Los planes de reestructuración son la clave de la nueva Ley Concursal porque “tratan de paliar lo que ocurría con mucha frecuencia: llegar tarde”, revela Fernández. Esta alternativa sirve para “dar continuidad a las empresas con el acompañamiento de los acreedores, sin perder el control de las decisiones y negociando con tranquilidad”.
No obstante, el abogado puntualiza que estos planes están siendo utilizados por “empresas con una importante facturación que pueden salir mejor paradas, mientras que las microempresas deben acudir a un sistema específico de continuidad mucho más controlado con independencia de si tienen margen de maniobra para continuar operando o no”.
En cuanto a la segunda oportunidad, Fernández destaca este método es “una gran opción para volver a emprender sin el lastre de las deudas”, pero critica que no sea posible la exoneración del total importe del crédito público, limitada únicamente a 10.000,00 euros para la A.E.A.T y la T.G.S. S, convirtiéndolo en “un mecanismo inútil para el fin que persigue, puesto que el descubierto de muchos autónomos con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social suele ser importante”.
Tareas pendientes
Uno de los aspectos más reprochables de la nueva Ley Concursal es que la agilidad de todo este catálogo de mecanismos preconcursales está comprometida a la existencia de recursos suficientes en los juzgados: “Sin personal suficiente, la reforma caerá en saco roto”, advierte Fernández.
Otros matices por parte del letrado del despacho de Círculo Legal Barcelona tienen que ver con las mayorías para aprobar los planes de reestructuración, que “quizá no deberían ser tan cualificadas” y la obligación de continuar con la actividad dos años al recurrir al prepack concursal: “Si la empresa no es viable, esta imposición no tiene sentido”, aclara.