En nuestro país, entre las pymes y los autónomos la morosidad continúa siendo un obstáculo significativo para las empresas, impactando de manera significativa en este colectivo de pequeños empresarios. En un contexto económico donde el 12% de las empresas, aproximadamente 170.000 en España, se encuentran en riesgo de cierre debido a impagos, las empresas de gestión de dudas y recobro juegan un papel crucial a la hora de mitigar este problema. A la espera del cierre del año fiscal de 2023, se estima que solo un 25% de las empresas van a poder hacer frente a los pagos dentro del plazo legal en 2024, es decir, 1 de cada 4 empresas. Por ello el foco este 2024 será abogar por un cambio restrictivo en la legislación que apremie a las empresas deudoras a hacer frente a sus obligaciones con los proveedores. Esta revelación plantea un desafío significativo no solo para las propias empresas, sino también para la salud general de la economía. Cuando las empresas enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros en tiempo y forma, se desencadena una cadena de efectos adversos que pueden afectar a toda la cadena de valor.
En el último año, se ha registrado un alarmante aumento en la demora de pagos, subrayando la gravedad de la situación. En el año anterior se gestionaron 426.407 millones de euros en impagos en España siendo los sectores con mayor volumen de gestión el bancario en su segmento hipotecario y de consumo. El plazo medio de pago en el sector privado en 2022 fue de 67 días, según datos sectoriales siendo los sectores más afectados, el logístico, la construcción y las TIC.
Mientras que la media sectorial se mantiene lejos de los 60 días establecidos por la Ley 15/2010, gracias a nuevas medidas como la aprobación de Ley Crea y Crece que establece la obligatoriedad de la factura electrónica para todas las empresas y autónomos hasta, al menos, mediados de 2025, se empieza a corregir esta situación. Este cambio en la agenda legislativa sin duda tendrá repercusiones en el ámbito de los pagos empresariales. Si bien proporciona un alivio temporal para algunas empresas al extender el plazo para adoptar la factura electrónica, también podría generar incertidumbre y complacencia en otros sectores.
Ante el aumento en la morosidad, es imperativo impulsar la digitalización de las transacciones B2B y disminuir el número de empresas que sufren deuda cada año, así como por supuesto, eliminar los plazos tediosos de cobro que han ido en aumento en los últimos años. Esto incluye implementar políticas internas sólidas para gestionar el flujo de efectivo y priorizar los pagos de manera estratégica. Además, las empresas también pueden beneficiarse de la adopción de tecnologías innovadoras, como los sistemas de gestión de pagos automatizados, que pueden agilizar y simplificar el proceso de pago.
En última instancia, la puntualidad en los pagos no es solo una cuestión de responsabilidad empresarial, sino también un imperativo económico y social. Al garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones financieras de manera oportuna, podemos fortalecer la estabilidad y el crecimiento económico a largo plazo, al tiempo que promovemos relaciones comerciales más justas y equitativas. Es hora de tomar medidas concretas para abordar este desafío y construir un futuro empresarial más sólido y sostenible para todos.