La fractura tecnológica

Elena García-Cuevas es profesora en las Universidades CEU-San Pablo y UNED en las líneas de trabajo de nuevas tecnologías y derecho informático. En esta importante colaboración aborda una cuestión crucial, como es la de los recursos asignados por los países desarrollados a la educación, especialmente en lo que se refiere a la denominada "brecha tecnológica" que podrá ampliarse en un futuro próximo y establecer nuevas referencias de desarrollo entre regiones del planeta en relación a su desarrollo en las tecnlogías de la información.

Hablar hoy de las Nuevas Tecnologías o Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y sus implicaciones, es una tarea que vienen realizando muchos analistas, intelectuales, sociólogos o politólogos.

No cabe duda que la incorporación de las TIC en nuestra sociedad puede convertirse en un arma de doble filo; de un lado, puede contribuir a la construcción de un modelo social más justo o equitativo; de otro, favorecer la discriminación que tradicionalmente padecen determinados sectores de la sociedad, o lo que es lo mismo, contribuir a la desigualdad, lo que puede tener consecuencias muy negativas de cara al futuro sobre la estructura social. Numerosos estudios realizados en torno a la situación a nivel global y local, revelan que el acceso a Internet de los ciudadanos está directamente relacionado con el nivel de desarrollo de la comunidad local a la que pertenecen; es una revolución iniciada en los niveles más elevados de educación y riqueza y, hoy por hoy, incapaz de alcanzar a grandes segmentos de las masas incultas y países pobres.

Conviene anticipar las posibles consecuencias de la implantación y desarrollo de toda innovación tecnológica, antes de que las consecuencias negativas del uso indebido de la tecnología se manifiesten de forma violenta; efectivamente, la tecnología no es buena o mala en sí misma; su efecto depende directamente del uso que de ella se haga. El gran físico Niehls Bohr, en una conferencia ante las Naciones Unidas que tuvo lugar en 1950, mostró el lado perverso de esta innovación tecnológica, que tan sólo 6 años antes presentaba como llena de potencialidades, al advertir de los graves peligros derivados de un uso incorrecto, desigual y descontrolado de la misma.

En la Revolución tecnológica todos los países deben estar invitados a participar, aunque, hasta ahora, no todos en condiciones de igualdad. Las reflexiones en torno a este nuevo espacio público creado por Internet se centran inevitablemente en consideraciones éticas relativas a las carencias, o mejor, desigualdades en ese espacio emergente y la insatisfacción política que esto produce por el riesgo que existe de que las mismas vayan en aumento.

En los países desarrollados los gobiernos han empezado a establecer estrategias y a adoptar un conjunto de medidas para mejorar la situación; pero la falta de recursos es un obstáculo demasiado importante para que los países en desarrollo adopten iniciativas similares, entre otras cosas porque este tipo de infraestructuras ha ocupado los últimos lugares en la agenda política, pues otros objetivos destinados a encauzar el ansiado desarrollo (agua, electricidad, carreteras…) han recibido una mayor prioridad. Para ellos es un reto muy complejo, ya que supone una inversión que la mayoría de estos países en desarrollo no pueden permitirse.

Por este motivo, es de vital importancia que las políticas que se adopten por los gobiernos, agencias internacionales, empresas privadas, etc. sean las adecuadas para que las TIC puedan utilizarse para mejorar la calidad de vida de los países más desfavorecidos. Somos conscientes de las posibilidades que tienen las TIC para ayudar a resolver, vg., problemas con los que se enfrentan personas que padecen alguna “debilidad” o discapacidad; pero para aprovechar al máximo estas posibilidades en una sociedad capitalista, es necesario que alguien financie todo ello; en consecuencia, serán las políticas públicas principalmente las que determinen de manera deliberada si las nuevas tecnologías se desarrollan al servicio también de sectores de la sociedad como son los discapacitados, lo que, por cierto, se está consiguiendo admirablemente.

Existen algunas embrionarias iniciativas que, sin duda, constituyen una prometedora base para que nuevas propuestas o estrategias sigan el camino abierto. La “fractura tecnológica” no sólo tiene implicaciones negativas para las comunidades más desfavorecidas sino para toda la sociedad. Las mencionadas desigualdades en el acceso y uso de las TIC son, en gran medida, el reflejo de las condiciones preexistentes de desigualdad y de las relaciones inequitativas de las sociedades contemporáneas. Pues bien; los esfuerzos destinados a reducir la fractura o “brecha digital” deben actuar paralelamente a los que se llevan a cabo para el resto de “brechas sociales”. De no hacerlo así, es decir, de no realizar los cambios políticos y sociales necesarios, la fractura seguirá en aumento, al incrementarse todavía más las distancias culturales y económicas entre unos y otros grupos.

La construcción de una sociedad del conocimiento tiene como eje fundamental la educación; ésta debe adaptarse a los nuevos cambios para facilitar el acceso de todos a las TIC y, por ende, favorecer la igualdad y la democracia; acciones educativas profundas y enérgicas permitirán alcanzar estos loables objetivos, ya que la educación en la Sociedad de la Información debería ser un factor de igualdad social y desarrollo personal, considerándose un derecho básico.

Debemos volcarnos, entonces, en el propósito de que se produzca un acercamiento a la igualdad de todos. Evitando la discriminación se respetará ese valor tan preciado que es la dignidad de todas las personas incluidas aquellas que habitualmente son discriminadas por su discapacidad, contribuyendo, de este modo, a crear una sociedad más justa en la que se respeten los Derechos Humanos. En esta difícil, pero necesaria, tarea, todos debemos hacer nuestra pequeña aportación; sólo así, conseguiremos que el desarrollo tecnológico sea más humano.

Elena García-Cuevas es profesora universitaria y experta en Nuevas Tecnologías y Derecho Informático