Uno de los aspectos clave en los que interviene un abogado de familia es la anticipación. La gestión patrimonial eficaz no comienza cuando surge un conflicto, sino mucho antes.

Diseñar una estrategia adecuada permite prever escenarios como rupturas matrimoniales, sucesiones o cambios en la situación económica. En este sentido, el régimen económico matrimonial es una de las primeras decisiones relevantes. Elegir entre gananciales, separación de bienes u otros modelos no es una cuestión menor, ya que condiciona la titularidad y reparto del patrimonio presente y futuro.

Además, desde Abogados Fincas Madrid, tienen claro que su papel es aportar una visión jurídica que permita estructurar correctamente la titularidad de los bienes.

“No se trata solo de quién figura como propietario, sino de cómo se articula esa propiedad para evitar conflictos o cargas innecesarias. Esto resulta especialmente importante en el caso de empresas familiares o inversiones compartidas, donde una mala planificación puede derivar en disputas complejas y costosas”, comparten.

Otro elemento fundamental es la protección del patrimonio ante posibles contingencias. El abogado analiza riesgos y propone mecanismos legales para minimizarlos. Esto puede incluir desde la redacción de capitulaciones matrimoniales hasta la creación de estructuras que separen el patrimonio personal del empresarial.

El objetivo es claro: evitar que situaciones personales afecten de manera negativa a los activos familiares.

En el ámbito sucesorio, su papel es igualmente determinante. Una planificación adecuada de la herencia no solo facilita el reparto de bienes, sino que también puede optimizar la carga fiscal y evitar conflictos entre herederos. El testamento, en este contexto, se convierte en una herramienta clave que debe adaptarse a la realidad patrimonial y familiar de cada caso.

En definitiva, el contar con un profesional del campo del derecho de familia no solo aporta seguridad jurídica, sino que permite tomar decisiones con una visión global y a largo plazo.

La abogacía, cuando se ejerce desde su dimensión más profunda, no se limita a interpretar normas ni a tramitar expedientes. También implica traducir la complejidad del sistema en respuestas comprensibles para quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad. Esa idea atraviesa la trayectoria de Velázquez&Villa Abogados, un despacho que ha orientado su actividad hacia el derecho laboral, las incapacidades y las prestaciones de la Seguridad Social, ámbitos donde la técnica jurídica se cruza de forma inevitable con la salud, el trabajo, la dignidad y el proyecto vital de cada persona.

La vocación por la abogacía nació muy pronto para María Teresa Menéndez Villa. «Desde muy joven tuve una clara vocación por ayudar a las personas», explica la letrada al recordar el origen de su camino profesional. Antes de estudiar Derecho cursó Relaciones Laborales, una formación que le permitió acercarse al ámbito jurídico desde una perspectiva práctica y vinculada a la realidad de los trabajadores. También su entorno familiar influyó de manera decisiva: creció viendo cómo su padre ayudaba a otras personas a entender y ejercer sus derechos, una experiencia que terminó consolidando su sensibilidad hacia la defensa jurídica.

Los primeros años en el ejercicio profesional fueron versátiles, como ocurre en muchos despachos. El contacto con distintas áreas del Derecho le permitió adquirir una base amplia antes de avanzar hacia la especialización. Con el tiempo, el ámbito laboral y de la Seguridad Social se reveló como el espacio donde el despacho podía aportar mayor valor. «Se trata de un campo muy técnico, pero también profundamente humano», sostiene. Esa combinación explica la orientación actual de Velázquez&Villa Abogados: rigor jurídico, estudio minucioso y acompañamiento cercano en procesos que suelen llegar cargados de incertidumbre.

La especialización en incapacidades laborales no apareció como una decisión abrupta, sino como un proceso natural. A medida que el despacho profundizaba en la materia, también comprendía la necesidad de construir un método propio, basado en la experiencia, la mejora continua y el análisis concienzudo de cada caso. En este terreno, la precisión resulta determinante: no basta con acreditar una enfermedad, sino que debe demostrarse jurídicamente cómo esa patología afecta a la capacidad real de trabajar.

Ese matiz, aparentemente técnico, es uno de los puntos que más dificultades genera entre los clientes. Muchas personas creen que el diagnóstico médico es suficiente para acceder a una prestación, cuando el sistema exige una valoración mucho más compleja. «Es necesario acreditar jurídicamente cómo esa enfermedad afecta a la capacidad de trabajar», explica. La falta de información produce frustración, inseguridad y decisiones equivocadas, especialmente cuando el trabajador no cuenta desde el inicio con asesoramiento especializado.

Los casos más habituales que llegan al despacho están relacionados con patologías del sistema musculoesquelético: problemas de columna, articulaciones o musculatura, muchas veces vinculados a años de actividad profesional. Sin embargo, en los últimos tiempos también se observa un incremento significativo de patologías psíquicas. Son enfermedades que siempre han existido, pero que hoy cuentan con mayor visibilidad y reconocimiento. Este cambio anticipa, además, una evolución relevante del derecho laboral en los próximos años, especialmente en lo relacionado con la salud mental y las nuevas realidades del trabajo.

Velázquez&Villa Abogados insiste en que uno de los errores más frecuentes de los trabajadores es desconocer sus derechos o confiar únicamente en el criterio médico sin comprender la dimensión jurídica del procedimiento. También existe un desconocimiento generalizado sobre los distintos grados de incapacidad, los requisitos de acceso o la forma en que se valoran las limitaciones en relación con la profesión habitual. «Paradójicamente, hablamos poco de estos temas cuando son situaciones que pueden afectar a cualquier persona en algún momento de su vida», señalan desde el despacho.

Aunque su principal especialización son las incapacidades laborales y las prestaciones de la Seguridad Social, el despacho también trabaja en otras áreas del derecho laboral: conflictos laborales, reclamaciones de derechos, despidos y situaciones donde sea necesario defender los intereses de las partes con seguridad jurídica.

Su clientela está formada, en gran medida, por trabajadores que han desarrollado una actividad durante años y que, a causa de problemas de salud, ven limitada su capacidad para continuar ejerciendo su profesión. Llegan con dudas, temor e incertidumbre. La labor del despacho consiste en ordenar esa situación, explicar el procedimiento y construir una estrategia jurídica sólida.

También las empresas, en su opinión, deben asumir una gestión más responsable de las relaciones laborales. La prevención, el asesoramiento especializado y la comprensión de que detrás de cada conflicto hay una persona resultan claves para evitar tensiones y favorecer entornos laborales más saludables.

A nivel personal, la mayor satisfacción de esta profesión sigue estando en el impacto directo sobre la vida de quienes confían en el despacho. «Saber que, a través de nuestro trabajo, contribuimos a que alguien pueda ver reconocidos sus derechos es, probablemente, lo más gratificante de esta profesión». En esa frase se resume una manera de ejercer la abogacía donde el expediente nunca borra a la persona.

En una época atravesada por el sobreendeudamiento, la fragilidad económica y la incertidumbre empresarial, el derecho mercantil ha dejado de pertenecer únicamente al territorio de los balances, las sociedades y los conflictos patrimoniales. En manos de María Isabel Miranda Santiago, esa rama jurídica adquiere una dimensión más profunda: la de convertirse en una herramienta concreta para devolver autonomía, dignidad y horizonte a quienes han quedado atrapados en una situación financiera aparentemente irreversible.

Su reconocimiento en los Premios Europeos Carlos III a la Excelencia y el Liderazgo confirma una trayectoria marcada por la especialización, la exigencia y una forma de entender la abogacía que combina técnica y humanidad sin confundir una cosa con la otra. «La gente insiste en presentar el derecho mercantil como algo frío, cuando en realidad es una de las ramas jurídicas más humanas», sostiene. Para Miranda Santiago, detrás de cada insolvencia, reestructuración o conflicto económico no hay solo expedientes: hay miedo, poder, riesgo, fracaso percibido y, en muchos casos, una segunda vida posible.

Esa mirada ha ido madurando a lo largo de su carrera. Su evolución profesional parte de una formación jurídica sólida, pero avanza hacia una comprensión más amplia del conflicto. «Ya no observo solo el problema legal; observo también el momento empresarial, la psicología del cliente, la posición procesal y el coste real de cada decisión», explica. En ese punto sitúa el verdadero valor del abogado mercantil: no basta con conocer la norma; hay que interpretar el escenario completo antes que los demás, detectar qué está realmente en juego y diseñar una estrategia viable.

Entre las áreas en las que trabaja, la Ley de Segunda Oportunidad ocupa un lugar central por su impacto humano y social. «No se trata solo de cancelar deuda, sino de devolver capacidad de decisión a una persona», afirma. La frase resume una concepción del derecho que no se agota en el trámite ni en la resolución favorable. Para ella, estos procedimientos exigen conocimiento de deuda, jurisprudencia, estrategia procesal y futuro económico del cliente. Ahí, afirma, se distingue si un jurista domina realmente la materia o solo conoce su superficie.

La abogada subraya que la segunda oportunidad puede desactivar situaciones que funcionan como condenas civiles encubiertas. Personas que han arrastrado durante años una deuda, una ruina empresarial o una imposibilidad de recomenzar encuentran en el procedimiento no una fórmula mágica, sino una vía jurídica para reorganizar su vida. «Hay casos en los que no solo se elimina una deuda; se desactiva una condena civil encubierta de por vida», señala.

Esa dimensión transformadora exige también una relación honesta con el cliente. Miranda Santiago rechaza tanto la frialdad técnica como la cercanía vacía. «La empatía sin solvencia técnica consuela, pero no salva; y la técnica sin empatía resuelve a medias», sostiene. Muchas personas llegan agotadas, humilladas o convencidas de que han fracasado. Su tarea consiste en decir la verdad, ordenar el caos y construir una estrategia seria. La claridad, en este contexto, no es un gesto amable: es una forma de protección. «Un cliente puede soportar una mala noticia; lo que no soporta bien es la opacidad», afirma.

Los reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera los interpreta como un indicador externo de excelencia, no como una meta complaciente. Para ella, los premios funcionan como termómetro: revelan que una forma de trabajar exigente y especializada resulta perceptible más allá del despacho y de la relación directa con el cliente.

Su compromiso se extiende también al derecho social y a la protección de colectivos vulnerables. En ese terreno, identifica un desafío recurrente: las personas en situación de vulnerabilidad rara vez presentan un único problema jurídico. Suelen acumular dificultades económicas, emocionales, familiares o culturales. Por eso, el reto no consiste solo en defender, sino en traducir el derecho sin infantilizar y construir soluciones útiles en la práctica.

La divulgación jurídica ocupa un espacio decisivo en su filosofía profesional.

«Explicar bien el derecho ya transforma», sostiene. Una sociedad mal informada queda más expuesta al abuso, al miedo y a decisiones injustas. Cuando alguien comprende que todavía dispone de mecanismos legales para reorganizar su vida, no recibe únicamente información: recupera poder.

Como mujer referente en el ámbito mercantil, Miranda Santiago también denuncia inercias persistentes dentro del sector jurídico. «Siguen existiendo estructuras que premian la mediocridad masculina mientras exigen a muchas mujeres brillantez acreditada para concederles la mitad de la autoridad», advierte. Frente a ello, reivindica una igualdad seria, basada en ocupar espacios de decisión, generar resultados y ejercer liderazgo sin suavizar la ambición ni el criterio propio.

De cara al futuro, anticipa tres grandes transformaciones: una mayor sofisticación del derecho de la insolvencia, la incorporación definitiva de la inteligencia artificial al análisis jurídico y el aumento de vulnerabilidades económicas cada vez más complejas. La precariedad moderna, recuerda, no siempre adopta formas visibles de exclusión; muchas veces aparece como sobreendeudamiento, fragilidad patrimonial o asfixia financiera silenciosa.

Su convicción final resume toda una manera de ejercer: «El derecho está para intervenir en la realidad». Y, sobre todo, para abrir caminos allí donde parecía haber solo bloqueo. Porque, como afirma María Isabel Miranda Santiago, «el derecho no debe ser un muro, sino una palanca».

Comprender cómo funciona la gestión de herencias e impuestos sucesorios en Barcelona resulta clave para evitar problemas económicos y demoras administrativas. La normativa catalana establece diferentes condiciones según el vínculo familiar, el valor de los bienes heredados y el tipo de patrimonio involucrado. En muchos casos, los herederos deben tomar decisiones importantes en un período corto de tiempo, mientras atraviesan una situación personal difícil. Especialistas del sector señalan que gran parte de las consultas se relacionan con dudas sobre impuestos, titularidades y distribución de bienes.

La evolución del mercado inmobiliario también influye directamente en este escenario. El aumento sostenido del valor de las propiedades hizo que muchas sucesiones incluyan activos con tasaciones elevadas, especialmente en barrios céntricos o zonas residenciales consolidadas. Según datos del portal Idealista, el precio medio de la vivienda en Barcelona registró un incremento superior al 7% interanual durante 2025. Este crecimiento impacta de manera directa sobre la valoración patrimonial que se utiliza en distintos trámites sucesorios.

A nivel nacional, también reflejan un cambio demográfico. Datos del Consejo General del Notariado indican que en España se tramitan más de 350.000 herencias por año, una cifra que mantiene una tendencia creciente vinculada al envejecimiento de la población y al volumen de patrimonio acumulado en vivienda. Muchos de esos procesos incluyen propiedades familiares que pasan de una generación a otra y que requieren regularización documental antes de poder venderse, alquilarse o repartirse entre herederos.

Los especialistas coinciden en que la falta de planificación previa suele generar los principales conflictos. Documentación incompleta, testamentos desactualizados o diferencias entre herederos aparecen entre las situaciones más frecuentes. En otros casos, las familias desconocen la existencia de bonificaciones fiscales o reducciones previstas por la normativa catalana para determinados grupos familiares. Sobre el tema, desde el estudio González & Martínez, señalan que “esa falta de información puede traducirse en costos más altos o en retrasos que complican la administración de los bienes heredados”.

Desde distintos despachos especializados explican que cada vez más familias buscan asesoramiento antes de que ocurra una sucesión. El objetivo es ordenar la situación patrimonial, revisar escrituras, actualizar registros y definir criterios claros sobre el reparto de bienes. Esta planificación permite reducir la incertidumbre y agilizar los trámites futuros. También facilita que los herederos puedan afrontar el proceso con mayor previsibilidad y menos carga administrativa.

Otro de los aspectos que preocupa a muchas familias es la posibilidad de tener que vender una propiedad para afrontar impuestos o gastos derivados. Esto ocurre especialmente cuando el patrimonio heredado está compuesto por inmuebles pero no existen ahorros líquidos suficientes para cubrir obligaciones fiscales. Por ese motivo, los asesores recomiendan analizar con anticipación las alternativas disponibles y estudiar el impacto económico de cada decisión.

Hablar sobre herencias todavía genera incomodidad en muchas familias, pero cada vez más personas entienden que ordenar estos temas puede evitar problemas futuros. La planificación patrimonial dejó de verse únicamente como una cuestión legal o económica y comenzó a considerarse una herramienta para dar mayor tranquilidad a quienes deberán afrontar decisiones importantes en el futuro.

José Montero, director del despacho, ha declarado que lo primero que se debería hacer es trabajar con cada perjudicado para aclarar los hechos y valorar la documentación disponible; a partir de ahí, se propondrán las opciones procesales más adecuadas. Montero añade que, dada la pluralidad de supuestos (falta de mala fe, errores formales o posibles incumplimientos), cada caso requiere un análisis individualizado antes de decidir si procede la vía civil o penal. Según Montero, los responsables pueden enfrentarse a entre 4 y 5 años de estafa agravada y disponen de algunos mecanismos para recuperar el dinero. Según Montero, las denuncias penales iniciales pueden ser una buena vía para iniciar la estrategia para conseguir cobrar. Es una presunta ausencia de buena fe.

Recomendaciones prácticas del despacho:

Respecto a la recomendación pública hecha por responsables del municipio —que instaban a los perjudicados a presentar demanda y, si procede, alcanzar acuerdos— José Montero considera que esa orientación es prudente: subraya la necesidad de demandas bien planteadas y recuerda que en ocasiones una negociación responsable y técnicamente bien dirigida permite soluciones ágiles para las partes afectadas.

Uno de los aspectos más críticos en la gestión de una herencia son los plazos. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones debe liquidarse generalmente en un periodo de seis meses desde el fallecimiento, aunque es posible solicitar una prórroga. Sin embargo, esta solicitud también tiene su propio límite temporal, y no cumplir con estos requisitos puede implicar recargos o sanciones. Desde Plataforma Hereditaria, con abogados especialistas en herencias en Madrid, se conocen estos tiempos con precisión y se encargan de que todo se gestione dentro de los márgenes legales, evitando errores que pueden resultar costosos.

Además de los plazos, el proceso incluye una serie de trámites que pueden resultar confusos para quienes no están familiarizados con ellos.

El abc de la documentación en una herencia

La obtención del certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades, la localización del testamento, la elaboración del inventario de bienes y deudas, y la posterior aceptación y adjudicación de la herencia son pasos que requieren rigor documental y conocimiento técnico.

Un profesional no solo agiliza estas gestiones, sino que también previene omisiones o inconsistencias que podrían generar problemas futuros.

Otro punto clave es la toma de decisiones. Aceptar una herencia no siempre es la mejor opción, especialmente si existen deudas asociadas. En estos casos, puede valorarse la aceptación a beneficio de inventario o incluso la renuncia. Estas decisiones deben tomarse con una visión clara de las implicaciones legales y económicas. Un profesional ofrece un análisis objetivo de la situación, ayudando a los herederos a tomar decisiones informadas y alineadas con sus intereses.

La gestión de conflictos familiares es otro ámbito fundamental. Las herencias pueden generar tensiones entre herederos, especialmente cuando no existe un testamento claro o cuando hay discrepancias en la valoración o reparto de los bienes. La intervención de un profesional aporta neutralidad y facilita el diálogo, evitando que las diferencias escalen hasta procesos judiciales largos y costosos.

Asimismo, el conocimiento fiscal es determinante. Dependiendo de la comunidad autónoma, el impuesto de sucesiones puede variar significativamente, con bonificaciones o reducciones específicas. Un experto en la materia puede optimizar la carga fiscal dentro del marco legal, lo que en muchos casos supone un ahorro considerable. Esta optimización no es intuitiva y requiere experiencia práctica en la normativa vigente.

“Este nuevo espacio es coherente con lo que somos hoy como firma”, señala Delia Rodríguez, CEO de VESTALIA Abogados y experta en Derecho de Familia y Planificación Patrimonial. “Nuestro trabajo ya no se limita a la resolución de conflictos, sino que se centra en acompañar a nuestros clientes de distintas nacionalidades y realidad cultural en decisiones estratégicas que afectan a su legado personal, familiar y empresarial”.

En un contexto donde las estructuras familiares y patrimoniales son cada vez más complejas, el despacho ha reforzado un modelo de asesoramiento que integra el análisis jurídico con la anticipación y la planificación. Procesos como divorcios, sucesiones o reorganizaciones patrimoniales se abordan desde una perspectiva global, orientada no solo a resolver, sino a ordenar y proteger.

Esta transformación responde a una demanda creciente: clientes de diversas culturas que buscan no únicamente soluciones puntuales, sino criterio, visión y acompañamiento experto en momentos decisivos.

La nueva sede nace precisamente como expresión de esta forma de trabajar. Un espacio concebido para favorecer la discreción, la reflexión y la toma de decisiones con perspectiva, en línea con la naturaleza de los asuntos que aborda la firma.

“Abrir oficinas en la Milla de Oro de Madrid supone una gran apuesta para el despacho. Es el resultado de nuestra evolución estratégica centrada en aportar valor real en decisiones que no solo afectan al presente, sino que definen el futuro”, afirma la CEO de VESTALIA Abogados.

Acerca de VESTALIA Abogados

VESTALIA Abogados es un despacho especializado en Derecho de Familia, Infancia, Planificación Patrimonial y Sucesiones. Ubicado en la Milla de Oro de Madrid, ofrece sus servicios a nivel nacional e internacional en su apuesta por la diversidad cultural.

La firma nace en 2015 de la alianza entre Delia y Adriana Rodríguez, hermanas y socias con un firme propósito, ayudar a familias en sus momentos más complejos vinculados con sus derechos, su descendencia, herencia y legado.

· LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vestalia-abogadosdefamilia/

Puede acceder a otra información de interes en >>>

https://www.elmundofinanciero.com/noticia/122983/emprendedores-e-ideas/historias-emprendedoras-el-secreto-visual-para-llevar-un-negocio-normal-a-ser-un-gran-exito.html

Durante la jornada se abordaron cuestiones de enorme interés, como el impacto de la intensa regulación que afecta al sector, las llamativas diferencias en los tipos de IVA aplicables a ganaderos y empresarios, o los retos jurídicos a los que se enfrenta la tauromaquia en su desarrollo y protección.

También hubo espacio para reflexionar sobre el estado actual de la fiesta, donde, pese a las dificultades, se percibe un claro resurgir, con plazas llenas y una creciente presencia de público joven. En este sentido, resultó especialmente relevante conocer la labor que la Fundación Toro de Lidia viene desarrollando en la defensa de los valores de la tauromaquia y su supervivencia en todos los ámbitos.

Asimismo, se trataron cuestiones de actualidad como el acceso de los menores a los festejos o el impacto que tiene la retransmisión televisiva en la difusión y proyección de la fiesta.

La jornada nos dejó también momentos más personales, en los que los ponentes compartieron anécdotas que reflejan la intensidad y la singularidad de sus respectivas trayectorias en el mundo del toro.

La jornada destacó por la presencia del afamadpo empresario de toro de lidia Victorno Martín, hijo del galapagueño Victorino Martín Andrés (1929-2017) legendario ganadero español, fundador de la famosa ganadería de toros bravos que lleva su nombre, reconocida por la bravura y dureza de sus animales. Actualmente, la ganadería es gestionada por su hijo, Victorino Martín García, veterinario y figura clave en la tauromaquia actual como uno de los mayores defensores de toro bravo.

En este contexto, Alfredo Izquierdo, CEO de Agora Iuris, ha participado en una mesa redonda en la que ha compartido la experiencia de la firma en procesos de internacionalización y acompañamiento a empresas en mercados complejos, poniendo el foco en la importancia de contar con conocimiento local y asesoramiento especializado para garantizar el éxito de las operaciones.

En línea con esta estrategia, Agora Iuris ha puesto en marcha su Armenian Desk, liderado por Anna Abgaryan, abogada y referente del Departamento Jurídico de la firma, con el objetivo de facilitar las relaciones empresariales y las inversiones tanto desde España e Italia hacia Armenia como en sentido inverso.

“Para mí, teniendo origen armenio, es un verdadero placer y una gran ilusión poder estar en Armenia y descubrir de primera mano el talento del país, especialmente en sectores como el IT. Poder contribuir a crear y fomentar sinergias entre empresas armenias y compañías españolas e italianas representa una oportunidad única para impulsar colaboraciones con gran potencial de crecimiento”, ha señalado Abgaryan.

La creación de este Armenian Desk responde a la creciente demanda de acompañamiento especializado en procesos de expansión internacional, en un contexto en el que Armenia se posiciona como un mercado con oportunidades en sectores como el tecnológico, industrial y turístico, además de actuar como puerta de entrada a otros países de la región.

Por su parte, Alfredo Izquierdo ha destacado que: “La internacionalización no es solo una cuestión de abrir nuevos mercados, sino de hacerlo con conocimiento, criterio y acompañamiento experto. Iniciativas como este foro permiten identificar oportunidades reales y establecer relaciones de confianza que son clave para el desarrollo de proyectos a largo plazo”.

El Business Forum España–Armenia nace con la vocación de consolidarse como una cita anual de referencia para el impulso de las relaciones económicas bilaterales, en un momento en el que las empresas buscan diversificar mercados y acceder a nuevos entornos de crecimiento.

El error más frecuente consiste en analizar estos asuntos como si el verdadero problema comenzara con una citación judicial, una declaración o una eventual apertura de juicio oral. Según José Montero, ceo de Montero de Cisneros Abogados “Ese esquema hoy en día es insuficiente. En derecho penal económico, el daño rara vez empieza en la sentencia y muchas veces ni siquiera empieza en el juzgado. Empieza antes: cuando se erosiona la confianza, cuando se tensiona el consejo, cuando un socio duda, cuando la financiación se resiente o cuando el nombre del cliente entra en una lógica de sospecha pública o privada”, señala.

Esa realidad obliga a superar una visión demasiado estrecha del derecho penal económico, centrada únicamente en la discusión técnica sobre jurisprudencia, nulidades o pruebas. Sin negar la importancia de ese plano, en los asuntos verdaderamente delicados el riesgo es simultáneamente jurídico, reputacional, societario y financiero. Una investigación mal gestionada puede fracturar la posición interna de una compañía, deteriorar la relación con bancos e inversores, bloquear decisiones estratégicas y comprometer de manera prematura el activo más difícil de reconstruir: la credibilidad.

Lo que con frecuencia se pone en riesgo mucho antes es la continuidad del negocio, la estabilidad de la estructura societaria y el prestigio personal de quien dirige o controla la empresa.

Desde esa perspectiva es necesario un modelo de intervención más exigente, en el que la defensa empiece desde el primer indicio con capacidad real de contaminar la reputación o la operativa del cliente. Eso implica, preservar la prueba de forma ordenada, delimitar con rapidez la verdadera exposición jurídica, revisar los puntos de vulnerabilidad interna, anticipar la posición de administradores y socios, y construir una estrategia coherente tanto para el procedimiento como para el entorno empresarial.

También es necesario poner el foco en la necesidad de abandonar una visión ornamental del compliance. El cumplimiento normativo solo adquiere verdadero valor cuando sirve para prevenir, detectar, documentar y reaccionar. El compliance serio no es un documento para exhibir cuando estalla una crisis. Es una herramienta de credibilidad y de defensa. Cuando surge un problema, no basta con afirmar que existían protocolos: hay que demostrar que funcionaban, que se activaron y que la compañía reaccionó con seriedad, trazabilidad y sentido de responsabilidad.

Una defensa eficaz ya no puede limitarse al expediente ni agotarse en la sala. Debe incorporar una lectura más sofisticada del daño, especialmente en perfiles empresariales o patrimoniales en los que una investigación no compromete únicamente la posición procesal del cliente.

En un entorno económico en el que la exposición reputacional y el riesgo corporativo son cada vez más sensibles, la distinción clásica entre defensa penal y estrategia empresarial resulta hoy demasiado rígida. El cliente sofisticado no busca únicamente un abogado capaz de discutir un tipo penal o una prueba pericial, sino un asesor que entienda el efecto integral de una investigación sobre la estructura económica, societaria y personal del asunto.

Por ello, es necesario un cambio de mentalidad tanto en la abogacía como en la propia empresa. Hoy no basta con defenderse; hay que contener el daño desde el primer día. Y eso obliga a unir el derecho penal con derecho económico, reputación, empresa y gestión de crisis en una sola lectura del problema. Quien llegue tarde a esa comprensión, llega tarde a la defensa.

Alguien podría objetar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí contempla el derecho de propiedad, en su artículo 17, que dice: “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. Es una mención casi suficiente, a la que sólo le falta decir algo que se reconocía incluso en la época del Absolutismo, por Bodino, que la expropiación forzosa sólo puede darse por causa de utilidad pública y mediante un justiprecio. Pero la Declaración Universal de 1948 era una mera Resolución de la Asamblea General de NU, no un Tratado Internacional, por ello, su validez es inicialmente moral, aunque se ha consolidado ya jurídicamente, como costumbre internacional.

Eso nos indica que aunque muchos presenten a la ONU, como una organización de defensa de los Derechos Humanos, muy a mi pesar he de decir que eso no es exactamente así. Ciertamente hay muchos Tratados Internacionales, adoptados bajo los auspicios de Naciones Unidas, que promueven los Derechos Humanos, pero en absoluto el derecho de propiedad, porque una organización, nacida en, por y para la guerra fría, habría de contar para ello con la anuencia del bloque soviético, y nunca la tuvo, como quedó claro en la ocasión más propicia para ello, que fue la de dos grandes Tratados universales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 16 y 19 de diciembre de 1966.

Como ustedes verán, la defensa de los Derechos Humanos de la ONU es relativa, bastante más de lo que se suele reconocer. De ello quizás hable otro día, pero está claro que en el caso del derecho de propiedad es poca, por lo que su protección internacional, opera básicamente en el seno del bloque occidental. En el ámbito interamericano, tenemos el “Pacto de San José”, o Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, cuyo artículo 21 dice: “Derecho a la Propiedad Privada. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”. Todos los párrafos son razonables, aunque el tercero, siéndolo, suena a disculpa, porque se refiere a cuestiones importantes, pero distintas de la propiedad privada, lo que deja claro que, pese a su defensa, era imperativo hacer concesiones a una hegemonía cultural, que ya no era la occidental.

Algo parecido sucede en el ámbito regional europeo, donde el derecho de propiedad no se incluyó inicialmente en su Tratado más señero, el Convenio de Roma, de 1950 “para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”, que es el principal documento humanitario del Consejo de Europa, el cual fue creado en 1949, para la defensa de la Democracia y los Derechos Fundamentales. El derecho de propiedad hubo de esperar al Protocolo Adicional de 20/03/1952, que en su artículo 1 lo reconoce, si bien su párrafo 2º vuelve a incurrir en matices ajenos al derecho de propiedad, como el muy europeo de los impuestos. También la Unión Europea lo regula en la Carta de los Derechos Fundamentales del año 2000, en este caso correctamente y sin matices exorbitantes, lo que es de agradecer, porque el derecho de propiedad, que en Locke va de la mano de la libertad, al igual que en la Declaración Francesa de 1789, es un derecho que es preciso defender, sin complejos, en el desnortado mundo de hoy.

Una de las funciones principales de estos profesionales es el análisis de la situación económica del cliente. Antes de iniciar cualquier trámite, evalúan el nivel de endeudamiento, los ingresos, el patrimonio disponible y la viabilidad de acogerse al procedimiento. Este diagnóstico inicial permite determinar si la persona cumple con los requisitos legales, como actuar de buena fe y no haber sido condenada por determinados delitos económicos.

El asesoramiento también incluye la explicación de las distintas etapas del proceso. La ley contempla, en primer lugar, la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores. En esta instancia, se negocian plazos, quitas o reestructuraciones de la deuda. Si no se logra un acuerdo, se avanza hacia la vía judicial, donde se solicita la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, la cancelación de las deudas que no pudieron ser abonadas.

La preparación y presentación de la documentación es otra tarea central. El procedimiento exige reunir información detallada sobre la situación financiera del solicitante, incluyendo contratos, movimientos bancarios, listado de acreedores y bienes. Un error o una omisión puede retrasar el trámite o incluso provocar su rechazo, por lo que la intervención profesional resulta determinante.

Además, los juristas representan al deudor ante los juzgados y demás organismos involucrados. Durante el proceso, deben responder a requerimientos, presentar escritos y defender la posición del cliente en cada instancia. Esta representación permite que el solicitante no tenga que enfrentarse solo a un procedimiento que puede resultar complejo.

En cuanto a los tiempos, el proceso no es inmediato. La duración depende de varios factores, como la complejidad del caso, la cantidad de acreedores y la carga de trabajo de los juzgados. En términos generales, puede extenderse entre seis meses y dos años. Las reformas introducidas en 2022 buscaron simplificar algunos pasos y reducir plazos, especialmente en los casos sin bienes.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en España se registraron más de 20.000 concursos de persona física en 2023, una cifra que muestra el crecimiento del uso de este mecanismo. Este aumento está vinculado a la situación económica de los últimos años y a una mayor difusión de la ley entre la población.

Otro aspecto relevante es el acompañamiento durante todo el proceso. Los abogados no solo cumplen una función técnica, sino que también orientan al cliente en la toma de decisiones. En este sentido, desde Olvida tus Deudas, señalan: “Muchas personas que recurren a esta herramienta atraviesan situaciones de presión económica, por lo que contar con información clara y seguimiento constante resulta importante”.

El trabajo de estos profesionales también incluye informar sobre las consecuencias del procedimiento. Si bien la ley permite cancelar deudas, existen efectos como la posible liquidación de bienes o la inclusión temporal en registros. Explicar estos aspectos ayuda a que el solicitante tenga expectativas realistas.

La ley de segunda oportunidad se consolidó como una alternativa para quienes buscan reorganizar su situación financiera. En este escenario, la intervención de abogados especializados facilita el acceso al procedimiento y mejora las posibilidades de obtener un resultado favorable, en un proceso que continúa ganando relevancia dentro del sistema jurídico español.

La iniciativa, celebrada en Mairena del Aljarafe, ha reunido a dirigentes y perfiles destacados del ámbito político y jurídico, entre ellos el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, cuya intervención ha tenido un marcado carácter institucional y político en apoyo al proyecto liderado por Juanma Moreno como candidato a la presidencia de Andalucía.

Bajo esta premisa se darán cita jóvenes procedentes de distintos municipios en una jornada de formación, debate y reflexión que contó con la participación de destacados representantes políticos y referentes institucionales como Juan Ignacio Zoido, Carmen Crespo, Borja Giménez y Juan Bravo, entre otros, quienes compartieron su experiencia y visión sobre los principales retos que afronta la sociedad actual.

Defensa del Estado de Derecho y la judicatura

Durante su participación, Ospina reivindicó el papel de las instituciones judiciales en España, subrayando que “España tiene una judicatura con una integridad moral intachable defendiendo nuestra Constitución”, en una intervención centrada en la fortaleza del Estado de Derecho y las garantías democráticas.

El abogado incidió en la necesidad de respaldar un modelo político basado en principios sólidos: “Quiero estar del lado de quienes defienden la libertad, la igualdad, la justicia y la dignidad”, afirmó ante los asistentes, en un mensaje alineado con los valores que inspiran la escuela formativa.

Recordatorio de la gestión pública del PSOE en Andalucía

En clave política, Ospina lanzó también un mensaje crítico recordando la gestión de los recursos públicos en la era socialista en Andalucía, recordando que “no podemos ser gobernados por quienes despilfarran los recursos públicos quitándolos de donde más se los necesita”, apoyando la continuidad de Juanma Moreno al frente de la Junta y pidiendo no volver a la era de corrupción.

Un foro político con vocación europea

La escuela, que rinde homenaje a Alberto Jiménez-Becerril, figura emblemática en la defensa de la libertad, se ha consolidado como un espacio de referencia para la formación política de jóvenes, abordando cuestiones como el papel de Europa, el acceso a la vivienda o el relevo generacional.

Con esta segunda edición, Nuevas Generaciones de Sevilla refuerza su apuesta por generar una nueva generación de líderes políticos con vocación de servicio público, en un contexto marcado por la preparación de futuros escenarios electorales en Andalucía.

UNA REVOLUCIÓN: DE DESPACHO A PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Grupo Repara no ha creado una simple herramienta, sino un sistema de ventaja competitiva.

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De ese diagnóstico —y de años litigando en primera línea del derecho administrativo— nace después de dos años de trabajo CASIA el proyecto impulsado por Marcos Peña, abogado administrativista, Funcionario de Carrera, Doctor en Derecho Administrativo y CEO de la herramienta y de una sociedad en la que aceleradora Fusión es uno apoyo estratégico al proyecto, al igual que sus programadores y los juristas que aportan sus conocimientos. “Introducimos la IA en la práctica contenciosa, algo pionero en nuestro país”, afirma

Estel pasado 7 de abril, Marcos Peña intervino como ponente en el evento Public Business Sales organizado por Orange Empresas junto a la Cámara de Comercio de Sevilla, celebrado en Torre Sevilla. En el panel dedicado a la aplicación de la inteligencia artificial en la pequeña administración pública, presentó CASIA ante responsables de diputaciones, ayuntamientos y empresas tecnológicas.

Según nos explica, la acogida fue significativa: la herramienta ha suscitado ya el interés de despachos y boutiques especializados en derecho público, que han reconocido en CASIA algo que el mercado Legaltech no había ofrecido hasta ahora: una herramienta construida desde dentro de la lógica casacional, no desde fuera, y diseñada con la especificidad que la casación contencioso-administrativa exige y que las soluciones generalistas no pueden ofrecer.

El próximo gran escaparate será el IV Encuentro Nacional de Gestión Pública organizado por NUTCO, los días 15 y 16 de octubre de 2026 en el Palacio de la Paz de Fuengirola. Allí CASIA se mostrará en funcionamiento sobre casos reales, ante un público de gestores públicos, juristas y profesionales del sector.

Para este jurista, “la casación contencioso-administrativa no es un recurso ordinario. Es, por definición, el recurso de élite del orden administrativo: económicamente costoso, procesalmente exigente y técnicamente inaccesible para la mayoría. No basta con conocer bien el derecho administrativo. Es necesario dominar una lógica procesal muy específica —la del interés casacional objetivo— que hasta ahora solo manejaban con soltura unos pocos despachos especializados y un puñado de letrados con años de práctica ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo”, indica

En su opinión, “esa barrera no es económica. Es de conocimiento. Preparar un recurso de casación con las garantías adecuadas requería o bien pertenecer a una firma con unidad especializada, o bien haber acumulado durante años la experiencia y la jurisprudencia necesarias para saber qué pregunta le puedes hacer al Tribunal Supremo y cuál no tiene ningún recorrido. Quien no tenía ese conocimiento, sencillamente no podía competir en igualdad de condiciones. Cuestiones como las tributarias, urbanísticas o de función publica generan controversia e implican a administraciones públicas con empresas. Ahí los abogados expertos en casación somos clave para gestionar ese recurso”, indica Peña.

Las aportaciones de CASIA

Este experto en contencioso comparte la idea de que desde la reforma de 2015, el Tribunal Supremo no existe para corregir sentencias injustas. Existe para fijar doctrina jurídica cuando el caso lo justifica. Esa justificación tiene nombre propio: el interés casacional objetivo.

“Sin un interés casacional bien identificado y bien formulado, no hay recurso posible. No importa lo injusta que sea la sentencia de instancia. No importa cuántas horas haya invertido el letrado. Si la pregunta que se le plantea al Supremo no es la que él está dispuesto a responder, el recurso no llega”, advierte.

En su opinión. el problema es que identificar correctamente ese interés casacional exige algo que el trabajo diario de un despacho no siempre permite: tiempo para rastrear contradicciones entre diferentes Tribunales Superiores de Justicia, criterio para distinguir las que son jurídicamente relevantes de las que no, y precisión para formular el tema deciden di en los términos exactos que el Supremo reconocerá como propios.

“En este contexto CASIA es una herramienta de inteligencia artificial creada específicamente para resolver ese problema. No es un buscador de jurisprudencia ni un redactor automático. Es, un sistema de decisión jurídica: su misión no es escribir el recurso por el abogado, sino asegurarse de que el abogado toma las decisiones estratégicas correctas antes de escribir una sola línea”.

De hecho nos indica que “la herramienta evalúa la viabilidad del recurso con criterios objetivos, construye la argumentación del interés casacional con jurisprudencia real y verificada, y contrasta el planteamiento propuesto frente a la doctrina existente para detectar contradicciones o lagunas antes de que lo haga la Sección de admisión del Supremo.”

Peña Molina, socio de Gaona Abogacía y Consultoría —firma integrada en Grupo Roca Junyent—, explica que concibió el proyecto desde la práctica forense real y lo construyó junto a un equipo poco habitual en el mundo Legaltech: exmagistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tecnólogos y especialistas en matemáticas aplicadas provenientes de FUSIÖN la aceleradora de startup andaluza.

“ No es un equipo construido para desarrollar software jurídico genérico. Es un equipo construido para entender cómo razona el Tribunal Supremo desde dentro, y trasladar esa lógica a una herramienta que cualquier abogado pueda utilizar”, comenta con satisfacción.

El resultado es un análisis completo —estrategia procesal, interés casacional formulado, jurisprudencia clasificada por relevancia con referencia ECLI verificada— generado de forma automatizada sobre el caso real del abogado. El proceso que antes podía llevar días de investigación especializada se condensa en minutos.

Una herramienta ya operativa

En esos dos años de trabajo esta iniciativa ya está operativa. CASIA no es un proyecto en fase beta. Ya opera sobre casos reales y ha comenzado a darse a conocer en los foros donde se cruzan derecho, tecnología y administración pública.

Según nos explica. el mercado Legaltech ha crecido con rapidez en los últimos años, pero buena parte de sus propuestas comparten un mismo enfoque: automatizar tareas. Redactar más rápido. Buscar jurisprudencia con más eficiencia. Gestionar expedientes con menos fricción.

“CASIA apunta a algo distinto y más profundo. Por un lado, democratiza el acceso a un recurso que hasta ahora era técnicamente inaccesible para la mayoría: despachos medianos, abogados de provincias o letrados sin unidad especializada pueden ahora preparar una casación con el mismo rigor estratégico que los grandes. La barrera que CASIA derriba no es económica —es de conocimiento especializado, que es la más difícil de superar”., destaca

Su valor añadido es claro, “por otro lado, amplifica exponencialmente la capacidad de quienes ya se dedican a la casación: el mismo equipo puede analizar más casos, con más profundidad y en menos tiempo. No se trata de sustituir al especialista, sino de multiplicar su alcance”: La herramienta se ha entrenado con sentencias del Supremo y de TSJ, al igual que manuales referidos a la propia casación contenciosa administrativa”.

Desde su punto de vista, “en la casación contencioso-administrativa, como en tantos otros ámbitos del derecho, la diferencia entre el éxito y el fracaso no está en la calidad de la redacción. Está en la calidad del pensamiento que la precede. Un recurso bien concebido, en cambio, tiene ya la mitad del camino hecho antes de que el letrado escriba la primera palabra. Una herramienta como CASIA facilita el realizar ese recurso y te orienta sobre si ese asunto tiene el interés casacional adecuado y que sentencias contradictorias existen sobre este asunto”, apunta Peña.

En su opinión,CASIA es una herramienta de interpretación jurídica, no de redacción de textos, como puede hacer ChatGPT . Lo que sabe es hermenéutica. Te interpreta la relación, que esto es hermenéutica, desde un análisis sistemático y en una foto fija del año setenta. Es decir, te da la interpretación y te da la estrategia para plantear ese recurso contencioso tanto al abogado de una empresa o su asesor externo como al letrado de una corporación local. Esta herramienta permite que se vaya al recurso de casación con las ideas claras y no a ciegas como antess.

Pero he ahí que el PSOE recurrió la Ley ante el TC, que aun reconociendo la constitucionalidad de la disposición, dictó una “sentencia interpretativa” que no permitía que los planos de deslinde incorporados a la Ley, tuvieran efectividad inmediata, sino que debían mediar procedimientos administrativos para su ejecución. El Gobierno del PP, no se atrevió a mover ficha y resolver, y el del PSOE -que había recurrido la Ley- se cruzó de brazos sin cumplirla. Entre unos y otros, la casa sin barrer. Muchos Registros de la Propiedad siguieron inscribiendo, con la advertencia de que la Ley 2/2013 estaba pendiente de ejecución; pero en Platja d’Aro, que nunca tuvo que haber aparecido en la Ley, porque jamás hubo irregularidad alguna, entre Costas -que certifica el DPMT- y el Registro de la Propiedad, adoptaron una postura intransigente y, desde 2019, el Registro dejó de inscribir. Los propietarios, que confiaron en las instituciones, se vieron como en el disco de Bosé: sentados al borde de la mañana, con los pies colgando. Donde nunca hubo problema, crearon, por ensalmo de las Ciencias Camerales, el mayor de todos los problemas.

¿Dónde queda el derecho a la propiedad privada y a la herencia del artículo 33 constitucional?, ¿o el de seguridad jurídica de su artículo 9.3?, ¿o la responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 106.2?, ¿o la necesaria concordancia entre el Registro y la realidad, después de 7 años de absoluta discordancia?, etc. ¡Nada! Esto son cosas que se explican en las Facultades de Derecho, pero el Estado trabaja activamente para que sólo sean un decorado. Ante esta situación kafkiana, la única ayuda recibida por los afectados, y que se agradece profundamente, provino del Ayuntamiento de Platja d’Aro, que negoció con el Ministerio de Transición Ecológica, la desafectación de 560 m. lineales de supuesto DPMT. Ante la cerrazón administrativa, consiguió que la Audiencia Nacional, en sentencia -ya firme- de 5/12/2025, obligase a la Administración a iniciar el procedimiento de desafectación, pero siguen quedando muchas incógnitas en el aire, pues después habrá que recuperar la propiedad y hacerlo a título gratuito y no oneroso, como advirtió el Gobierno que haría, si se veía obligado, en respuesta a una pregunta parlamentaria. Bien es verdad que, como expresamos los afectados en otra demanda, de la que enseguida hablaremos, esta devolución de la propiedad ha de ser gratuita, para los titulares inscritos en el Registro, siguiendo la Jurisprudencia tradicional del Tribunal Supremo, resumida en la Sentencia de 3/02/2015, que prevé para ellos el reintegro directo de la propiedad, y aflora tanto en la Exposición de Motivos, como en las disposiciones adicionales 5ª y 6ª de la Ley 2/2013.

Los afectados sabíamos que incluso si culminaba con éxito, ante la Justicia, la iniciativa del Ayuntamiento, no estaríamos ante un camino de rosas. De ahí que al enterarnos de que todo el lío derivaba, según Costas, de un deslinde efectuado por una Orden Ministerial de 1945, se le pidiera dicha OM al Ministerio, que se resistió a darla como gato panza arriba. No era normal que nadie supiera nada de la supuesta Orden, hasta que Platja d’Aro apareció, entre los municipios a regularizar por la Ley 2/2013. Al investigar se supo que la OM era secreta (no publicada ni notificada a los interesados); pero se encontró una resolución del SP de Costas publicada en el BOP de Girona, que daba a los afectados 1 mes de plazo para comparecer y ver los planos del deslinde, a fin de presentar los oportunos recursos. Pues bien, esta resolución, aparecía en el índice del BOP para la Playa de Pals (otro municipio) y sin embargo, dentro se refería a Platja d’Aro, con lo que nunca hubo oportunidad de saber y menos aún de recurrir. Para más inri, los 560 m. afectados, que en el plano desplazaban bruscamente el DPMT 20 m. tierra adentro, coinciden exactamente con 560 m. que figuran aún hoy en Pals, como pendientes de deslinde, con lo que era obvio que las medidas se habían tomado en la Playa de Pals, que es llana, y se habían volcado en el plano de la Platja d’Aro, más abrupta. Sólo cabe pensar que ante tal metedura de pata, el SP de Costas optó, seguramente por temor a las responsabilidades, por no pasar la resolución a la firma del Ministro, y se pudrió en un cajón. Así, 68 años después, cuando les pidieron datos para la regularización de la Ley 2/2013, sacaron lo que a raíz de la STC 233/2015, fue una bomba de relojería, que les estalló en las manos, y a nosotros en la cara.

Era obvio que había que presentar una Revisión de Oficio por nulidad de la “supuesta” Orden, que resolvería el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado. Al no existir un deslinde válido, nada gravitaría ya sobre el Registro de la Propiedad. Pero el Gobierno, ni siquiera tramitó el expediente ante el Consejo de Estado, y hubo que recurrir la denegación presunta por silencio administrativo ante el Tribunal Supremo. Mientras, con advertencia de responsabilidad, se consiguió que el SP de Costas, confesase que sólo tenía una “fotocopia” de la “supuesta” OM de 1945, que en realidad era un documento de una Sección de la Dirección General de Puertos, con firma ilegible, y sin que existiera delegación de competencia alguna, por parte del Ministro. De locos. Pero algo digno de “El Proceso” de Kafka, habría de tener más vueltas aún.

Cuando el abogado del Estado contestó la demanda dijo que había aparecido el expediente de verdad, al que no tuvieron acceso los demandantes, porque jamás fue aportado, pero sí presentó irregular y selectivamente, junto con la contestación, documentos del mismo que le favorecían, como el supuesto original, de la también supuesta OM, con firma ilegible del a su vez supuesto Director General que, ¡oh sorpresa!, era groseramente distinta de la que figuraba en la fotocopia entregada a regañadientes a los demandantes. Como es natural, se encargó un dictamen pericial caligráfico, que concluye al literal que “NO se puede atribuir la autoría a la misma persona”.

Que algo así, que supera con creces al Proceso de Kafka, no haya sido directamente resuelto por el Gobierno vía una Revisión de Oficio, que ni siquiera tramitó, nos indica bien a las claras, dónde ha caído el Derecho, y concretamente el derecho de propiedad, en la España de hoy. Más aún, cuando pudo resolverlo de un plumazo, por el mecanismo legal de la Revocación, mediante un acto de contrario imperio, que en las circunstancias de este caso es posible. Pero no ha habido otro remedio que recurrir al Tribunal Supremo, en un asunto que perjudica gravemente la imagen de España, pues entre los más de 600 propietarios afectados, buena parte de ellos son extranjeros, sobre todo de países de la UE, y eso por no hablar del sufrimiento de los afectados, cuyas ventas y herencias llevan ya 7 años sin poderse inscribir en el Registro de la Propiedad, con la subsiguiente aparición de mafias, que se aprovechan del caos. Todo ello con el lacerante dolor de quienes son víctimas y no verdugos, y el deterioro de la imagen de España en el exterior, que sólo el Tribunal Supremo, haciendo Justicia, puede paliar. En ella confiamos.

La Sala apreció gracias a los informes periciales que el testimonio incriminatorio presentaba lagunas de memoria, divergencias entre las distintas versiones prestadas y falta de detalles concluyentes sobre la ausencia de consentimiento. La misma resolución dejó constancia de que las periciales aportadas por la defensa fueron ratificadas en el juicio y señaló, en concreto, que las periciales médicas no apreciaron indicios claros de violencia sobre la denunciante.

En ese escenario, el nombre de Polina Poloziuk adquiere un relieve especial por el enfoque de su intervención. Su informe de valoración del perfil psicológico del acusado se elaboró a partir de entrevista semiestructurada, observación clínica y administración del PAI, una de las herramientas más utilizadas en evaluación de personalidad dentro del ámbito forense. El dictamen concluyó que no se identificaban rasgos psicológicos compatibles con comportamientos violentos, coercitivos o abusivos, ni indicadores psicopatológicos de relevancia clínica, y describió un perfil emocionalmente estable, con buen autocontrol y funcionamiento social adaptado. Uno de los aspectos que más valor aporta en el trabajo de Polina Poloziuk es la capacidad de trasladar una evaluación psicológica compleja a un lenguaje útil para sede judicial. Su informe integró datos de personalidad, manejo emocional, relaciones interpersonales y factores protectores, subrayando la ausencia de antecedentes conductuales violentos y la falta de predisposición psicológica hacia la coerción o el abuso. Esa lectura técnica no sustituye a la valoración global del tribunal, pero sí aporta contexto, orden y profundidad a la comprensión del perfil evaluado.

La segunda pata de esta intervención pericial la firmó Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, cuyo informe se centró en el análisis médico forense y biológico de la documentación obrante en la causa. Su dictamen revisó la exploración inicial, las muestras biológicas y los resultados de ADN incorporados al procedimiento. En ese análisis, contrario al informe del Instituto de Medicina Legal, que avalaba la agresión, sostuvo que no constaban lesiones físicas visibles en la exploración médica inicial, que las torundas vaginales y bucales no evidenciaban ADN masculino y que la mancha hemática descrita en la ropa interior no permitía fijar data ni vinculación concluyente con los hechos denunciados.

La aportación conjunta de Polina Poloziuk y Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos resultó especialmente contundente por la complementariedad de ambas disciplinas. Mientras Poloziuk abordó la dimensión psicológica del caso desde la personalidad, la regulación emocional y la ausencia de indicadores de violencia, Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos examinó la vertiente médico legal y biológica de la prueba disponible. Esa combinación permitió articular una respuesta pericial más completa, apoyada en dos planos diferentes de análisis que convergían en un mismo objetivo: aportar elementos técnicos para una mejor valoración judicial de los hechos.

La sentencia no atribuye la absolución a un único informe, sino a la insuficiencia global de la prueba de cargo. Aun así, el caso sí deja una conclusión relevante sobre el peso que puede tener una pericial bien planteada en procedimientos de alta complejidad. La propia resolución recoge la ratificación de las periciales de Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos y Polina Poloziuk y sitúa las conclusiones médicas dentro del marco probatorio que fue valorado por el tribunal al examinar la consistencia de la acusación.

Más allá del resultado procesal, esta actuación proyecta el perfil profesional de Polina Poloziuk como psicóloga forense en asuntos donde la evaluación de la personalidad y del comportamiento adquiere relevancia procesal real. Su formación incluye el Máster en Psicología Clínica, Legal y Forense, la titulación en Psicología y la adscripción al Tribunal Superior de Justicia. En paralelo, Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos aporta una trayectoria vinculada a la medicina legal y forense, así como a la revisión técnica de pruebas biológicas y documentales en contexto judicial.

En un ámbito en el que cada matiz pericial puede alterar la lectura del caso, la intervención coordinada de Polina Poloziuk y Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos refleja el valor de una defensa apoyada en conocimiento técnico, metodología y capacidad de exposición ante el tribunal. La combinación entre psicología forense y medicina legal no solo suma especialidades. También aporta una narrativa probatoria más ordenada, más inteligible y mejor adaptada a la complejidad real de los procedimientos penales.

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), Ospina complementó su formación con programas de negociación en Harvard Law School, estudios de liderazgo público en IESE y un máster en Derechos Fundamentales por la UNED.

Su carrera profesional comenzó en el despacho Martínez-Echevarría, donde se especializó en derecho penal antes de fundar en 2016 su propio bufete en Madrid, Ospina Abogados, orientado a la defensa penal estratégica y a la litigación en casos complejos.

DEL PERFIL TÉCNICO A LA EXPOSICIÓN MEDIÁTICA

El salto a la primera línea mediática llegó con su participación en el caso del cirujano colombiano Edwin Arrieta, asesinado en Tailandia en 2023. Ospina actuó como representante en España de la familia de la víctima durante el proceso contra Daniel Sancho, un juicio que atrajo atención internacional y convirtió al abogado en uno de los portavoces legales más visibles del país.

Tras la condena a cadena perpetua del acusado, Ospina defendió públicamente que la sentencia suponía un paso hacia la justicia para la familia, subrayando que el objetivo del proceso nunca fue económico sino moral y judicial.

La repercusión del procedimiento, retransmitido y comentado diariamente por medios internacionales, situó al penalista en una posición singular: la de abogado capaz de moverse entre la sala de vistas y el foco mediático, dos ámbitos cada vez más entrelazados en los grandes procesos penales contemporáneos.

CASOS MEDIÁTICOS Y NUEVOS PERFILES DE CLIENTES

En paralelo a su actividad internacional, Ospina ha intervenido o asesorado en distintos procedimientos de alto impacto mediático en España, donde cada vez es más habitual que empresarios, figuras públicas o creadores de contenido recurran a penalistas con experiencia en gestión reputacional y litigación pública.

Su nombre ha aparecido ligado a asuntos que involucran a personajes públicos, empresarios o influencers, actualmente en procesos relacionados con figuras como Fran de Borbón, el comunicador Vito Quiles, o la influencer Ana Luiza -conocida por ser participante en el programa de televisión La Isla de las Tentaciones- ejemplos de cómo el derecho penal contemporáneo se mezcla con la esfera mediática y digital.

Este fenómeno refleja una transformación en el perfil del cliente penalista: junto al tradicional empresario o político, hoy aparecen creadores digitales, personajes de redes sociales y figuras del entretenimiento, cuyos conflictos legales se desarrollan bajo una intensa exposición pública.

UNA NUEVA GENERACIÓN DE PENALISTAS

Dentro de esa nueva generación de abogados mediáticos, Ospina ha sido señalado por diversas publicaciones jurídicas como uno de los perfiles jóvenes con mayor proyección. De hecho, en la revista Forbes le señala como una de las promesas del derecho penal en España.

Además de su actividad profesional, el abogado mantiene una presencia constante en medios de comunicación y redes sociales, donde analiza actualidad jurídica y comenta casos penales de relevancia. También ha ejercido como docente universitario en simulación de juicios, combinando práctica profesional y formación académica.

EL ABOGADO PENALISTA EN LA ERA DEL JUICIO PÚBLICO

El auge de abogados penalistas como Ospina refleja un cambio más amplio en la práctica del derecho penal: el abogado ya no solo litiga ante los tribunales, sino también ante la opinión pública.

En un contexto donde los procesos se siguen casi en tiempo real a través de televisión, prensa digital y redes sociales, el penalista se convierte también en estrategia de comunicación, gestor de reputación y portavoz jurídico.

Para algunos observadores, esta exposición mediática plantea nuevos retos para la profesión; para otros, simplemente refleja la evolución natural de un sistema judicial que convive con una sociedad hiperconectada.

En ese escenario, abogados como Juango Ospina representan una generación que ha aprendido a navegar entre ambos mundos: el del rigor técnico del derecho penal y el de la visibilidad pública de los grandes casos.

“La correcta redacción y revisión de contratos, la verificación de cargas o la identificación de cláusulas abusivas son aspectos que pueden marcar la diferencia entre una operación exitosa y un problema a largo plazo”, explican desde el despacho de Martín Salmerón, asesoría legal integral en Paracuellos de Jarama, Madrid.

Además, su intervención permite optimizar las decisiones financieras desde una perspectiva legal.

“No se trata únicamente de evitar problemas, sino de estructurar las operaciones de forma que resulten más eficientes”, añade.

Por ejemplo, elegir la forma jurídica adecuada para una inversión, planificar una compraventa o estructurar un acuerdo entre socios puede tener un impacto directo en la rentabilidad. Un asesor con visión estratégica no solo analiza la legalidad, sino también cómo maximizar el beneficio dentro del marco normativo.

Otro aspecto fundamental es la protección del patrimonio. El asesor legal puede diseñar estructuras que separen riesgos, establecer mecanismos de protección patrimonial y anticipar escenarios adversos. Esto es especialmente relevante para empresarios, inversores o profesionales con exposición a responsabilidades, donde una mala planificación puede comprometer años de esfuerzo.

Asimismo, en el ámbito de las transacciones, el asesor legal facilita la negociación. Tener respaldo jurídico durante un proceso de negociación no solo mejora la posición del cliente, sino que permite identificar oportunidades que podrían pasar desapercibidas. Desde ajustes en las condiciones contractuales hasta la inclusión de garantías o incentivos, cada detalle puede influir en el resultado final. El asesor no solo protege, sino que también aporta valor activo en la construcción del acuerdo.

La planificación a largo plazo es otro de los grandes beneficios. Un asesor legal puede ayudar a diseñar estrategias que integren aspectos financieros, fiscales y sucesorios. Pensar en la transmisión del patrimonio, la continuidad de un negocio o la optimización fiscal no debe hacerse de manera improvisada. Una correcta planificación evita conflictos futuros, reduce cargas innecesarias y asegura que los objetivos del titular del patrimonio se cumplan de forma eficiente.

Por último, contar con asesoramiento legal genera confianza. Tanto en el ámbito personal como empresarial, transmitir solidez y profesionalidad es clave para establecer relaciones duraderas. Inversores, socios y entidades financieras valoran positivamente que las operaciones estén respaldadas por un enfoque legal riguroso. Esto puede facilitar el acceso a oportunidades, mejorar condiciones de financiación y fortalecer la reputación.

Este profesional no solo actúa como un defensor ante problemas, sino como un aliado estratégico en la gestión del patrimonio. Su capacidad para prevenir riesgos, optimizar operaciones y aportar visión a largo plazo lo convierte en una pieza esencial en cualquier decisión financiera relevante. Ignorar este apoyo puede suponer costes elevados; integrarlo, en cambio, abre la puerta a una gestión más segura, eficiente y rentable del patrimonio.

Uno de los aspectos más consultados por quienes consideran trasladarse al país es cómo aplicar la Ley Beckham y cuáles son los requisitos necesarios para acceder a este régimen. La normativa establece que el solicitante no debe haber sido residente impositivo en España durante los cinco años anteriores a su llegada. Además, la persona debe trasladarse al país como consecuencia de un contrato de trabajo o de una actividad profesional que cumpla con los criterios establecidos por la legislación vigente.

El procedimiento también contempla plazos específicos. La solicitud debe presentarse dentro de los seis meses posteriores al inicio de la relación laboral. Una vez aprobado el régimen, el beneficiario puede tributar como no residente durante un período de hasta seis años. Esto implica aplicar un tipo impositivo fijo del 24 % sobre los ingresos generados en territorio español hasta cierto nivel de renta, lo que simplifica el cálculo del impuesto respecto al sistema progresivo que rige para los residentes habituales.

Uno de los aspectos que más atrae a los profesionales internacionales es el tratamiento fiscal de los ingresos obtenidos fuera del país. Bajo este régimen, los beneficiarios solo tributan por las rentas generadas dentro del país, mientras que los ingresos provenientes del extranjero quedan fuera del alcance del sistema tributario español durante el tiempo en que se aplica la normativa. Este punto resulta relevante para personas que mantienen inversiones o actividades económicas en otros mercados.

Desde la firma especializada Lex Beckham explican que “este sistema busca facilitar la llegada de talento internacional y ofrecer un marco claro para quienes se trasladan por razones profesionales”. El conocimiento previo de las condiciones impositivas permite a muchos trabajadores tomar decisiones con mayor seguridad antes de mudarse a otro país.

El perfil de quienes solicitan este régimen también cambió en los últimos años. Si bien en sus primeras etapas la normativa estuvo asociada principalmente a directivos de grandes empresas y deportistas profesionales, hoy también incluye a emprendedores, especialistas tecnológicos y trabajadores remotos. Las modificaciones legislativas incorporadas en la última década ampliaron el alcance de la norma para adaptarse a nuevas formas de trabajo vinculadas a la economía digital.

Los datos disponibles reflejan este crecimiento. Según cifras publicadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, España otorgó más de 10.000 visados a profesionales extranjeros altamente cualificados en 2023. Una parte significativa de estos trabajadores se instaló en ciudades como Madrid y Barcelona, donde se concentran empresas tecnológicas, startups y centros de innovación.

El interés por este régimen refleja una tendencia más amplia dentro de Europa, donde varios países desarrollaron programas similares para atraer talento internacional. En ese contexto, España busca posicionarse como un destino competitivo tanto por su entorno profesional como por las condiciones de vida que ofrece a quienes deciden instalarse en el país.

Para muchos profesionales extranjeros, contar con un marco fiscal claro y estable representa un factor clave al momento de planificar una mudanza internacional. La combinación entre oportunidades laborales, seguridad jurídica y calidad de vida continúa siendo uno de los principales motivos que explican el interés por establecerse en el país durante los próximos años.