado. Posiblemente, a falta de datos, sólo 100.000 militantes, como mucho, pagan regularmente sus cuotas. Lo mismo ocurre o ha ocurrido en otros partidos. El PSOE depuró su censo en la época de Zapatero bajando de 500.000 a 250.000 afiliados, que hoy se quedan en 187.782 militantes declarados de los cuales, en las últimas primarias, votaron sólo 149.951. En Ciudadanos, en enero de 2017, se depuró el censo pasando de 30.954 a 20.078 afiliados, tras eliminar a los que no estaban al corriente del pago de sus cuotas. Por otra parte, según los datos de la Agencia Tributaria, en el ejercicio 2013, sólo 90.045 personas, en toda España, se desgravaron la cuota de afiliados a partidos políticos, lo que aún incrementa las dudas sobre la realidad de la afiliación, tema que la ley de Partidos actual no ofrece vías de supervisión. Ojalá la Agencia Tributaria nos diga, pronto, los datos de 2017.

En el marco actual de los partidos ¿qué camino le queda al militante que discrepa en temas profundos de la posición del partido? No puede crear corrientes de opinión. No puede organizarse para presentar objeciones ante errores claves de su partido. ¿Cabe pensar acaso que no haya habido militantes, e incluso diputados y senadores del PP, que no hayan discrepado radicalmente del uso que hizo Rajoy del 155? Pero eso no se manifestaba fuera y, probablemente, muy poco dentro. No había libertad real. Ahora hay siete candidatos a futuro presidente del PP ¿Quiénes, en qué y cuándo discreparon de la política de Rajoy, que hundió al partido en Cataluña y que puede darle un golpe mortal en el resto de España? ¿Debe elegirse al presidente meramente en función de su edad o de los apoyos con que cuente en el aparato? ¿No deberían, ante todo, los candidatos indicar en qué se ha errado y en qué sentido proponen rectificar? Permitir y fomentar la creación de corrientes de opinión dentro de los partidos contribuiría eficazmente al debate interno y al conocimiento de las posiciones de los militantes más comprometidos. Sería revitalizadora para los partidos.

La ley de Partidos debería ayudar a la participación de los afiliados, desarrollando, de forma clara y factible, el mandato constitucional de que la estructura interna y funcionamiento de los partidos deben ser democráticos. Es evidente que lo que debe constar es la realidad del voto de los ciudadanos en las elecciones, pero a los partidos se les financia, entre otras cosas, para que formen y manifiesten la voluntad popular y sean instrumento fundamental para la participación política. Si no lo hacen, alguna Agencia, la de Transparencia, u otra, deberían poder frenar los pagos que con cargo al erario público se les hacen. Hay que tomar medidas que redundarán en beneficio de la política española y de los propios políticos que hoy, muchas veces, son señalados o percibidos como alguien que calla para seguir recibiendo sus emolumentos, prebendas y futuras pensiones. El siglo XXI necesita una mejora de la política. España se encuentra ante problemas específicos muy graves como son el separatismo y la desigualdad entre los territorios. Deben afrontarse con urgencia y firmeza, con libertad y fraternidad. La foto de los políticos que opten por quedarse quietos puede quedarse amarilla muy pronto.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de EL MUNDO FINANCIERO

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.