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ERROR GARRAFAL DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Agentes de Policía española durante la operación Wall.
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Agentes de Policía española durante la operación Wall.

El caso de los taiwaneses extraditados a China: posibles escenarios que no han llegado a producirse

· Por Carlos Uriarte, Profesor de Derecho, Universidad Rey Juan Carlos

domingo 16 de junio de 2019, 10:47h
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A finales del año 2016, la Policía española, tras haber recibido denuncias por parte del Gobierno chino, llevó a cabo la conocida como “Operación Wall”. Ésta consistió en la detención de más de 250 personas que habían estado realizando estafas telefónicas a gran escala desde España y cuyas víctimas residían en la gran potencia asiática. Se estima que pudieron obtener un beneficio que ronda los 16 millones de euros. Inmediatamente después de la detención, el Gobierno chino solicitó la extradición de los delincuentes, algo que España aceptó sin problema. Sin embargo, la mayoría de los estafadores son de origen taiwanés, territorio que se considera a sí mismo independiente de China y que tiene su propio Gobierno de facto pese a que numerosos estados, entre los que se encuentra España, no lo reconocen.

Los arrestados temen que en China continental, al tratarse de un estado autoritario en el cual la división de poderes es inexistente y los derechos humanos no siempre son respetados, puedan sufrir un juicio injusto y ser sentenciados a cadena perpetua sin haber pasado por un proceso judicial honesto. Por tanto, las defensas de todos ellos habían solicitado que se cancelara dicha extradición y que fueran juzgados en un territorio en el que sus derechos básicos estuvieran garantizados, ya sea en España o en Taiwán. Con tal propósito han ido recurriendo a los distintos tribunales de nuestro sistema, siendo su petición finalmente desestimada por el Tribunal Constitucional basándose en el Tratado de Extradición de 2005, del que ambos países, España y China, son firmantes, y habiendo comenzado ya las extradiciones para ser juzgados bajo el régimen de Pekín..

El pasado día 6 de junio se produjo la extradición masiva de 94 de los detenidos, algunos ya habían sido extraditados antes y unos pocos quedan todavía por extraditar. Se trata de una decisión sin precedentes en un Estado miembro de la Unión Europea, que pone finalmente a los ciudadanos taiwaneses en manos del sistema chino. ¿Podía haber actuado España de otra manera? Para haberlo evitado, España podría haberse apoyado en el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, el cual dictamina que un país puede juzgar a ciberdelincuentes que operan dentro de sus fronteras, aunque las víctimas se encuentren fuera de estas. Dado que China no es firmante de dicho convenio, el Gobierno de Xi Jingpin probablemente no hubiera visto con buenos ojos que el estado español se hubiera basado en este acuerdo para denegarles la extradición.

En cualquier caso, el sistema español debe regirse según el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el cual se incluyen los derechos a contar con un juez ordinario, un juicio justo y a no sufrir tratos o penas inhumanos o degradantes, algo que aquí hubieran tenido asegurado, pero que seguramente se verá vulnerado en el gigante asiático.

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