En lo que respecta a estos derechos inviolables, cabe destacar la importancia de la Ley de Habeas Corpus, un documento histórico universalmente reconocido que sentó las bases de una nueva era de libertades individuales.
La Ley de Habeas Corpus se introdujo en Uzbekistán en 2008. En los últimos años se ha ampliado constantemente su ámbito de aplicación y se ha reforzado significativamente la supervisión judicial de las investigaciones.
Ahora, como continuación lógica del proceso de ampliación del ámbito de aplicación de esta institución, se ha consagrado a nivel constitucional el procedimiento de autorización judicial de casi todas las actuaciones de investigación que restringen la inviolabilidad de la propiedad privada y la intimidad. A partir de ahora, el indagador, el investigador y el fiscal deberán justificar ante el tribunal la necesidad de realizar escuchas telefónicas, registros y confiscaciones de bienes.
Como resultado del control judicial sobre el desarrollo de estas actuaciones, se evitará la restricción injustificada de la propiedad privada de los ciudadanos y de la intimidad de su vida privada. Al igual que en la fase de instrucción, el tribunal es completamente imparcial y no tiene ningún interés departamental o de otro tipo en la causa penal.
La ampliación lógica de la institución del Habeas Corpus en la Ley Fundamental de Uzbekistán consagra la inviolabilidad de la vida personal, la propiedad privada y el domicilio, y establece la norma constitucional de que estos derechos no pueden restringirse sin una decisión judicial.
Las nuevas garantías mencionadas son normas internacionales universalmente reconocidas, cuyo afianzamiento constitucional asegurará el funcionamiento de un mecanismo nuevo y fiable de protección de los derechos y libertades de nuestros ciudadanos.
Al mismo tiempo, el establecimiento de estas normas progresistas en la Constitución servirá para frenar la actuación ilegal de los cuerpos de seguridad, respetar el honor y la dignidad de los ciudadanos e impedir la restricción arbitraria de los derechos de inviolabilidad personal. Esto contribuirá a reforzar la confianza de los ciudadanos en el poder judicial.
Dado que la Constitución enmendada establece la prioridad de los derechos humanos y las libertades como objetivo central del Estado de Derecho, impone a la sociedad y a los ciudadanos la obligación de vivir únicamente sobre la base de la Constitución y la ley.