Según Eguiagaray aceptar a Eugenio Etxebeste o Iñaki Arakama como legítimos interlocutores se interpretó desde la cúpula de la banda armada “como una gran concesión que hacía el Gobierno, formaba parte de su propia teatralización (…). Los que dialogaron con nosotros sentían como si hubieran conseguido un objetivo importante, tener un nivel de interlocución política y ser reconocidos a nivel internacional”. El bilbaíno detallaba como “les obsesionaba en qué comunicado de prensa iban a salir al día siguiente (…). Estaban con el aparato propagandístico lanzado para transmitir una determinada imagen”.
Diez años más tardes en Suiza Javier Zarzalejos, Pedro Arriola y Ricardo Martí-Fluxá volvieron a entrevistarse con los máximos responsables de la organización terrorista. Belén González Peñalba, “Carmen”, esta vez iba acompañada de Mikel Albisu Iriarte, “Antza”. El testimonio del ex secretario de Estado de Seguridad despeja cualquier atisbo de duda sobre los objetivos de los etarras: “Sólo les importaba la autodeterminación, y por supuesto las repercusiones mediáticas de los encuentros”. Albisu, “que tenía un control total de la banda y mandaba por encima de todos, se preocupaba del relato consecuente y no entendía de que no podíamos conceder nada más que ciertas medidas de gracias, nada más”.
Impresiones muy similares a las de Juan María Ollora, ex dirigente del PNV y uno de los ideólogos del Pacto de Lizarra firmado por los partidos nacionalistas vascos y sindicatos afines el 12 de septiembre de 1998. El nacionalista reconoce que “se instauró una muy buena relación personal con Jon Idígoras o Iñigo Iruin”, entonces representantes de Herri Batasuna”. El propósito inicial consistía en “generar una determinada situación y contexto favorable”, algo que “echaron por tierra los responsables de ETA, veían todo ese proceso como una vía unilateral para avanzar en su proyecto político sin dejarse absolutamente nada (…). Estaban en otro mundo”.
Quién probablemente ha salido “más desencantado y decepcionado” de cualquier reunión con la banda armada es Jesús Eguiguren. El donostiarra, que ha criticado el acuerdo firmado por el PSOE con JxCat en Bruselas, admite “la peligrosidad” de “otorgar legitimidad de ningún tipo a los interlocutores (…). Nosotros intentamos que no sacaran ventaja mediática, pero fracasamos en el intento”. El socialista afirma que “caímos en una especie de trampa organizada por el Centro Henri Dunant (…). Hizo posible que nos reuniéramos, pero la imparcialidad de los mediadores brilló por su ausencia”. Como Ollora “queríamos crear las condiciones para que no hubiera marcha atrás, hasta llegamos a asumir la terminología que nos impusieron, pero nunca hubiéramos aceptado una amnistía (…)”. Eguiguren vaticinaba entonces “que el pueblo español se levantaría y no lo permitiría” al ser “algo inconcebible”.
Sábado 2 de diciembre de 2023 emisarios del PSOE mantuvieron un encuentro con los responsables de JxCat en Ginebra. El mencionado Centro Henri Dunant, una organización no gubernamental especializada en mediar conflictos locales, nacionales o internacionales, albergó la reunión entre Santos Cerdán y Carles Puigdemont. Ya en 2019 los máximos responsables del separatismo establecieron contactos con la entidad para reforzar la estrategia de internacionalización. En aquel entonces, gracias a la mediación de funcionarios helvéticos, se interesó por el mal denominado conflicto catalán el politólogo Pierre Hazan, vinculado al centro suizo desde 2008. Cabe recordar que quienes movieron los hilos, la republicana Marta Rovira y el historiador Josep Lluís Alay, están siendo investigados por el juez García Castellón por terrorismo.
Carl Marx afirmaba que “la historia ocurre primero como tragedia y después como farsa”. Dificultoso contrariarle a raíz de lo acontecido desde las elecciones políticas del 23 de julio. Resultan evidentes los objetivos del ex presidente autonómico y de sus más estrechos colaboradores. En primer lugar reforzar la imagen de Puigdemont como interlocutor válido del Gobierno de España, una operación que facilita blanquear las ilegalidades cometidas, reforzar la narrativa victimista del independentismo y consolidar la proyección exterior.
Asimismo, el gerundense procura armarse de razones para justificar ante sus feligreses la decisión de investir a Pedro Sánchez y no ser tachado de botifler. Sujetos próximos al (ex) fugado desmienten una candidatura a la Generalitat, “se encuentra muy cómodo en Bruselas”. Inquieta en las filas posconvergentes la eventual aparición en el tablero político regional de una cuarta lista acaudillada por la díscola Clara Ponsatí, el radical Josep Costa o la oportunista Dolor Feliu.
La supuesta conversación que el eurodiputado mantuvo con Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, debe encuadrarse nuevamente en la maniquea batalla por el relato. Las veladas amenazas a Moncloa y la inverosímil apertura hacia la calle Génova formaban parte de los preparativos al citado encuentro helvético. Un modus operandi similar al de ETA como se ha explicado anteriormente. Resulta casi enternecedor el ahínco de su guardia pretoriana en edulcorar el galardón que la revista Político, biblia comunitaria, le ha concedido como segunda autoridad “más disruptiva” a nivel europeo por detrás del mandatario húngaro Víctor Orbán.
Lo que difícilmente logra comprenderse es la estrategia adoptada por Moncloa. Otorgar prestigio o autoridad a quienes incumplieron flagrantemente la legalidad debilita el estado de derecho. Es inexplicable cómo no se quiera aprender del pasado y se siga tropezando dos veces con piedras muy similares. Fue el mismo PSOE, bajo el liderazgo del cada día más añorado Alfredo Pérez Rubalcaba, quien invalidó la contratación de Brian Currin, abogado sudafricano responsable del denominado Grupo Internacional de Contacto (GIC) y de Ram Manikkalingam, apoderado de la teatral Comisión Internacional de Verificación (CIV), a pesar de las insistencias del Gobierno Vasco. La presencia de José Luis Rodríguez Zapatero en Suiza, adalid de la falaz desjudicialización, invalida ulteriormente los aciertos del pasado.
El único consuelo es la endémica capacidad de Pedro Sánchez de cambiar de opinión, o parafraseando a Carlos Alsina, “mentir ininterrumpidamente”. La entrevista concedida a RTVE ha sido un ejercicio sumo de cinismo. Ojalá que después de la desafortunada performance en Israel, que ha situado a España en el limbo diplomático, entienda que las instituciones deben estar al servicio del bien común y no de sí mismo.