En muchos países ya existen leyes que prohíben la discriminación salarial por género, pero a pesar de todo aún persisten diferencias significativas en los salarios que reciben hombres y mujeres. Del Pozo reclama el cumplimiento de la normativa actual y su aplicación inmediata, que reconoce que la igualdad salarial es un derecho. “Hay sectores de primera y de segunda. Los que están feminizados presentan sueldos más bajos, es la realidad. Detrás de cada sector, empresa y trabajo hay una persona con derechos que proteger y respetar, que son equivalentes para todos, y es por ello el trabajo ha de ser de igual valor. Si no, no se está valorando correctamente”.
La presienta del CEDE apuesta por que las políticas de empleo se sitúen en el centro de las políticas económicas de los estados. “Cuando se regula y se fomenta el trabajo igualitario, se favorece la creación de empresas, pymes y microempresas, autónomos y emprendedores, y, en consecuencia, de la contratación.
Formación para el desarrollo profesional
La brecha salarial por género tiene su origen en diferentes factores, y uno de los más importantes tiene que ver con la falta de desarrollo profesional que sufren las mujeres. Así, uno de los datos clave para explicar la brecha salarial, es que los puestos de trabajo con salarios altos tienen una mayor ocupación de hombres, mientras que en los empleos con salarios bajos están más presentes las mujeres de forma abrumadora.
“Durante años, la mujer ha sido discriminada en los procesos de contratación. Ahora accede a esos puestos de trabajo, pero no lo hace con el mismo salario que los hombres”. Mireia Del Pozo apuesta por facilitar a las mujeres la formación adecuada para que puedan desarrollarse profesionalmente, pero para ello es necesario acabar con la actual asignación de roles de género tradicionales y avanzar en las políticas de conciliación. “No puede ser que la mujer solo ocupe puestos relacionados con su condición de mujer. Hay que favorecer que puedan desarrollarse profesionalmente para acceder a puestos directivos y de mayor relevancia, y para ello la formación es fundamental”.
Mercado laboral y violencia machista
Una de las consecuencias de las políticas de empleo que favorecen la desigualdad es que presentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral a las víctimas de violencia de género. Esto es extensible a personas que sufren alguna discapacidad o que han sido expulsados del mercado de trabajo por edadismo. “Muchas de ellas se ven obligadas a emprender de forma involuntaria como única salida”, denuncia Mireia Del Pozo. Según la experta, para abordar esta problemática es necesaria una mirada transversal que abarque una visión económica, legal, social y laboral, porque sin una buena política de trabajo, no se pueden revertir estas situaciones”.