El despacho ya logró que el Tribunal Administrativo de Atenas indemnizara con 559.608,72€ a una familia afectada por los incendios del 23 de julio de 2018. “La administración griega alegó causa de fuerza mayor, pero la justicia griega consideró probada la “grave inacción y la falta de coordinación entre el Estado y la región de Ática”, explica Rodhanti Tzortzaki, letrada de origen griego del despacho Navas & Cusí.

Navas recuerda que la ley permite solicitar responsabilidad patrimonial del Estado en caso del mal funcionamiento de los servicios públicos. “Hemos leído noticias inquietantes de aviones antiincendios prometidos pero no adquiridos y problemas de coordinación entre administraciones”, apunta el experto.

No obstante, el socio-director de Navas & Cusí señala que no basta con informaciones periodísticas sino que son necesarios los partes diarios de operaciones, la relación de medios previstos y los realmente operativos, los trabajos preventivos programados y ejecutados, los expedientes de desbroce y las grabaciones y cronología de las llamadas al 112. “Necesitaríamos una pericial de un ingeniero forestal que compare lo ocurrido con lo que hubiera ocurrido con los medios adecuados”, señala Navas.

El experto lamenta que todos los años suframos la misma tragedia sin que se tomen las medidas preventivas adecuadas. “Cada año es peor y los expertos ya advierten que los próximos años serán peores si no se toman medidas y eso significa medios de prevención en invierno y de extinción en verano; y es evidente que los medios actuales son abiertamente insuficientes y que la coordinación entre administraciones es manifiestamente mejorable. Por eso creemos que existe espacio para reclamar responsabilidad civil a las administraciones”, concluye el socio-director de navascusi.com

En Europa, las investigaciones por blanqueo de capitales y delincuencia económica se han convertido en una prioridad para numerosas autoridades judiciales. Paralelamente, en América Latina se observa una tendencia similar, impulsada por el fortalecimiento de las unidades especializadas y por una mayor cooperación internacional para combatir redes financieras y estructuras criminales complejas.

Perú forma parte de esta evolución. El incremento de investigaciones relacionadas con lavado de activos —denominado blanqueo de capitales en buena parte de Europa—, corrupción y delitos económicos ha elevado el grado de complejidad de los procesos penales y ha impulsado una mayor demanda de profesionales con formación especializada.

Para Fernando Zegarra, abogado penal y representante de Iura Lex Abogados, despacho peruano especializado en derecho penal y defensa en investigaciones complejas, el principal cambio consiste en que la estrategia jurídica ya no comienza cuando existe una acusación formal, sino desde las primeras diligencias fiscales.

“Las primeras actuaciones suelen definir buena parte del desarrollo posterior del caso. Una defensa técnica desde el inicio permite preservar derechos, organizar la información y construir una estrategia basada en evidencia”, explica Zegarra.

El blanqueo de capitales representa uno de los mayores desafíos para el derecho penal económico. Estos procedimientos pueden involucrar a empresarios, directivos, profesionales o particulares cuyas operaciones financieras pasan a formar parte de investigaciones de gran alcance. El análisis exige revisar contratos, estructuras societarias, registros bancarios y evidencia digital, combinando conocimientos jurídicos con disciplinas como la contabilidad forense y el análisis financiero.

Según Fernando Zegarra, la dificultad radica en reconstruir operaciones desarrolladas durante años y comprender el contexto económico de cada decisión. “Una investigación por lavado de activos puede reunir un volumen considerable de información financiera. La defensa debe analizar la trazabilidad de las operaciones y explicar su contexto con criterios técnicos”, señala.

La digitalización ha añadido un nuevo nivel de complejidad. Correos electrónicos, aplicaciones de mensajería, servidores, teléfonos móviles y bases de datos forman hoy parte habitual de las investigaciones. Esto exige que abogados, fiscales y peritos incorporen conocimientos sobre preservación de evidencia digital, cadena de custodia y análisis forense de la información.

Al mismo tiempo, las empresas refuerzan sus programas de cumplimiento normativo para reducir riesgos penales y mejorar sus sistemas de control interno. Una tendencia consolidada en Europa que también gana espacio en Perú, donde organizaciones de distintos sectores buscan prevenir contingencias legales antes de que deriven en investigaciones judiciales.

Para Iura Lex Abogados, esta evolución confirma que el derecho penal económico se dirige hacia un modelo cada vez más interdisciplinario. La cooperación internacional, la tecnología y el análisis financiero están redefiniendo el trabajo del abogado penal tanto en Europa como en América Latina. En ese escenario, la experiencia peruana refleja cómo la especialización jurídica se ha convertido en un elemento esencial para afrontar investigaciones complejas con mayores garantías técnicas.

Su trabajo le ha valido el reconocimiento de los Premios Madrid Innovación y Visión Empresarial 2026, donde será distinguido con el galardón al Liderazgo Extraordinario en la Protección del Patrimonio Ciudadano y la Lucha contra el Abuso Financiero.

Sin embargo, probablemente él rechazaría cualquier descripción excesivamente solemne. Prefiere otra definición mucho más sencilla.

"Yo no soy abogado ni pretendo serlo. Soy jurista y empresario. Mi trabajo no es ganar juicios; es que la gente que no podía pelear, pueda."

El conflicto como último refugio de quien ya lo ha perdido todo

La mayoría de los discursos jurídicos hablan del conflicto como algo que debe evitarse. Raúl Castañeda piensa exactamente lo contrario.

Para quien lleva años atrapado en una tarjeta revolving imposible de amortizar, para quien acumula intereses que crecen más rápido que su salario o para quien ha visto cómo una deuda se convierte en una condena permanente, el conflicto no representa el problema. Representa la única salida.

"Lo que destruye valor es la resignación", sostiene.

Esa mirada explica buena parte de la filosofía con la que nació PREICO JURÍDICOS. No como un despacho tradicional. No como una firma jurídica convencional. Sino como una estructura empresarial capaz de acercar servicios jurídicos especializados a personas que jamás habrían cruzado la puerta de un gran despacho.

Una organización construida para reducir una de las desigualdades más invisibles del sistema financiero: la diferencia entre tener razón y poder permitirse defenderla.

La confianza empieza cuando alguien dice la verdad

En un sector donde las expectativas suelen comercializarse con excesiva facilidad, Castañeda decidió construir su reputación sobre una regla incómoda: no vender humo.

Si un caso no tiene recorrido, se dice. Aunque el cliente quiera intentarlo. Aunque el presupuesto del mes dependa de ello. Aunque la respuesta no sea la que nadie desea escuchar.

La lógica empresarial parecería invitar a lo contrario. Sin embargo, precisamente ahí reside una de las claves de su liderazgo.

La confianza no se construye prometiendo victorias. Se construye diciendo la verdad incluso cuando esa verdad implica renunciar a ingresos inmediatos.

En un entorno donde la reputación puede tardar años en construirse y minutos en desaparecer, esa filosofía ha terminado convirtiéndose en uno de los principales activos de la organización.

Humanizar el derecho en la era de la automatización

La revolución tecnológica también ha llegado al ámbito jurídico.

La inteligencia artificial ya redacta documentos, analiza jurisprudencia y automatiza buena parte de los procesos repetitivos que durante décadas ocuparon miles de horas profesionales.

Raúl Castañeda no solo acepta esa transformación. La impulsa.

PREICO JURÍDICOS ya trabaja con herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la atención al cliente y a la gestión documental.

Pero existe una frontera que, a su juicio, seguirá siendo exclusivamente humana: la responsabilidad.

Una máquina no comparece ante un cliente arruinado. No asume errores. No pone en juego su nombre. No se sienta frente a una familia para explicar que un procedimiento no saldrá adelante.

Mientras el error tenga consecuencias humanas, argumenta, seguirá siendo necesario que exista un ser humano dispuesto a asumirlas.

Y probablemente ahí continúe residiendo el verdadero valor diferencial del jurista del futuro. No en la técnica. Sino en el criterio.

Entrar en un sector cerrado y cambiar sus reglas

Todo líder recuerda el momento exacto en el que comprendió que estaba incomodando al sistema.

Para Raúl Castañeda ese momento llegó cuando decidió construir una organización jurídica sin pertenecer al modelo tradicional del sector.

No es abogado colegiado. Nunca ha pretendido serlo. Y precisamente desde esa posición impulsó una estructura empresarial diferente, basada en la intermediación de servicios jurídicos y en la colaboración con abogados y procuradores que ejercen profesionalmente.

El modelo generó resistencias. También controversias. Y numerosas críticas.

Pero le dejó una enseñanza que hoy forma parte de su filosofía empresarial: cuando se entra en un mercado maduro y se alteran las reglas tradicionales, la intensidad de la oposición rara vez mide cuánto se equivoca uno. Mide cuánto está cambiando el equilibrio existente.

Rentabilidad y responsabilidad no son enemigos

Existe cierta tendencia contemporánea a presentar el beneficio empresarial y la responsabilidad social como conceptos enfrentados.

Raúl Castañeda rechaza frontalmente esa idea.

Una empresa que no gana dinero, recuerda, no protege a nadie. Cierra.

Y cuando una empresa que presta servicios jurídicos cierra, los expedientes se quedan a medias y las personas pierden mucho más que un proveedor. Pierden una oportunidad.

Por eso defiende algo que a menudo resulta incómodo decir en voz alta: la rentabilidad no es lo contrario de la responsabilidad. Es la condición que permite ejercerla de forma sostenida.

La verdadera cuestión no es si una organización obtiene beneficios. La cuestión es qué decide hacer con ellos y para quién trabaja realmente.

Una cultura empresarial sin solemnidad

Quienes conocen PREICO JURÍDICOS describen una organización exigente, directa y poco dada a los rituales habituales del sector.

No existen las togas metafóricas. No existe el lenguaje innecesariamente complejo. No existe la idea de que el cliente debe adaptarse al derecho.

La filosofía es exactamente la contraria: si alguien no entiende lo que le están explicando, el problema pertenece al profesional, no al ciudadano.

Es una cultura construida alrededor de la transparencia interna y de la asunción de responsabilidades.

Los errores pueden ocurrir. Ocultarlos no.

Quizá por eso la organización se parece tanto a quien la dirige.

El legado que importa

Cuando se pregunta a muchos empresarios cómo desean ser recordados, las respuestas suelen hablar de innovación, crecimiento o transformación sectorial.

Raúl Castañeda responde de otra manera.

No quiere ser recordado por los casos ganados. Ni por la tecnología incorporada. Ni siquiera por los reconocimientos obtenidos.

Le basta con algo mucho más concreto.

Que hubo un momento en España en el que defenderse frente a determinadas prácticas financieras dejó de ser un privilegio reservado a unos pocos.

Que alguien con un salario modesto y atrapado en una deuda imposible pudo, por fin, plantar cara.

Y que, más allá de cualquier resultado empresarial, algunas personas y algunas familias están hoy mejor de lo que estaban antes de cruzar aquella puerta.

Quizá ese sea precisamente el verdadero significado del liderazgo.

No el poder de influir sobre los mercados. Sino la capacidad de devolver opciones a quienes creían haberlas perdido todas.

Porque, en ocasiones, proteger el patrimonio de una persona significa proteger algo mucho más valioso que el dinero.

Significa proteger su capacidad de volver a empezar.

En ese preciso instante comienza realmente el trabajo de LEGALCAR. No empieza en un juzgado. No empieza en un procedimiento. Empieza en la necesidad profundamente humana de recuperar el control cuando todo parece haberse roto. Quizá por ello, cuando se pregunta a quienes lideran la organización por el significado del éxito profesional, la respuesta sorprende por su sencillez: "Hace muchos años que dejamos de medir el éxito por el número de sentencias ganadas." Una afirmación aparentemente sencilla, pero profundamente revolucionaria en un sector históricamente acostumbrado a medir resultados en porcentajes, procedimientos e indemnizaciones. Porque en LEGALCAR defienden una idea distinta. Defienden personas. No expedientes. Cuando la universidad enseña Derecho y las víctimas enseñan humanidad La formación jurídica proporciona herramientas. La experiencia proporciona criterio.

Pero existen aprendizajes que solo aparecen cuando una persona se sienta frente a ti y te cuenta cómo un accidente le arrebató la movilidad, el trabajo, la tranquilidad o incluso la confianza para volver a conducir.

En LEGALCAR han comprendido algo que no figura en ninguna ley ni en ningún manual universitario: detrás de cada informe médico existe una historia que nunca llegará al procedimiento judicial.

Historias de familias que reorganizan su vida alrededor de una rehabilitación. De profesionales que no saben si volverán a ejercer su profesión. De padres y madres que descubren que la incertidumbre puede resultar más difícil de soportar que el propio dolor físico. La justicia, explican desde el despacho, no siempre consiste en ganar un juicio. En ocasiones consiste simplemente en que alguien vuelva a sentirse escuchado. Y esa diferencia lo cambia todo. La ética cuando nadie está mirando La confianza es probablemente el activo más valioso de cualquier organización jurídica. También el más frágil. En LEGALCAR existe una pregunta que funciona como brújula moral y criterio de decisión: "Si este cliente fuera mi padre, mi madre o mi hijo, ¿haríamos exactamente lo mismo?" Si la respuesta es afirmativa, continúan adelante. Si la respuesta es negativa, la rentabilidad deja automáticamente de ser un argumento suficiente.

En un mercado cada vez más competitivo y automatizado, esta filosofía ha terminado convirtiéndose en una de las principales señas de identidad del despacho. Porque la ética, sostienen, no puede depender de quién esté observando. El abogado del futuro trabajará junto a la inteligencia artificial

Mientras parte del sector jurídico contempla la inteligencia artificial con incertidumbre, LEGALCAR ha optado por otra posición: entender la tecnología como una herramienta para humanizar todavía más la profesión.

La organización está invirtiendo de forma decidida en inteligencia artificial aplicada al análisis documental, la automatización de procesos y la optimización del trabajo jurídico. Sin embargo, mantienen una convicción firme:

Ningún algoritmo podrá sustituir la conversación con unos padres que acaban de perder a un hijo. Ningún sistema automatizado podrá interpretar el miedo de una víctima antes de declarar. Y ninguna máquina podrá decidir qué es lo justo cuando la ley admite varias interpretaciones posibles. La inteligencia artificial transformará la parte técnica de la profesión. La parte humana, paradójicamente, será cada vez más importante. Liderar cuando nadie tiene respuestas Toda organización recuerda el momento que definió su carácter. Para LEGALCAR ese momento tuvo nombre propio: la pandemia. La crisis sanitaria obligó a reconstruir procesos, asumir riesgos económicos y tomar decisiones en un escenario donde nadie disponía de certezas. Mientras muchos observaban únicamente dificultades, el despacho decidió interpretar la crisis como una oportunidad para reinventarse. Aquella etapa dejó una lección que continúa definiendo su cultura empresarial: El liderazgo no consiste en disponer de todas las respuestas. Consiste en seguir avanzando cuando todavía existen preguntas. Más allá de los tribunales. Las organizaciones verdaderamente transformadoras suelen ampliar el alcance de su misión.

LEGALCAR no quiere limitarse a gestionar las consecuencias de los accidentes. Quiere contribuir a evitarlos. Por ello, la firma participa en proyectos de educación vial, colabora con asociaciones de víctimas e impulsa iniciativas orientadas a sensibilizar especialmente a las nuevas generaciones sobre la importancia de la seguridad en carretera. Además, trabaja en el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial destinadas a democratizar el acceso al conocimiento jurídico y facilitar que más ciudadanos comprendan y ejerzan sus derechos. Existe una frase que resume esta filosofía mejor que cualquier plan estratégico: "Nuestro sueño no es gestionar más accidentes. Es contribuir a que haya menos." Pocas organizaciones pueden afirmar que su mayor éxito sería reducir la necesidad de sus propios servicios. El legado de una idea. El próximo reconocimiento en el histórico Ateneo de Madrid no distingue únicamente una trayectoria empresarial. Reconoce una manera concreta de entender el ejercicio del derecho. La Distinción de Honor al Prestigio Legal y Ayuda a la Víctima de Tráfico, que será entregada durante los Premios Madrid Innovación y Visión Empresarial 2026, pone en valor una convicción que ha acompañado al despacho desde sus orígenes: Que la innovación jurídica tiene sentido cuando acerca la justicia a las personas. Que una empresa puede crecer sin renunciar a sus principios. Y que la rentabilidad y el impacto social no solo son compatibles, sino que pueden reforzarse mutuamente. Quizá por ello, cuando se pregunta cómo les gustaría ser recordados dentro de veinte años, la respuesta vuelve a escapar de cualquier lógica corporativa. No hablan de cifras. No hablan de expansión. No hablan de mercado. Hablan de una idea.

La idea de que, cuando alguien atravesaba uno de los peores días de su vida, existía un despacho que hacía todo lo posible para que el siguiente comenzara un poco mejor. Y posiblemente esa sea la definición más precisa de prestigio jurídico que pueda existir.

Durante dos jornadas, Accountex España, Legal Tech Expo y HR Expo 2026 ofrecerán una visión integral de los retos y avances que están redefiniendo el entorno empresarial.

Los miles de asistentes podrán conocer las últimas tendencias, soluciones y tecnologías aplicadas a los ámbitos financiero, jurídico y de recursos humanos, con especial atención a su impacto práctico en las organizaciones y a su adaptación al marco normativo actual y a las necesidades del mercado español.

Además, las tres ferias contarán con un amplio programa de conferencias, zonas expositivas y espacios de networking diseñados para favorecer el intercambio de conocimiento y acercar a los profesionales las innovaciones que están transformando la gestión empresarial, la práctica jurídica y la gestión del talento.

En su quinta edición, Accountex España centrará buena parte de su programa en algunos de los asuntos que están marcando la agenda de despachos profesionales, asesorías y departamentos financieros. La Inteligencia Artificial ocupará un lugar destacado, con sesiones dedicadas tanto a su impacto en la productividad y la gestión empresarial como a los desafíos regulatorios y jurídicos que plantea su adopción. El evento también abordará el avance de la digitalización de la Administración y los cambios derivados de la implantación de la factura electrónica, así como las oportunidades que ofrece la automatización de procesos para mejorar la eficiencia operativa y optimizar el trabajo de los profesionales del sector.

Por su parte, HR Expo dará un paso adelante en esta tercera edición con la incorporación de un pabellón propio, una ampliación que refleja el crecimiento de la feria y la relevancia cada vez mayor de la gestión de personas en la estrategia empresarial. El programa pondrá especial atención en el impacto de la IA en los recursos humanos, desde los procesos de selección hasta el desarrollo y la fidelización del talento. También ocuparán un lugar destacado los retos relacionados con el bienestar y la salud mental, junto con las nuevas demandas de los profesionales en materia de flexibilidad, conciliación y propuesta de valor al empleado. A ello se sumará el análisis de los cambios normativos que marcarán la agenda de los departamentos de RRHH, entre ellos la Directiva de Transparencia Salarial y la implantación del registro digital de jornada.

Por su parte, la primera edición de Legal Tech Expo reunirá a miles de profesionales del sector jurídico procedentes de despachos, firmas y departamentos legales de empresa con el objetivo de acercarles las soluciones tecnológicas que están impulsando la transformación del sector. En un contexto marcado por la digitalización y la incorporación de la Inteligencia Artificial a la práctica jurídica, el evento contará con todo tipo de contenidos para que los asistentes puedan conocer de primera mano las herramientas que están ayudando a los profesionales del derecho a ganar eficiencia y responder a las nuevas exigencias del mercado.

“Las decisiones que toman hoy las empresas en las áreas de finanzas, cumplimiento normativo o de gestión de personas están cada vez más influenciadas por las posibilidades que ofrece la tecnología. Con Accountex España, HR Expo y la incorporación de Legal Tech Expo queremos acercar a los profesionales una visión práctica de los cambios que están transformando su actividad y mostrar cómo las organizaciones más innovadoras están respondiendo a estos desafíos” señala Cristina Claveria, directora ferial.

“Nuestro objetivo es que los asistentes encuentren soluciones aplicables a su realidad, compartan experiencias con otros profesionales y ganen perspectiva sobre los retos y posibilidades que afectan a sus organizaciones en las áreas financiera, jurídica y de recursos humanos”, ha afirmado Claveria.

La respuesta del sector en la edición de 2025, que reunió a más de 12.500 asistentes, puso de manifiesto el interés creciente por disponer de espacios donde analizar tendencias, resolver dudas y conocer nuevas herramientas aplicadas al ámbito de la gestión empresarial.

Accountex España, Legal Tech Expo y HR Expo 2026 cuentan con la colaboración de las principales asociaciones y colectivos profesionales de economistas, abogados, directores de RRHH, técnicos tributarios, asesores fiscales, gestores administrativos, graduados sociales y empresarios de España así como los principales fabricantes y proveedores líderes en el sector de la gestión empresarial como Sage, Wolters Kluwer, Cegid, Holded, Teamsystem, Lefebvre y Factorial.

Accountex España, Legal Tech Expo y HR Expo 2026

Colegios Profesionales, Entidades, Federaciones y Asociaciones Colaboradoras

Consejo General Abogacía Española, Cumplen, Cámara de Comercio de Madrid, Fide, Asociación Madrileña de Mediadores, Federación Española Resolución Negociada del Conflicto, IusTime, Colegio Oficial Graduados Sociales de Madrid, ADADE, Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España, Asociación Nacional de Laboralistas, Asociación Española de Consultores de Empresa, Confederación Española de Jóvenes Empresarios, Colegio de Economistas de Madrid, Consejo General Graduados Sociales de España, Consejo General de Economistas, Gestores Administrativos, Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales, Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, WTC, Asociación de Directores de Relaciones Laborales, Asociación Nacional de Centros y Asociaciones de eLearning, Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral, Gehocan -Asocación de recursos humanos de Canarias y el Observatorio de Bienestar Organizacional entre otras.

España está viviendo un aumento histórico de herencias y transmisiones de vivienda. ¿Estamos preparados, como sociedad, para gestionar este gran relevo patrimonial?

La respuesta honesta es que todavía no estamos del todo preparados, porque, aunque el sistema jurídico y fiscal funciona, la verdadera dificultad no está en las normas, sino en la gestión humana, emocional y organizativa de ese traspaso patrimonial.

Muchas familias siguen evitando hablar de las herencias en vida, lo que genera conflictos, decisiones tardías y una planificación insuficiente. A ello se suma un contexto cada vez más complejo (viviendas con cargas, patrimonios poco diversificados, baja cultura financiera y fiscalidad autonómica desigual) que hace que un proceso que debería ser ordenado acabe siendo, con frecuencia, reactivo y conflictivo.

Sin embargo, también hay una evolución positiva. Cada vez más familias recurren a la planificación sucesoria, al asesoramiento jurídico preventivo y a fórmulas de transmisión ordenada del patrimonio. El reto, en realidad, es cultural y consiste en pasar de gestionar las herencias cuando ya es tarde a planificarlas con tiempo, con transparencia y con visión intergeneracional.

¿Qué diferencia hay entre hacer testamento y realizar una verdadera planificación sucesoria?

Hacer testamento es un acto jurídico concreto mediante el cual una persona ordena el destino de su patrimonio para después de su fallecimiento.

Sin embargo, la planificación sucesoria es un proceso previo y más amplio que consiste en analizar la situación familiar, patrimonial y fiscal para tomar decisiones estratégicas en vida sobre la estructura del patrimonio, la protección de determinados bienes, la previsión de escenarios familiares y la optimización fiscal.

Por tanto, el testamento es únicamente la herramienta final que recoge y formaliza todo ese trabajo previo, pero no lo sustituye ni lo agota.

¿Cuál es el error más habitual que cometen las familias cuando dejan la herencia “para más adelante”?

El error más habitual es pensar que la herencia es un asunto lejano y que siempre habrá tiempo para organizarla, ya que ese aplazamiento acaba generando justo lo contrario de lo deseado, con decisiones improvisadas, falta de previsión y, en muchos casos, conflictos familiares que podrían haberse evitado con una planificación mínima.

Además, dejarlo para más adelante supone perder margen de decisión, porque cuando llega el momento, ya no se actúa con calma ni con estrategia, sino reaccionando a una situación ya cerrada. Es ahí donde surgen las tensiones, no tanto por el patrimonio en sí, sino por la ausencia de planificación previa.

¿Qué conflictos suelen aparecer cuando varios herederos reciben un inmueble?

En general, los conflictos más habituales surgen por la falta de acuerdo sobre el destino y el uso de la vivienda, ya que los herederos no siempre comparten las mismas expectativas.

Algunos prefieren venderla, otros conservarla en la familia y otros incluso utilizarla, lo que genera bloqueos y tensiones desde el primer momento. También es frecuente que surjan dificultades en la gestión diaria del inmueble, desde el pago de gastos y el mantenimiento hasta la decisión de alquilarlo o no.

Precisamente por eso es clave una buena planificación, ya que sin reglas claras la copropiedad puede convertirse en un foco de tensión que, con el tiempo, suele derivar en la venta forzosa o en la división judicial del patrimonio.

¿Conviene donar en vida o esperar a la herencia? ¿De qué depende esa decisión desde el punto de vista jurídico, fiscal y familiar?

La decisión no tiene una respuesta única, ya que depende en gran medida de la situación particular de cada familia.

Desde el punto de vista jurídico y fiscal, influyen factores como el tipo de bienes, la fiscalidad aplicable en cada comunidad autónoma y la forma en que se quiera articular la transmisión del patrimonio, especialmente si se busca mantener el control en vida o anticipar ya el reparto entre herederos.

Pero, más allá de lo técnico, es una decisión muy ligada a la dinámica familiar. La donación en vida puede ser útil para ordenar el patrimonio, ayudar a un hijo en un momento concreto o evitar futuros conflictos, pero también puede generar desequilibrios si no se compensa adecuadamente entre herederos o si cambia la situación familiar.

Por eso, más que una regla general, lo importante es analizar cada situación concreta y diseñar la solución que mejor se adapte a esa realidad familiar y patrimonial.

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones varía mucho según la comunidad autónoma. ¿Hasta qué punto la fiscalidad condiciona la forma en la que las familias organizan su patrimonio?

El ISD puede influir en la forma en la que las familias organizan su patrimonio, aunque con matices importantes. En términos generales, entre familiares directos las bonificaciones suelen ser elevadas en la mayoría de las comunidades autónomas, lo que reduce de forma significativa la carga fiscal en muchos casos.

Ahora bien, cada comunidad tiene sus propias particularidades, tanto en reducciones como en bonificaciones y requisitos, por lo que es fundamental conocer bien la normativa aplicable en cada caso concreto. Asturias continúa siendo, un año más, la comunidad autónoma con mayor gravamen fiscal en ISD.

Además, al tratarse de un impuesto que se rige por la residencia del causante en las sucesiones, este elemento también condiciona la situación. Algunas familias modifican la residencia habitual de la persona mayor para reducir el importe abonado en la residencia de ancianos y se encuentran una desagradable sorpresa tras el fallecimiento por estar sometidos a tributación en una comunidad autónoma más gravosa.

Por eso, una adecuada planificación sucesoria y un buen asesoramiento pueden ser clave para optimizar la carga fiscal dentro del marco legal.

¿Qué ocurre cuando un heredero recibe bienes, pero no tiene liquidez para afrontar impuestos, gastos o compensaciones al resto de la familia?

Cuando no hay liquidez suficiente, el heredero puede verse obligado a vender bienes heredados de forma precipitada para afrontar impuestos, deudas o compensaciones al resto de coherederos. También puede tener que recurrir a financiación externa o a acuerdos de pago aplazado, aunque estas soluciones no siempre son viables.

Además, como heredar no solo implica recibir bienes, sino también asumir las obligaciones de la herencia, es fundamental conocer previamente la composición del caudal hereditario y las posibles cargas existentes.

En estos casos, la aceptación de la herencia a beneficio de inventario puede ser una herramienta especialmente útil, ya que permite limitar la responsabilidad del heredero al valor de los bienes recibidos y evitar que tenga que responder con su patrimonio personal, por lo que es de vital importancia no realizar actuaciones que impliquen la aceptación táctica de la herencia y poder acogerse al beneficio de inventario.

Por tanto, antes de aceptar una herencia, resulta esencial analizar su contenido para adoptar la decisión más adecuada desde el punto de vista jurídico y económico.

En la empresa familiar, ¿por qué la sucesión no puede reducirse a elegir quién se queda al mando?

En la empresa familiar, la sucesión va mucho más allá de decidir quién ocupará el puesto de dirección. El verdadero desafío consiste en garantizar la continuidad del proyecto empresarial sin poner en riesgo el equilibrio familiar, algo especialmente complejo cuando patrimonio, gestión y vínculos personales se entrelazan.

Además, no siempre coinciden quienes están preparados para liderar el negocio con quienes tienen la condición de herederos.

Por eso, una sucesión bien planificada debe abordar cuestiones como el gobierno de la empresa, el reparto de acciones o participaciones, la incorporación de las nuevas generaciones y los mecanismos necesarios para prevenir futuros conflictos.

Al final, lo esencial no es quién heredará el lugar del fundador, sino cómo asegurar que la empresa siga siendo viable, competitiva y capaz de perdurar cuando la persona que la impulsó durante años ya no esté al frente.

El plan de pagos, regulado en los artículos 495 a 500 bis TRLC, es el instrumento a través del cual el deudor se compromete a satisfacer determinadas deudas durante un periodo de tiempo determinado, en función de su capacidad económica.

A través de este mecanismo, el deudor puede evitar la liquidación de todos sus bienes, lo que supone una diferencia importante respecto a la concepción tradicional del concurso, en la que la liquidación era la regla general. Con el plan de pagos se pretende evitar la pérdida de los bienes vinculados a la actividad profesional o empresarial del concursado, así como de su vivienda habitual y, en general, conservar su patrimonio. No obstante, debe tenerse en cuenta que el plan de pagos exige un mayor esfuerzo de planificación y transparencia, ya que debe reflejar de forma clara y realista la situación económica del deudor.

Desde el punto de vista práctico, no todas las deudas quedan afectadas de la misma forma. El artículo 489 TRLC distingue entre:

- Deudas no exonerables: son aquellas que deben ser satisfechas íntegramente, sin posibilidad de cancelarlas, ni parcial ni total. El artículo 489 TRLC recoge de forma expresa las deudas que quedan excluidas de la exoneración. A título ejemplificativo, entre otras, se incluyen las deudas derivadas de responsabilidad civil extracontractual o de delito (especialmente por daños personales), las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, las deudas por alimentos y las deudas de derecho público(con sus límites, lo cual hemos analizado en el artículo Exoneración del Pasivo Insatisfecho: Criterio del Tribunal Supremo).

- Deudas exonerables: son aquellas que el deudor puede llegar a cancelar total o parcialmente. En la medida en que disponga de recursos, deberá destinar una parte de ellos a su pago mediante el plan. Tienen esta consideración todas aquellas deudas que no figuran en el listado del artículo 489 TRLC; por ejemplo, deudas ordinarias con proveedores o con entidades financieras sin garantía real.

El contenido del plan de pagos está regulado en el artículo 496 TRLC y exige un nivel de detalle elevado. No se trata únicamente de fijar un calendario de pagos, sino de elaborar una propuesta completa donde el deudor identifique los recursos con los que cuenta y cómo prevé aplicarlos.

En este contexto, debe tenerse en cuenta que uno de los requisitos esenciales del plan de pagos es que permita satisfacer una mayor proporción de deuda exonerable que la que los acreedores recibirían en un escenario de liquidación. En la práctica, esto implica que el plan opera como una suerte de “recompra” de los bienes por parte del deudor, quien destina sus recursos futuros a evitar su realización. Por ello, el diseño legal y financiero del plan resulta determinante, ya que será necesario justificar de forma consistente el importe que se destina al mismo.

Por lo tanto, el plan debe incluir tanto los ingresos actuales como las previsiones razonables de ingresos futuros, ya que su viabilidad del plan depende en gran medida de la evolución de la situación económica del deudor.

Además, el plan debe contemplar no solo el pago de las deudas incluidas en él, sino también las obligaciones que el deudor debe seguir atendiendo durante su vigencia, como los gastos de subsistencia, las posibles obligaciones de alimentos o las deudas derivadas de su actividad profesional o empresarial. En aquellos supuestos en los que el deudor desarrolla una actividad económica, también resulta necesario incluir un plan de continuidad que justifique cómo se generarán ingresos y qué bienes se consideran imprescindibles para ello.

La duración del plan de pagos se regula en el artículo 497 TRLC. Como regla general, no puede exceder de tres años, si bien puede ampliarse hasta un máximo de cinco años en determinadas circunstancias, especialmente cuando se pretende conservar la vivienda habitual o cuando los ingresos del deudor dependen de factores variables, como el desarrollo de una actividad profesional. Esta flexibilidad permite adaptar el plan a la realidad económica del deudor y aumentar sus posibilidades de cumplimiento.

Dado que el plan se ejecuta durante un periodo prolongado de tiempo, el propio TRLC prevé la posibilidad de modificarlo si se produce una alteración significativa de la situación económica del deudor. Esta posibilidad, regulada en el artículo 499 bis TRLC, no responde a cualquier variación, sino únicamente a cambios relevantes que afecten de manera directa a la capacidad de pago. Tanto el deudor como los acreedores afectados pueden solicitar dicha modificación, si bien la norma limita su número a una única revisión durante la vigencia del plan.

En cuanto al cumplimiento, el artículo 499 ter TRLC establece que el incumplimiento del plan puede dar lugar a la revocación de la exoneración. Esto significa que el deudor perdería el beneficio obtenido y las deudas podrían volver a ser exigibles. No obstante, el sistema introduce ciertos mecanismos de flexibilidad, ya que el artículo 500 TRLC permite al juez conceder la exoneración definitiva incluso en caso de incumplimiento cuando concurran circunstancias graves e imprevisibles que justifiquen la falta de pago, siempre que el deudor haya actuado de buena fe.

En definitiva, el plan de pagos es una herramienta que permite al deudor reorganizar su deuda sin perder necesariamente sus bienes esenciales, pero exige un ejercicio riguroso de planificación y transparencia. Su correcta elaboración resulta clave, ya que debe ser suficientemente detallado, realista y coherente para que pueda ser aprobado y, sobre todo, cumplido. Solo de este modo el deudor podrá acceder a la exoneración definitiva de sus deudas y alcanzar una verdadera segunda oportunidad económica.

Madrid, junio de 2026. El año 2026 marca un avance relevante en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad para cancelar deudas en España. La reforma estructural introducida por la Ley 16/2022 ya había facilitado el acceso al mecanismo al eliminar el acuerdo extrajudicial previo, reducir plazos e integrar el régimen en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC, Real Decreto Legislativo 1/2020). Sin embargo, la consolidación práctica ha llegado con la jurisprudencia dictada este año.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reforzado los criterios de proporcionalidad aplicables a la exoneración de deuda pública, en línea con la Directiva (UE) 2019/1023. Ese criterio europeo, especialmente conectado con la sentencia del TJUE de 7 de noviembre de 2024 en los asuntos acumulados Corván, C-289/23, y Bacigán, C-305/23, ha tenido desarrollo en España mediante el bloque de resoluciones del Tribunal Supremo del 18 de febrero de 2026, con impacto directo en la práctica concursal.

El Tribunal Supremo fija doctrina: las sentencias de febrero de 2026

Las sentencias n.º 259 a 264/2026, dictadas por la Sala Primera el 18 de febrero, han definido un criterio estable y aplicable de forma inmediata en todo el territorio nacional. Analizadas conjuntamente, sus principales consecuencias prácticas son las siguientes:

Revisión de oficio de la buena fe: el órgano judicial debe comprobar por iniciativa propia si el solicitante cumple el requisito de buena fe necesario para acceder a la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), aunque los acreedores no lo planteen. Esta obligación refuerza la necesidad de presentar desde el primer momento un expediente documentado y con una argumentación jurídica consistente, conforme al artículo 487 y siguientes del TRLC.

Derivación de responsabilidad tributaria: la existencia de un acto administrativo de derivación de responsabilidad fiscal no bloquea automáticamente el acceso al EPI. Solo puede actuar como causa de exclusión cuando esa derivación tenga su origen en una conducta fraudulenta acreditada de forma suficiente, conforme al principio de proporcionalidad.

Crédito público: límites separados por Administración y accesorios subordinados: en relación con el crédito principal de Derecho público, la exoneración alcanza íntegramente los primeros 5.000 € y el 50 % hasta un máximo de 10.000 €, según el art. 489.1.5.º TRLC. Este límite debe calcularse de manera individual para cada Administración acreedora, no solo frente a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, sino también respecto de administraciones autonómicas y locales. Además, el Tribunal Supremo precisa que los créditos públicos subordinados, como intereses de demora, recargos y sanciones, pueden quedar exonerados por completo sin quedar sometidos a ese límite económico.

Análisis obligatorio de la exoneración parcial: cuando no proceda una exoneración total, el juzgado debe estudiar necesariamente la posibilidad de conceder una exoneración parcial mediante un plan de pagos proporcional a la capacidad económica del deudor, conforme a los artículos 490 y siguientes del TRLC.

Mayor control de las causas de exclusión: las condenas penales firmes por delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, dentro de los plazos previstos en el TRLC, operan como causa de exclusión. Por ello, antes de iniciar cualquier expediente resulta imprescindible revisar la viabilidad del asunto y comprobar el historial del solicitante.

Esta jurisprudencia aproxima la práctica judicial española a los criterios de la Directiva (UE) 2019/1023 y confirma una idea cada vez más asumida por los especialistas: en los procedimientos de segunda oportunidad, el resultado no depende únicamente de la norma, sino de la calidad técnica con la que se prepara y defiende cada expediente.

Qué permite realmente la Ley de Segunda Oportunidad

La Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), incorporada al ordenamiento español mediante la Ley 25/2015 y reformada en profundidad e integrada en el TRLC por la Ley 16/2022, permite a personas físicas, tanto particulares como autónomos, cancelar total o parcialmente sus deudas cuando atraviesan una situación de insolvencia. En concreto, este mecanismo permite:

Cancelar préstamos personales, tarjetas de crédito, microcréditos y deudas con entidades financieras.

Suspender las ejecuciones individuales abiertas durante la tramitación del concurso, conforme a los efectos previstos en el TRLC para la insolvencia de la persona natural.

Exonerar determinadas deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, dentro de los límites y requisitos del TRLC interpretados por el Tribunal Supremo, incluidos íntegramente los intereses y costes accesorios de carácter subordinado.

Iniciar una nueva etapa con seguridad jurídica y sin mantener una carga económica imposible de afrontar.

Lexitia: especialización y resultados en 2026

En un mercado donde la nueva doctrina del Tribunal Supremo exige mayor precisión técnica, Lexitia, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, se sitúa en el segmento de mayor exigencia para particulares y autónomos que necesitan acogerse a este mecanismo. En sus últimos 150 procedimientos tramitados, Lexitia registra una tasa de éxito del 96 %, según los datos internos de seguimiento del despacho.

Cuatro factores explican estos resultados:

Especialización exclusiva en Derecho Concursal y Segunda Oportunidad: el equipo concentra su actividad en esta materia y no desvía recursos hacia otras áreas jurídicas, lo que permite una dedicación íntegra a la práctica concursal.

Análisis de viabilidad previo riguroso: conforme a la nueva doctrina del Tribunal Supremo, Lexitia estudia cada caso antes de iniciarlo. Este examen permite identificar causas de exclusión del EPI, antecedentes penales relevantes, riesgos de derivaciones tributarias de origen fraudulento y posibles escenarios de exoneración parcial. Ningún procedimiento comienza sin una estrategia sólida.

Tecnología aplicada con garantías completas: la integración de herramientas de inteligencia artificial en la preparación y seguimiento del expediente contribuye a reforzar la documentación, con tratamiento de datos conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018.

Transparencia total en honorarios: sin costes ocultos, con planes desde 99 €/mes y consulta inicial gratuita. Las condiciones económicas y las garantías constan expresamente en el contrato de servicios, conforme a la normativa de protección de consumidores y usuarios.

Alberto Raba, Director de Lexitia, considera que la clave no está en prometer soluciones imposibles, sino en analizar con rigor la viabilidad de cada caso antes de ponerlo en marcha. Según explica, las sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2026 confirman una metodología que Lexitia aplica desde el primer día: relación cercana con el cliente, preparación profunda del expediente y uso de herramientas tecnológicas para marcar la diferencia entre reconstruir una vida o afrontar una resolución judicial desfavorable.

La Garantía de Éxito de Lexitia

Lexitia ofrece una Garantía de Éxito contractual, una fórmula poco habitual en el sector. No se trata de una promesa comercial genérica, sino de una condición recogida expresamente en el contrato de servicios, con sus requisitos, alcance y exclusiones definidos conforme a la normativa de protección de consumidores y usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007). El contrato establece con precisión qué se considera éxito, cuándo puede activarse la devolución de honorarios y qué condiciones delimitan esta garantía.

La garantía se considera cumplida cuando el procedimiento finaliza mediante:

La obtención del EPI en modalidad de exoneración total o parcial del pasivo insatisfecho.

La aprobación judicial de un plan de pagos conforme a la normativa vigente.

Cualquier otra solución procesal ajustada a derecho planteada como escenario viable tras el análisis inicial.

Si el procedimiento no alcanza ninguno de estos resultados por una causa directamente imputable a una actuación negligente de Lexitia, el cliente tiene derecho a solicitar la devolución de los honorarios abonados, con la deducción de los costes administrativos mínimos detallados en el contrato. Esta estructura alinea los incentivos del despacho con el interés del cliente mediante una fórmula singular en el mercado de la exoneración de deudas con abogado concursal.

Alberto Raba, Director de Lexitia, entiende que la Garantía de Éxito no responde a una acción de marketing, sino a la consecuencia natural de trabajar correctamente desde el primer momento. Según su planteamiento, cuando el análisis de viabilidad es riguroso y la preparación del expediente se realiza con precisión, el éxito se convierte en la norma y no en una excepción.

Cómo elegir despacho: cuatro criterios irrenunciables en 2026

A la luz de la nueva doctrina del Tribunal Supremo, Lexitia señala cuatro criterios que cualquier deudor debería comprobar antes de contratar un despacho:

Especialización real y exclusiva en Derecho Concursal, no como servicio añadido a otras áreas.

Transparencia total en honorarios desde el primer momento, con condiciones reflejadas en contrato.

Análisis de viabilidad previo adaptado a la jurisprudencia actual del Tribunal Supremo, para no iniciar procedimientos abocados al rechazo.

Garantía contractual que vincule al despacho al resultado definido, con condiciones claras conforme a la normativa de consumidores.

Lexitia ofrece una primera consulta gratuita y planes de pago adaptados desde 99 €/mes, accesibles en toda España.

Sobre Lexitia

Lexitia es una legal tech española especializada en exclusiva en la Ley de Segunda Oportunidad y el Derecho Concursal, con sede en Madrid y atención en toda España. Su equipo combina experiencia jurídica concursal con un enfoque tecnológico diferencial y plena observancia de la normativa de protección de datos. Su propuesta está dirigida a quienes buscan asesoramiento jurídico para cancelar deudas con análisis previo, estrategia y garantías contractuales.

· Más información en lexitia.com

La inclusión de la firma, por segundo año consecutivo, en este directorio internacional refleja la consolidación de una propuesta jurídica centrada en la prevención, la gestión integral de riesgos y la defensa de los intereses de sus clientes en escenarios de alta exigencia.

“Supone una validación del enfoque con el que acompañamos desde el despacho a organizaciones y particulares en la toma de decisiones críticas y en la protección de su actividad frente a contingencias legales, penales y reputacionales”, explican desde el bufete.

Una visión integral del derecho

Uno de los principales factores que explican esta consolidación es el modelo de asesoramiento desarrollado por la firma, basado en la integración de áreas tradicionalmente abordadas de forma independiente.

De este modo, Danigmas reúne una amplia experiencia en derecho penal económico, compliance, investigaciones internas, gestión de riesgos y litigación en procedimientos complejos, ofreciendo soluciones jurídicas integrales y estratégicas, diseñadas a medida para dar respuesta eficaz a los desafíos particulares de cada cliente.

“La especialización en compliance constituye uno de los pilares estratégicos del despacho”, señala Gonzálvez. Con este enfoque, Danigmas acompaña a empresas y organizaciones en el diseño, implementación y mejora continua de sistemas de cumplimiento normativo, programas de prevención de delitos, canales internos de información, protocolos corporativos y estructuras de gobernanza, contribuyendo a fortalecer una cultura de integridad y a gestionar los riesgos legales y reputacionales de forma eficaz y sostenible.

La firma ha consolidado, además, una clara especialización con el asesoramiento y defensa en el campo penal económico, un ámbito en el que la creciente complejidad normativa exige equipos altamente especializados y una visión transversal.

No es el primer reconocimiento que reciben

La trayectoria de la firma se ve respaldada por reconocimientos internacionales continuados.

Daniel Gonzálvez Mas ha sido distinguido por Best Lawyers desde 2023 en el área de Criminal Defense, mientras que el despacho ha sido incluido en Best Law Firms durante dos años consecutivos (2026 y 2027), reflejando tanto la excelencia profesional individual como la solidez institucional del despacho.

La metodología de Best Law Firms combina valoraciones de clientes, recomendaciones de profesionales del sector, análisis de reputación y evaluación de resultados, reconociendo únicamente a aquellas organizaciones que acreditan los más altos estándares de calidad, experiencia y excelencia profesional.

Su nombramiento, que ha sido ya publicado en el BOE, ha reactivado las reacciones de la acusación particular, que considera que esta situación no puede tratarse como un simple trámite administrativo mientras continúa pendiente la apertura de juicio oral.

La representación de Ausbanc y su presidente Luis Pineda han solicitado a la Audiencia Nacional que acelere la fase intermedia del procedimiento dado que el movimiento se produce mientras continúa abierto el procedimiento derivado del caso Ausbanc y Luis Pineda, en el que figura como acusado junto a otros investigados. Precisamente esta circunstancia ha llevado a la representación de Luis Pineda a reclamar al instructor la apertura «inmediata» del juicio oral, al considerar que todas las acusaciones ya han presentado sus escritos de calificación provisional.

Su petición principal es clara: que se declare cuanto antes la apertura de juicio oral para que, una vez alcanzado ese punto procesal, se comunique la situación al CGPJ y se activen los mecanismos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para valorar la situación del magistrado en activo.

La acusación sostiene que la continuidad de Ortega en la carrera judicial mientras permanece imputado en una causa de esta magnitud genera un problema institucional de primera magnitud. Según el escrito de la acusación, una vez abierto el juicio oral, el Consejo General del Poder Judicial debería analizar si procede la adopción de medidas sobre el magistrado, en aplicación de los artículos 383 y 384 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El debate no se limita al plano penal, sino que se traslada a la esfera institucional: si un juez en activo puede continuar ejerciendo mientras afronta un proceso en el que la Fiscalía Anticorrupción solicita penas que, en el caso de Ortega, alcanzan los 26 años de prisión.

En la misma pieza del caso Villarejo también se investigan presuntos encargos de espionaje atribuidos a la etapa de Francisco González en BBVA. La Fiscalía Anticorrupción reclama elevadas penas para distintos acusados, mientras que la acusación particular amplía sus propias solicitudes de responsabilidad económica.

Ortega aparece señalado por su papel en la estructura jurídica del banco durante el periodo investigado, cuando se habrían producido los hechos objeto del procedimiento. Desde la acusación, Pineda ha insistido en que el regreso de un imputado a la carrera judicial en plena causa abierta plantea un problema de legitimidad institucional. En su argumentación, la cuestión trasciende lo penal y afecta a la confianza en el sistema judicial.

La Audiencia Nacional, por su parte, deberá decidir si el procedimiento reúne ya las condiciones para avanzar hacia el juicio oral, paso clave para desbloquear las siguientes actuaciones procesales. Con los escritos de calificación ya presentados, la acusación considera que el caso está listo para pasar a la siguiente fase. La decisión del tribunal será determinante no solo para el desarrollo del procedimiento del caso Villarejo, sino también para el encaje institucional de un magistrado en activo imputado en la misma causa.

El resultado puede abrir un nuevo frente en uno de los procesos judiciales más complejos y sensibles de los últimos años en España, en el que convergen espionaje corporativo, responsabilidades bancarias y ahora también el papel de la propia judicatura.

El informe pericial elaborado por Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos ha adquirido especial relevancia en una resolución judicial dictada en un procedimiento penal seguido por un presunto delito contra la libertad sexual. La decisión revoca la prisión provisional que pesaba sobre el investigado y acuerda su libertad provisional con medidas cautelares. Ese es precisamente el terreno en el que un buen peritaje puede cambiar el enfoque de una resolución.

En este caso, la resolución consideró que los fines cautelares podían preservarse mediante medidas menos restrictivas. Esa conclusión sitúa el debate en un punto esencial para la justicia penal: la gravedad de los hechos investigados no elimina la obligación de valorar las circunstancias concretas del caso, la fase procesal, la duración de la medida, la existencia de alternativas y la proporcionalidad de mantener la privación de libertad.

Para Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, el caso refleja la importancia de una pericial bien orientada en procedimientos penales complejos. La función del perito no es sustituir al juez, ni decidir el resultado del juicio, ni minimizar la gravedad de una acusación. Su papel es aportar elementos técnicos que permitan al tribunal decidir con más información, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales. La resolución demuestra que la prueba pericial puede marcar la diferencia cuando permite pasar de una lectura genérica del caso a una valoración individualizada. En procedimientos con fuerte carga social y mediática, la pericial ayuda a separar la reacción emocional del análisis jurídico. No se trata de negar la gravedad de los hechos investigados, sino de recordar que toda medida cautelar debe estar fundada en datos concretos y no en automatismos. La Audiencia Provincial fue clara al estimar el recurso: no apreció que, en ese momento procesal, se mantuviera un riesgo relevante que no pudiera ser combatido con medidas menos gravosas, y atendió también al dilatado periodo de prisión provisional ya cumplido por el investigado.

El informe pericial no fue una simple opinión. Según el documento aportado, el Dr. Cuadrado se desplazó al centro penitenciario para realizar entrevistas y pruebas neuropsicológicas estandarizadas. La metodología incluyó entrevistas clínicas estructuradas, pruebas de inteligencia, personalidad, memoria, función ejecutiva, control inhibitorio y toma de decisiones, además de revisión de historia clínica, antecedentes y valoraciones previas.

Ese nivel de análisis es especialmente importante en delitos graves. En este tipo de procedimientos, la carga emocional y social puede ser muy elevada. Precisamente por eso, el Derecho penal no puede apoyarse en automatismos. Debe distinguir entre el juicio sobre los hechos, que se resolverá en su momento, y la decisión cautelar sobre la libertad, que exige valorar si la prisión sigue siendo necesaria antes de sentencia firme.

El caso confirma que el informe pericial de Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos contribuyó a desplazar el debate hacia el terreno que corresponde: proporcionalidad, garantías procesales, valoración individualizada y medidas cautelares adecuadas. En un asunto marcado por una acusación grave, el tribunal recordó que la protección de las víctimas, la presunción de inocencia y los derechos del investigado deben convivir dentro del marco legal.

En este tipo de causas, un informe pericial puede ser decisivo no porque “gane” el caso, sino porque obliga a mirar mejor. Aporta contexto donde puede haber simplificación. Aporta método donde puede haber inercia. Y permite que el tribunal valore si existen alternativas compatibles con la protección de las víctimas y con los derechos fundamentales del investigado. Con esta resolución, el nombre de Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos vuelve a quedar asociado a una idea central en la práctica forense: los informes periciales no son accesorios. En determinados procedimientos, pueden cambiar el enfoque jurídico de una decisión y obligar a mirar el caso con mayor precisión técnica.

¿Qué se considera violencia doméstica en Texas?

Texas utiliza el término "violencia familiar" en lugar de "violencia doméstica", pero describen la misma conducta. El Código de Familia de Texas, en su Sección 71.004, la define como un acto de un miembro de la familia o del hogar contra otro con intención de causar daño físico o lesiones, o una amenaza que genere temor razonable de daño inminente. El delito de agresión con violencia familiar se tipifica en la Sección 22.01 del Código Penal.

Un dato relevante para entender el alcance del proceso: en Texas, la víctima no puede "retirar los cargos". El caso lo lleva el Estado, no la persona denunciante, y la fiscalía puede continuar incluso si esta se retracta.

¿Por qué una condena afecta tanto a las finanzas?

Porque las consecuencias colaterales son permanentes y golpean directamente a la capacidad de generar ingresos. A diferencia de una multa, que se paga una vez, una condena por violencia familiar deja un antecedente que, en Texas, no puede eliminarse ni sellarse. Ese registro aparece en cada verificación de antecedentes para el resto de la vida, y es ahí donde empieza el verdadero coste económico.

¿Cómo afecta al empleo y a las licencias profesionales?

Afecta tanto a la posibilidad de conseguir trabajo como a la de conservar una licencia para ejercer. Muchos empleadores realizan verificaciones de antecedentes y descartan a candidatos con una condena de este tipo, especialmente en sectores que exigen confianza o autorizaciones de seguridad. Además, los organismos que regulan profesiones como la enfermería, la educación, los bienes raíces, la contabilidad o la abogacía pueden denegar o revocar una licencia a partir de una condena por violencia familiar. La pérdida de una credencial profesional equivale, en la práctica, a la pérdida de la fuente principal de ingresos. Conviene recordar que el despido y sus causas dependen de factores que un antecedente penal agrava de forma considerable.

¿Qué ocurre con la posesión de armas?

Una condena, incluso por un delito menor, conlleva la prohibición federal de por vida de poseer armas de fuego o munición. Esa prohibición está en la ley federal, en el Título 18, Sección 922(g)(9) del Código de EE. UU., conocida como la Enmienda Lautenberg, y no tiene mecanismo ordinario de restauración. Para ciertos profesionales, como los del sector de la seguridad o las fuerzas del orden, esta prohibición supone directamente el fin de su carrera y de los ingresos asociados a ella. A efectos federales, incluso una resolución de "deferred adjudication" puede contar como condena.

¿Cómo impacta el patrimonio, el divorcio y la custodia?

Impacta en la división de bienes, en la custodia de los hijos y en los costes legales acumulados. Una acusación de violencia familiar suele desencadenar procedimientos paralelos de familia, y los tribunales de Texas deben considerar el historial de violencia familiar al decidir la custodia, conforme a la Sección 153.004 del Código de Familia. A los honorarios de la defensa penal se suman los del proceso civil y los de un eventual divorcio, una presión sobre la economía familiar que hace más necesaria que nunca una buena gestión de las finanzas personales.

¿Qué consecuencias migratorias hay para los no ciudadanos?

Para una persona no ciudadana, una condena por violencia familiar puede tratarse como un delito de vileza moral y derivar en deportación o inadmisibilidad. Esta consecuencia se aplica incluso a residentes permanentes de larga duración y puede significar la pérdida del trabajo, de la vivienda y de toda la vida construida en el país. En términos económicos, es la más catastrófica de todas, y debería evaluarse con un abogado de inmigración antes de tomar cualquier decisión sobre el caso.

¿Por qué una defensa temprana protege su economía?

Una defensa temprana protege los ingresos futuros porque puede evitar la condena que activa todas esas consecuencias permanentes. Cuanto antes interviene un abogado, mayores son las opciones de lograr una desestimación, una reducción o una resolución que no destruya la capacidad de trabajar. Contar con un Abogado de violencia doméstica con experiencia es, vista la magnitud del riesgo financiero, una de las decisiones económicas más importantes que puede tomar una persona acusada.

Si usted o alguien cercano está sufriendo violencia doméstica, existe ayuda confidencial. La Línea Nacional contra la Violencia Doméstica atiende en español las 24 horas en el 1-800-799-7233 y en thehotline.org. Entender las consecuencias financieras de una acusación no resta gravedad al problema: ayuda a que todas las partes tomen decisiones informadas.

El derecho laboral regula la relación entre trabajadores y empleadores. Dentro de este ámbito, los conflictos vinculados con despidos y reclamaciones económicas son algunos de los más frecuentes. Aunque la normativa busca proteger los derechos de ambas partes, no siempre existe acuerdo sobre las condiciones de finalización de un contrato o sobre los importes que deben abonarse al empleado.

Uno de los principales servicios que ofrecen es el asesoramiento en casos de despido. Cuando una empresa comunica la extinción de una relación de trabajo, el profesional revisa la documentación, analiza si se han cumplido los requisitos legales y determina si el despido puede considerarse procedente, improcedente o nulo. Esta evaluación resulta clave para definir las acciones que puede emprender el trabajador.

Las indemnizaciones constituyen otro aspecto central de su trabajo. Dependiendo de las circunstancias del despido, la antigüedad del empleado y el tipo de contrato, la ley establece diferentes compensaciones económicas. Los especialistas ayudan a calcular las cantidades correspondientes y verifican que la empresa cumpla con sus obligaciones.

Además de los despidos, las reclamaciones de salarios y cantidades representan una parte importante de las consultas que reciben estos profesionales. Este procedimiento permite reclamar pagos pendientes cuando el trabajador no ha cobrado su sueldo, horas extras, comisiones, vacaciones no abonadas, complementos salariales u otros conceptos económicos reconocidos por contrato o convenio colectivo.

“En muchos casos, las reclamaciones comienzan mediante una negociación o un acto de conciliación entre las partes”, explican desde el despacho de Ásegas Abogados. Si no se alcanza un acuerdo, el conflicto puede trasladarse a la vía judicial. El letrado prepara la documentación necesaria, reúne pruebas y representa al trabajador durante todo el proceso.

La importancia de este tipo de asesoramiento se refleja también en los datos del mercado laboral. Según cifras del Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, durante 2025 se registraron miles de procedimientos de conciliación relacionados con despidos y reclamaciones económicas derivadas. Estas cifras muestran que las discrepancias entre trabajadores y empresas continúan siendo una realidad presente en distintos sectores de actividad.

Otro aspecto relevante es la prevención. Muchas personas consultan antes de firmar acuerdos de extinción, finiquitos o documentos presentados por la empresa. Esta revisión previa permite conocer el alcance de los compromisos asumidos y evitar posibles perjuicios futuros.

Contar con información adecuada y asesoramiento especializado puede marcar una diferencia significativa cuando surge un conflicto en el ámbito del trabajo. Conocer los derechos propios y acceder a mecanismos legales de protección permite que los trabajadores enfrenten situaciones difíciles con mayor seguridad y confianza en que existen herramientas para defender sus intereses dentro del marco establecido por la ley.

La causa se centra en la presunta comercialización de formación presentada como oficial, homologable y habilitante para ejercer como Psicólogo General Sanitario en España, pese a que, según la denuncia, los títulos y documentos entregados no habrían tenido la validez oficial prometida. La denuncia inicial se dirigió contra CUSE, con CIF B73723371, y contra su administrador, Raúl Rivero Burón, por la presunta comisión de un delito continuado de estafa en concurso con un delito continuado de falsedad documental.

El procedimiento nace de la acción penal promovida inicialmente por decenas de estudiantes, que denunciaron haber abonado importes relevantes para cursar un Máster en Psicología General Sanitaria bajo la convicción de que se trataba de una formación oficial o susceptible de homologación sin obstáculos. Según la denuncia, CUSE habría ofertado distintas modalidades, incluida una vía “interuniversidades” vinculada a una universidad española y otra vía europea ligada a E-Campus, generando en los alumnos la expectativa de obtener una titulación con efectos profesionales en España.

La acusación sostiene que el daño va mucho más allá del perjuicio económico. Muchos afectados dedicaron tiempo, prácticas, esfuerzo académico y planificación profesional a una formación que, según se expone en el procedimiento, no habría permitido obtener la habilitación prometida para ejercer como Psicólogo General Sanitario. Parte de ellos se vieron obligados a matricularse posteriormente en otros másteres oficiales para poder acceder a la profesión, duplicando gastos y retrasando su incorporación laboral. “Lo que pedimos es que se investigue hasta el final. No hablamos solo de dinero, sino de carreras profesionales bloqueadas, alumnos que confiaron en una apariencia de oficialidad y familias que hicieron un esfuerzo económico enorme para una titulación que, según la denuncia, no ofrecía la validez anunciada”, afirma Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, abogado e impulsor de la acusación particular junto a Teresa Bueyes.

La documentación aportada en la causa recoge comunicaciones en las que el máster se habría presentado como oficial, homologable y habilitante. También se citan pagos de miles de euros, gastos adicionales por supuesta documentación académica, tasas, traducciones, expedientes, títulos y suplementos europeos al título. La acusación sostiene que esos elementos habrían reforzado la apariencia de legalidad y habrían dificultado que los alumnos detectaran la verdadera situación administrativa de la formación contratada.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la respuesta atribuida al Ministero della Salute italiano, que habría informado, en relación con el “Master de I Livello in Psicologia General Sanitaria” de la Università Telematica E-Campus, que se trataba de un programa de perfeccionamiento académico, no de un máster profesionalizante regulado en Italia, y que no reconocía el ejercicio profesional de la titulación en ese país. Según la acusación, esa conclusión resulta incompatible con la promesa de habilitación profesional trasladada a los alumnos en España.

La acusación particular ha solicitado también medidas cautelares personales y patrimoniales respecto de Raúl Rivero Burón. Entre ellas, la convocatoria de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el mantenimiento de la requisitoria, la retirada de pasaporte, comparecencias periódicas y la fijación de una fianza de responsabilidad civil de 1.500.000 euros. El objetivo, según la acusación, es asegurar la presencia del investigado en el procedimiento, preservar la prueba y garantizar que, si finalmente se acreditan responsabilidades penales y civiles, los perjudicados puedan ser resarcidos.

El procedimiento habría alcanzado ya, según los últimos escritos de la acusación, al menos 117 personas perjudicadas identificadas y personadas, aunque la representación de los afectados considera que el número real podría ser superior. Por ello solicita que se recaben datos de administraciones, universidades y entidades relacionadas con la formación ofertada, para que todos los potenciales afectados puedan ser localizados y reciban el correspondiente ofrecimiento de acciones.

En las últimas semanas, la acusación ha incorporado además documentación financiera y mercantil sobre la situación de CUSE. Según el informe mercantil aportado, la compañía aparece con suspensión de actividad, incidencias concursales y una fuerte reducción de activos respecto de ejercicios anteriores. El mismo informe identifica a Raúl Rivero Burón como administrador único y socio único de la sociedad.

“Vamos a pedir que se rastree el destino del dinero pagado por los alumnos y cualquier movimiento patrimonial relevante. Si se ha intentado dejar a los afectados sin posibilidad de recuperar su dinero, debe investigarse con la máxima profundidad”, añade Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos.

La acusación insiste en que todas las actuaciones se formulan con pleno respeto a la presunción de inocencia de Raúl Rivero Burón y del resto de personas o entidades investigadas, pero subraya que los indicios documentales justifican una investigación completa, rápida y eficaz.

Uno de los aspectos clave en los que interviene un abogado de familia es la anticipación. La gestión patrimonial eficaz no comienza cuando surge un conflicto, sino mucho antes.

Diseñar una estrategia adecuada permite prever escenarios como rupturas matrimoniales, sucesiones o cambios en la situación económica. En este sentido, el régimen económico matrimonial es una de las primeras decisiones relevantes. Elegir entre gananciales, separación de bienes u otros modelos no es una cuestión menor, ya que condiciona la titularidad y reparto del patrimonio presente y futuro.

Además, desde Abogados Fincas Madrid, tienen claro que su papel es aportar una visión jurídica que permita estructurar correctamente la titularidad de los bienes.

“No se trata solo de quién figura como propietario, sino de cómo se articula esa propiedad para evitar conflictos o cargas innecesarias. Esto resulta especialmente importante en el caso de empresas familiares o inversiones compartidas, donde una mala planificación puede derivar en disputas complejas y costosas”, comparten.

Otro elemento fundamental es la protección del patrimonio ante posibles contingencias. El abogado analiza riesgos y propone mecanismos legales para minimizarlos. Esto puede incluir desde la redacción de capitulaciones matrimoniales hasta la creación de estructuras que separen el patrimonio personal del empresarial.

El objetivo es claro: evitar que situaciones personales afecten de manera negativa a los activos familiares.

En el ámbito sucesorio, su papel es igualmente determinante. Una planificación adecuada de la herencia no solo facilita el reparto de bienes, sino que también puede optimizar la carga fiscal y evitar conflictos entre herederos. El testamento, en este contexto, se convierte en una herramienta clave que debe adaptarse a la realidad patrimonial y familiar de cada caso.

En definitiva, el contar con un profesional del campo del derecho de familia no solo aporta seguridad jurídica, sino que permite tomar decisiones con una visión global y a largo plazo.

La abogacía, cuando se ejerce desde su dimensión más profunda, no se limita a interpretar normas ni a tramitar expedientes. También implica traducir la complejidad del sistema en respuestas comprensibles para quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad. Esa idea atraviesa la trayectoria de Velázquez&Villa Abogados, un despacho que ha orientado su actividad hacia el derecho laboral, las incapacidades y las prestaciones de la Seguridad Social, ámbitos donde la técnica jurídica se cruza de forma inevitable con la salud, el trabajo, la dignidad y el proyecto vital de cada persona.

La vocación por la abogacía nació muy pronto para María Teresa Menéndez Villa. «Desde muy joven tuve una clara vocación por ayudar a las personas», explica la letrada al recordar el origen de su camino profesional. Antes de estudiar Derecho cursó Relaciones Laborales, una formación que le permitió acercarse al ámbito jurídico desde una perspectiva práctica y vinculada a la realidad de los trabajadores. También su entorno familiar influyó de manera decisiva: creció viendo cómo su padre ayudaba a otras personas a entender y ejercer sus derechos, una experiencia que terminó consolidando su sensibilidad hacia la defensa jurídica.

Los primeros años en el ejercicio profesional fueron versátiles, como ocurre en muchos despachos. El contacto con distintas áreas del Derecho le permitió adquirir una base amplia antes de avanzar hacia la especialización. Con el tiempo, el ámbito laboral y de la Seguridad Social se reveló como el espacio donde el despacho podía aportar mayor valor. «Se trata de un campo muy técnico, pero también profundamente humano», sostiene. Esa combinación explica la orientación actual de Velázquez&Villa Abogados: rigor jurídico, estudio minucioso y acompañamiento cercano en procesos que suelen llegar cargados de incertidumbre.

La especialización en incapacidades laborales no apareció como una decisión abrupta, sino como un proceso natural. A medida que el despacho profundizaba en la materia, también comprendía la necesidad de construir un método propio, basado en la experiencia, la mejora continua y el análisis concienzudo de cada caso. En este terreno, la precisión resulta determinante: no basta con acreditar una enfermedad, sino que debe demostrarse jurídicamente cómo esa patología afecta a la capacidad real de trabajar.

Ese matiz, aparentemente técnico, es uno de los puntos que más dificultades genera entre los clientes. Muchas personas creen que el diagnóstico médico es suficiente para acceder a una prestación, cuando el sistema exige una valoración mucho más compleja. «Es necesario acreditar jurídicamente cómo esa enfermedad afecta a la capacidad de trabajar», explica. La falta de información produce frustración, inseguridad y decisiones equivocadas, especialmente cuando el trabajador no cuenta desde el inicio con asesoramiento especializado.

Los casos más habituales que llegan al despacho están relacionados con patologías del sistema musculoesquelético: problemas de columna, articulaciones o musculatura, muchas veces vinculados a años de actividad profesional. Sin embargo, en los últimos tiempos también se observa un incremento significativo de patologías psíquicas. Son enfermedades que siempre han existido, pero que hoy cuentan con mayor visibilidad y reconocimiento. Este cambio anticipa, además, una evolución relevante del derecho laboral en los próximos años, especialmente en lo relacionado con la salud mental y las nuevas realidades del trabajo.

Velázquez&Villa Abogados insiste en que uno de los errores más frecuentes de los trabajadores es desconocer sus derechos o confiar únicamente en el criterio médico sin comprender la dimensión jurídica del procedimiento. También existe un desconocimiento generalizado sobre los distintos grados de incapacidad, los requisitos de acceso o la forma en que se valoran las limitaciones en relación con la profesión habitual. «Paradójicamente, hablamos poco de estos temas cuando son situaciones que pueden afectar a cualquier persona en algún momento de su vida», señalan desde el despacho.

Aunque su principal especialización son las incapacidades laborales y las prestaciones de la Seguridad Social, el despacho también trabaja en otras áreas del derecho laboral: conflictos laborales, reclamaciones de derechos, despidos y situaciones donde sea necesario defender los intereses de las partes con seguridad jurídica.

Su clientela está formada, en gran medida, por trabajadores que han desarrollado una actividad durante años y que, a causa de problemas de salud, ven limitada su capacidad para continuar ejerciendo su profesión. Llegan con dudas, temor e incertidumbre. La labor del despacho consiste en ordenar esa situación, explicar el procedimiento y construir una estrategia jurídica sólida.

También las empresas, en su opinión, deben asumir una gestión más responsable de las relaciones laborales. La prevención, el asesoramiento especializado y la comprensión de que detrás de cada conflicto hay una persona resultan claves para evitar tensiones y favorecer entornos laborales más saludables.

A nivel personal, la mayor satisfacción de esta profesión sigue estando en el impacto directo sobre la vida de quienes confían en el despacho. «Saber que, a través de nuestro trabajo, contribuimos a que alguien pueda ver reconocidos sus derechos es, probablemente, lo más gratificante de esta profesión». En esa frase se resume una manera de ejercer la abogacía donde el expediente nunca borra a la persona.

En una época atravesada por el sobreendeudamiento, la fragilidad económica y la incertidumbre empresarial, el derecho mercantil ha dejado de pertenecer únicamente al territorio de los balances, las sociedades y los conflictos patrimoniales. En manos de María Isabel Miranda Santiago, esa rama jurídica adquiere una dimensión más profunda: la de convertirse en una herramienta concreta para devolver autonomía, dignidad y horizonte a quienes han quedado atrapados en una situación financiera aparentemente irreversible.

Su reconocimiento en los Premios Europeos Carlos III a la Excelencia y el Liderazgo confirma una trayectoria marcada por la especialización, la exigencia y una forma de entender la abogacía que combina técnica y humanidad sin confundir una cosa con la otra. «La gente insiste en presentar el derecho mercantil como algo frío, cuando en realidad es una de las ramas jurídicas más humanas», sostiene. Para Miranda Santiago, detrás de cada insolvencia, reestructuración o conflicto económico no hay solo expedientes: hay miedo, poder, riesgo, fracaso percibido y, en muchos casos, una segunda vida posible.

Esa mirada ha ido madurando a lo largo de su carrera. Su evolución profesional parte de una formación jurídica sólida, pero avanza hacia una comprensión más amplia del conflicto. «Ya no observo solo el problema legal; observo también el momento empresarial, la psicología del cliente, la posición procesal y el coste real de cada decisión», explica. En ese punto sitúa el verdadero valor del abogado mercantil: no basta con conocer la norma; hay que interpretar el escenario completo antes que los demás, detectar qué está realmente en juego y diseñar una estrategia viable.

Entre las áreas en las que trabaja, la Ley de Segunda Oportunidad ocupa un lugar central por su impacto humano y social. «No se trata solo de cancelar deuda, sino de devolver capacidad de decisión a una persona», afirma. La frase resume una concepción del derecho que no se agota en el trámite ni en la resolución favorable. Para ella, estos procedimientos exigen conocimiento de deuda, jurisprudencia, estrategia procesal y futuro económico del cliente. Ahí, afirma, se distingue si un jurista domina realmente la materia o solo conoce su superficie.

La abogada subraya que la segunda oportunidad puede desactivar situaciones que funcionan como condenas civiles encubiertas. Personas que han arrastrado durante años una deuda, una ruina empresarial o una imposibilidad de recomenzar encuentran en el procedimiento no una fórmula mágica, sino una vía jurídica para reorganizar su vida. «Hay casos en los que no solo se elimina una deuda; se desactiva una condena civil encubierta de por vida», señala.

Esa dimensión transformadora exige también una relación honesta con el cliente. Miranda Santiago rechaza tanto la frialdad técnica como la cercanía vacía. «La empatía sin solvencia técnica consuela, pero no salva; y la técnica sin empatía resuelve a medias», sostiene. Muchas personas llegan agotadas, humilladas o convencidas de que han fracasado. Su tarea consiste en decir la verdad, ordenar el caos y construir una estrategia seria. La claridad, en este contexto, no es un gesto amable: es una forma de protección. «Un cliente puede soportar una mala noticia; lo que no soporta bien es la opacidad», afirma.

Los reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera los interpreta como un indicador externo de excelencia, no como una meta complaciente. Para ella, los premios funcionan como termómetro: revelan que una forma de trabajar exigente y especializada resulta perceptible más allá del despacho y de la relación directa con el cliente.

Su compromiso se extiende también al derecho social y a la protección de colectivos vulnerables. En ese terreno, identifica un desafío recurrente: las personas en situación de vulnerabilidad rara vez presentan un único problema jurídico. Suelen acumular dificultades económicas, emocionales, familiares o culturales. Por eso, el reto no consiste solo en defender, sino en traducir el derecho sin infantilizar y construir soluciones útiles en la práctica.

La divulgación jurídica ocupa un espacio decisivo en su filosofía profesional.

«Explicar bien el derecho ya transforma», sostiene. Una sociedad mal informada queda más expuesta al abuso, al miedo y a decisiones injustas. Cuando alguien comprende que todavía dispone de mecanismos legales para reorganizar su vida, no recibe únicamente información: recupera poder.

Como mujer referente en el ámbito mercantil, Miranda Santiago también denuncia inercias persistentes dentro del sector jurídico. «Siguen existiendo estructuras que premian la mediocridad masculina mientras exigen a muchas mujeres brillantez acreditada para concederles la mitad de la autoridad», advierte. Frente a ello, reivindica una igualdad seria, basada en ocupar espacios de decisión, generar resultados y ejercer liderazgo sin suavizar la ambición ni el criterio propio.

De cara al futuro, anticipa tres grandes transformaciones: una mayor sofisticación del derecho de la insolvencia, la incorporación definitiva de la inteligencia artificial al análisis jurídico y el aumento de vulnerabilidades económicas cada vez más complejas. La precariedad moderna, recuerda, no siempre adopta formas visibles de exclusión; muchas veces aparece como sobreendeudamiento, fragilidad patrimonial o asfixia financiera silenciosa.

Su convicción final resume toda una manera de ejercer: «El derecho está para intervenir en la realidad». Y, sobre todo, para abrir caminos allí donde parecía haber solo bloqueo. Porque, como afirma María Isabel Miranda Santiago, «el derecho no debe ser un muro, sino una palanca».

Comprender cómo funciona la gestión de herencias e impuestos sucesorios en Barcelona resulta clave para evitar problemas económicos y demoras administrativas. La normativa catalana establece diferentes condiciones según el vínculo familiar, el valor de los bienes heredados y el tipo de patrimonio involucrado. En muchos casos, los herederos deben tomar decisiones importantes en un período corto de tiempo, mientras atraviesan una situación personal difícil. Especialistas del sector señalan que gran parte de las consultas se relacionan con dudas sobre impuestos, titularidades y distribución de bienes.

La evolución del mercado inmobiliario también influye directamente en este escenario. El aumento sostenido del valor de las propiedades hizo que muchas sucesiones incluyan activos con tasaciones elevadas, especialmente en barrios céntricos o zonas residenciales consolidadas. Según datos del portal Idealista, el precio medio de la vivienda en Barcelona registró un incremento superior al 7% interanual durante 2025. Este crecimiento impacta de manera directa sobre la valoración patrimonial que se utiliza en distintos trámites sucesorios.

A nivel nacional, también reflejan un cambio demográfico. Datos del Consejo General del Notariado indican que en España se tramitan más de 350.000 herencias por año, una cifra que mantiene una tendencia creciente vinculada al envejecimiento de la población y al volumen de patrimonio acumulado en vivienda. Muchos de esos procesos incluyen propiedades familiares que pasan de una generación a otra y que requieren regularización documental antes de poder venderse, alquilarse o repartirse entre herederos.

Los especialistas coinciden en que la falta de planificación previa suele generar los principales conflictos. Documentación incompleta, testamentos desactualizados o diferencias entre herederos aparecen entre las situaciones más frecuentes. En otros casos, las familias desconocen la existencia de bonificaciones fiscales o reducciones previstas por la normativa catalana para determinados grupos familiares. Sobre el tema, desde el estudio González & Martínez, señalan que “esa falta de información puede traducirse en costos más altos o en retrasos que complican la administración de los bienes heredados”.

Desde distintos despachos especializados explican que cada vez más familias buscan asesoramiento antes de que ocurra una sucesión. El objetivo es ordenar la situación patrimonial, revisar escrituras, actualizar registros y definir criterios claros sobre el reparto de bienes. Esta planificación permite reducir la incertidumbre y agilizar los trámites futuros. También facilita que los herederos puedan afrontar el proceso con mayor previsibilidad y menos carga administrativa.

Otro de los aspectos que preocupa a muchas familias es la posibilidad de tener que vender una propiedad para afrontar impuestos o gastos derivados. Esto ocurre especialmente cuando el patrimonio heredado está compuesto por inmuebles pero no existen ahorros líquidos suficientes para cubrir obligaciones fiscales. Por ese motivo, los asesores recomiendan analizar con anticipación las alternativas disponibles y estudiar el impacto económico de cada decisión.

Hablar sobre herencias todavía genera incomodidad en muchas familias, pero cada vez más personas entienden que ordenar estos temas puede evitar problemas futuros. La planificación patrimonial dejó de verse únicamente como una cuestión legal o económica y comenzó a considerarse una herramienta para dar mayor tranquilidad a quienes deberán afrontar decisiones importantes en el futuro.

José Montero, director del despacho, ha declarado que lo primero que se debería hacer es trabajar con cada perjudicado para aclarar los hechos y valorar la documentación disponible; a partir de ahí, se propondrán las opciones procesales más adecuadas. Montero añade que, dada la pluralidad de supuestos (falta de mala fe, errores formales o posibles incumplimientos), cada caso requiere un análisis individualizado antes de decidir si procede la vía civil o penal. Según Montero, los responsables pueden enfrentarse a entre 4 y 5 años de estafa agravada y disponen de algunos mecanismos para recuperar el dinero. Según Montero, las denuncias penales iniciales pueden ser una buena vía para iniciar la estrategia para conseguir cobrar. Es una presunta ausencia de buena fe.

Recomendaciones prácticas del despacho:

Respecto a la recomendación pública hecha por responsables del municipio —que instaban a los perjudicados a presentar demanda y, si procede, alcanzar acuerdos— José Montero considera que esa orientación es prudente: subraya la necesidad de demandas bien planteadas y recuerda que en ocasiones una negociación responsable y técnicamente bien dirigida permite soluciones ágiles para las partes afectadas.