La Ley de Vivienda nos sitúa en un peligroso escenario intervencionista de graves consecuencias a largo plazo

El mercado del alquiler en España ha estado durante meses a expensas de la aprobación de la nueva Ley de Vivienda. Ahora, después de un largo tiempo de negociaciones, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya cuenta con los apoyos necesarios para su puesta en marcha. La normativa contempla, entre otras medidas, la ampliación de los topes a las actualizaciones del alquiler, la definición del gran tenedor por número de viviendas en propiedad y la eliminación del pago de los honorarios de las inmobiliarias por parte de los inquilinos. En este contexto, Tecnotramit, una de las principales empresas de servicios para entidades financieras de España y Portugal, alerta de que, a pesar de que el objetivo declarado de la ley es mejorar el acceso a una vivienda digna para todos, las propuestas presentadas están realizadas a espaldas al sector y obviando las opiniones y sugerencias de los expertos.

Así lo indica Vicenç Hernández Reche, economista y CEO de la empresa: “Cuando se legisla excluyendo el conocimiento del sector y las decisiones se toman en función del calendario electoral, la ideología termina primando sobre el sentido común. En consecuencia, nos encontramos ante una Ley de Vivienda basada en el populismo. Es irónico que se hable tanto del derecho fundamental de la vivienda en un país donde la partida presupuestaria dedicada a este fin ha sido insuficiente de manera constante y la carga tributaria supone una losa en toda la cadena de valor que acaba pagando el ciudadano”.

“La nueva Ley de Vivienda incide en demonizar el concepto de propiedad condenando a toda una generación a un futuro dependiente del Estado al no disponer de una garantía patrimonial. Además, nos sitúa ante un peligroso escenario intervencionista que puede traer consigo graves consecuencias a largo plazo que van más allá de la nula o escasa afectación en la tendencia alcista del precio de los alquileres. El resultado será una sociedad más controlada y dependiente del Estado, con las repercusiones para el mercado inmobiliario y la economía en general que ello conlleva”, lamenta Hernández Reche.

Las graves consecuencias macroeconómicas de la ley

Según las previsiones de la compañía, el impacto de la Ley de vivienda no se limita a una cuestión de futuro, sino que también traerá una serie de cambios a corto y medio plazo. Teniendo en cuenta la historia reciente de políticas similares, se puede esperar una bajada de la oferta de vivienda en alquiler y un aumento de las diferencias entre clases sociales. Como resultado, los alquileres serán más costosos y sólo los inquilinos más solventes tendrán acceso a una vivienda en alquiler. Esto significará no sólo un aumento de la brecha social, sino más ayudas para los más necesitados, lo que aumentará el déficit y, por ende, los impuestos.

Del mismo modo, desde Tecnotramit se hace hincapié en el presumible aumento de la economía sumergida fruto de la nueva legislación, pues los propietarios buscarán otras soluciones para eludir la limitación de precios impuesta desde el Gobierno, por lo que se producirá un aumento de conflictos entre inquilinos y propietarios y una judicialización del mercado. Así mismo, la calidad del parque de viviendas en alquiler podría disminuir también, ya que los propietarios dejarían de invertir en el mantenimiento de sus propiedades, lo que llevaría a un deterioro paulatino del parque residencial por una deficiente conservación de los inmuebles.

Medidas electorales que agravan la situación inmobiliaria

“La creencia de que la regulación de precios del alquiler y la intervención es la solución a todos los problemas es una falacia que la propia historia se ha encargado de demostrar. Sin una asignación adecuada de recursos, que en la actualidad es mucho más baja que la media europea, ni una colaboración público-privada que dote de simetrías entre derechos y obligaciones, y sin una visión pragmática alejada de la radicalización ideológica será difícil que una política de vivienda sea efectiva y cumpla con su propósito socioeconómico”, afirma el CEO de Tecnotramit.

“En definitiva, esta nueva legislación del Gobierno español es una muestra más de cómo la ideología se impone a la razón y la evidencia empírica. Es una medida política que, lejos de solucionar los problemas del acceso a una vivienda digna, los agrava y los convierte en una carga económica y social aún mayor. La realidad es que este mercado necesita soluciones a largo plazo y políticas efectivas que ayuden a generar un parque residencial de alquiler asequible y sostenible, más allá del problema coyuntural que ha supuesto el aumento de la inflación”, concluye Hernández Reche.