Una investigación adicional ha descubierto un complot fraudulento ideado por Pivac Carrillo, su hermana Martha Herlinda Pivac Carrillo y Adrián Valadez, con la participación de otras autoridades municipales. Roberto Trahin Rodríguez, en presencia de su defensor, reveló los detalles del complot fraudulento.
A través de engaños, Trahin logró obtener documentación del accionista mayoritario de Coca & Hatch Properties, S. de R.L, Rickey Vincent Hatch, quien creía que Trahin iba a promover la venta del terreno valorado en 100 millones de pesos.
Pivac Carrillo, su hermana y Valadez falsificaron una reunión de la compañía Coca & Hatch Properties, S. de R.L., en la que designaron a Trahin como gerente y le otorgaron un poder notarial para vender el terreno. Falsificaron las firmas de los socios, a pesar de que uno de los socios ya había fallecido años antes.
Trahin confirmó que Pivac Carrillo, su hermana y Valadez le proporcionaron las supuestas actas de la asamblea para firmar. Luego acudió ante un notario público que se encargó de protocolizar las falsas actas de la asamblea y emitir el poder notarial a nombre de Trahin.
Trahin firmó un supuesto contrato de préstamo por la cantidad de $300,000 dólares, por el cual dio el terreno como garantía. Supuestamente, por falta de pago, Pivac Carrillo se apropió del terreno con un valor actual de 100 millones de pesos.
El grupo criminal falsificó un acta de la compañía Coca & Hatch Properties, S. de RL que nunca se llevó a cabo y falsificó la firma de Rickey Vincent Hatch y Mercedes Fresia Coca. Pivac Carrillo logró alterar el valor catastral del terreno para ajustarlo al valor del supuesto préstamo de $300,000 dólares.
A pesar de que Pivac Carrillo asegura ser un comprador de buena fe, en realidad es el líder de un grupo criminal que actuó como una banda. Sin embargo, la Fiscalía de Sonora solo está actuando para favorecer al presidente municipal al solicitar una orden de arresto contra Trahin, pero no contra Pivac Carrillo, su hermana y Valadez. Además, la Fiscalía no incluyó la agravante de banda que establece una pena mayor cuando están involucradas tres o más personas.
Las víctimas de este esquema fraudulento están llamando a la intervención del fiscal general para que se haga justicia en esta situación y consideran que este tipo de comportamiento podría haber incurrido en un delito.