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¿El poder judicial constituyente?
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¿El poder judicial constituyente?

· Por Enrique Calvet

lunes 15 de junio de 2020, 08:02h
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Esta semana “La justicia” ha sido protagonista de lo más trascendental, lo que no suele coincidir con lo más espectacular. Destacaríamos dos hechos aparentemente aislados y distantes que, sin embargo, creemos sutil y alarmantemente relacionados. En primer lugar, el EMO Ministro de Justicia, debatiendo en sede parlamentaria con su apoyo de Gobierno separatista, ERC, ha afirmado que estamos en un debate constituyente por culpa de una crisis constituyente. Esto es de una importancia gigantesca.
Enrique Calvet
Enrique Calvet

Los procesos encaminados a cambiar una Constitución se dan de ciento en viento en las democracias y suponen el gran proceso que engloba a toda una sociedad. El grave problema, aquí y ahora, es que este debate toral que a todos nos puede cambiar la vida es cosa que parecen llevar de tapadillo el Gobierno bicéfalo con sus apoyos separatistas. No llegan a representar ni el 50 % de los votos emitidos. Estamos pues ante un debate constituyente, con participación del Ministro de Justicia, CLANDESTINO, sectario y opaco. Y si observamos que le acompañan medidas y/o leyes que subrepticiamente subvierten, poco a poco, la letra o el espíritu de la Constitución del 78 podríamos estar ante lo más parecido a un moderno golpe de Estado palaciego. Parecidísimo.

Y por eso nos fijamos en la segunda noticia de “la Justicia”. Nos referimos al final, provisional, del proceso judicial que pretendía llevar a juicio al Señor Franco, Delegado del Gobierno en Madrid, por prevaricación el 8-M. Ante todo, digamos que consideramos impecable la decisión de la juez de sobreseer provisionalmente el caso tras investigarlo a fondo. Hay que tener pruebas muy contundentes para acusar a alguien de llevar voluntariamente a personas al matadero con la certeza de lo que va a ocurrir, y menos si el mismo les acompaña con su hija. La vía penal siempre nos ha parecido una exageración equivocada, los errores se pagan políticamente y por la vía civil. Pero el tema no es ése, sino los delitos acaecidos durante el proceso de instrucción, presuntos delitos de lesa democracia y de atentado contra nuestra seguridad. En este punto nos alarma sobremanera que ni la juez haya pedido amparo, ni el Poder judicial haya intervenido con firmeza, ni el Ministro del Interior haya cesado fulminantemente a la Directora General de la Guardia Civil, firmante de un documento, (aquí sí hay prueba inapelable), que supone una injerencia intolerable en la labor de la Justicia y la incitación a cometer graves delitos a sus subordinados juramentados. Que ésta gravísima fechoría haya pasado como si se tratara de un aparcamiento en doble fila nos da escalofríos.

Una Justicia que procede a debatir de nuestro futuro clandestinamente con los separatistas delincuentes y que podría estar domesticada al servicio del ejecutivo, eso sí que quita el sueño. ¿Quién nos protege?

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