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¿REINARÁ LA SENSATEZ?

Coalición constitucionalista o neofrentepopulismo
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Coalición constitucionalista o neofrentepopulismo

· Por Pablo Sanz Bayón, Profesor de Derecho Mercantil, Facultad de Derecho – ICADE, Universidad Pontificia Comillas

sábado 30 de noviembre de 2019, 11:57h
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Si nos atenemos a los conceptos básicos de aritmética parlamentaria tras las elecciones generales del 10 de noviembre, deberíamos extraer una conclusión evidente: la suma de escaños que mejor representa los intereses de los electores sería la que menos sumandos implicara, y ésta no es otra que la supone la alianza coyuntural entre el partido de centro-izquierda y el partido de centro-derecha, que han sido los dos más votados. Si habitáramos en un país con una política guiada por la “razón de Estado”, en el sentido de salvaguardar ante todo los intereses de España y de la sociedad española, se impondría la aritmética más sencilla, como mínimo para la investidura, y de reinar la sensatez, también para la conformación del gobierno y la aprobación de los presupuestos generales. Esto sería suponer que las dos fuerzas mayoritarias actuaran con sentido de la responsabilidad, lo cual es mucho suponer.

En vez de que los resultados electorales impulsen un acuerdo de coalición entre las dos principales fuerzas políticas, asistimos a unos pactos que tratan de reeditar una suerte de Frente Popular, de infausto recuerdo, con socialistas y comunistas en el poder, con el apoyo y la bendición de los separatistas vascos y catalanes. A día de hoy, más allá del preacuerdo firmado y las primeras negociaciones postelectorales, desconocemos si esta opción fraguará finalmente para la investidura. Lo que no se puede negar es que, de salir adelante, será una coalición extremista e inestable, que polarizará aún más a la sociedad, porque en el fondo, no es una solución parlamentaria que realmente responda a los intereses mayoritarios expresados por los electores en las últimas elecciones. Un gobierno de socialistas y comunistas dañará aún más los leves consensos sobre los que se afianzó la Transición y sobre los que pivota el malherido Régimen del 78. Un gobierno neofrentepopulista agudizará aún más la crisis multidimensional (territorial, social y financiera) en la que está sumido el Estado autonómico consagrado en la Constitución. Por el contrario, si las cúpulas de los dos partidos más votados realizaran un ejercicio de responsabilidad y moderación, pactarían un gobierno compartido, de corte técnico y reformista, que permitiría dar estabilidad y proceder a unos pocos pero firmes cambios en la estructura territorial y financiera del Estado, para hacerlo sostenible y viable. La racionalidad política no parece, sin embargo, imponerse de momento. Abunda el cainismo y la política de trinchera, lo cual impide la altura de miras y la observación de un horizonte más amplio que sólo los estadistas son capaces de avizorar. Si existiera vida inteligente en las cúpulas de ambos partidos, socialistas y populares cerrarían filas y acordarían un gobierno de coalición con una agenda regeneracionista que pudiera eficazmente ejecutar reformas administrativas de gran trascendencia, contando con unas mayorías contundentes en el Congreso y en el Senado.

El neofrentepopulismo está avanzado ahora en la conformación del próximo gobierno central porque no hay un bloque constitucionalista sólido, que ofrezca una alternativa valiente. En vez de que prevalezca el acuerdo menos costoso aritméticamente, se está fraguando un conglomerado izquierdista precario y sometido al chantaje de las minorías nacionalistas y oligárquicas vascas y catalanas, que si sale adelante, volverían a tener la llave de la gobernabilidad. El hipotético gobierno neofrentepopulista parece que saldrá de un sumatorio de apoyos muy costosos en términos presupuestarios, en detrimento de las regiones y poblaciones más débiles de España y en beneficio de las más oportunistas y ricas. Además, en modo alguno este hipotético gobierno tendrá la garantía de estos chantajistas separatistas, pues precisamente el negocio de éstos últimos es su deslealtad institucional.

Ante esta probable coyuntura, en los dos partidos mayoritarios prevalecen intereses cortoplacistas. La derecha, al no ofrecer generosamente un acuerdo de gobernabilidad a la izquierda moderada, pretende dejar que se estrelle el gobierno frentepopulista y heredar las instituciones cuando la situación de vuelva crítica. La derecha, con su actitud cerril y pseudopatriótica, está prefiriendo gestionar la ruina futura de España en vez de prevenirla ofreciendo generosa y responsablemente su colaboración a la izquierda moderada que aún persiste en la socialdemocracia y en el socialismo. Por su parte, la izquierda, cada vez más radicalizada, está enrocada en su fantasía de poder, tratando de reeditar 80 años después un gobierno frentepopulista basado en maximalismos, funambulismos e ilusionismo, esta vez en versión posmoderna, que tropezará irremisiblemente, antes o después, con la realidad que impone Europa y la economía productiva.

Socialistas y populares deberían dialogar y ceder, porque ambas fuerzas representan a la mayoría social española, y en verdad están más cerca de lo que reflejan algunos emporios mediáticos con intereses mezquinos que alientan la confrontación social diariamente, de forma artificiosa. En otros países, como en Alemania, una coalición de centro-izquierda y centro-derecha forma parte de su ecosistema político, donde se anteponen los valores constitucionales básicos sobre el tacticismo de los partidos. La situación de emergencia territorial y financiera por la que atraviesa España exige un gobierno técnico y reformista, aupado gracias a la mayoría parlamentaria más fácil en términos aritméticos, que es la que suman los escaños de los socialistas y populares. Un gobierno de coalición de este tipo permitiría neutralizar el desafío catalanista, reformar la ley electoral y la ley de partidos, para encauzar así, indirectamente, la cuestión territorial, que también es la financiera, garantizando un sistema electoral proporcional con partidos políticos comprometidos con todos los principios constitucionales. Adicionalmente, este gobierno constitucionalista debería actualizar los Pactos de la Moncloa y los Pactos de Toledo, para lo que debería contar con expertos independientes. Sobre estas bases, debería acometerse la preparación de una Segunda Transición, con un paquete de reformas constitucionales que permitan la gobernabilidad de España para las próximas décadas, asegurando la viabilidad estructural del Estado. Para ello se necesitan amplios consensos que serán imposibles si se deja el gobierno ahora en manos de unos sujetos engreídos que leen la realidad en clave demagógica y que no tienen ningún reparo en encaramarse a las instituciones para satisfacer sus delirantes egos a costa de la paz social, la integridad de la nación y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

España está a punto de tener un gobierno neofrentepopulista, inestable y extremista, sometido a chantajes de los separatistas, y que sin duda tendrá un coste altísimo para la sociedad en términos económicos, máxime en una situación de desaceleración y precrisis mundial, sobre todo para las capas sociales más vulnerables, que son las que sufrirán en mayor grado la irresponsabilidad de sus líderes. Ante esta probable sinrazón, se impone la necesidad de un gobierno moderado, estable, centrista, técnico y reformista.

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