Al final, y medio recordando a Schumpeter, una democracia será tanto más sólida y eficaz cuanto más preparada y convencida esté la polis para defenderla y proteger sus valores esenciales en cada coyuntura. La segunda premisa es que creemos que la Educación como ciudadano, como futuro, potencial o actual votante, se realiza a través de cuatro vectores fundamentales: el entorno familiar, la educación reglada, los medios de comunicación y redes sociales y, “last but not least”, la aplicación del Derecho por la Administración de Justicia.
En efecto, en muchos casos, importantes y generalmente intricados, son los jueces que aplican leyes que, en principio, emanan del pueblo a través de los Parlamentos, los que fijan lo que está bien y lo que está mal para la convivencia en sociedad. Y eso debe servir de guía para el comportamiento social y político del ciudadano. Si ahora reparamos en el último episodio de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE en Andalucía, corrigiendo sentencias de varios tribunales, pero también del Supremo, lo menos que podemos decir es que la frontera entre el bien y el mal ha quedado más que confusa. Les aseguramos que más del 95% de la población española ignora la diferencia que hay entre Justicia ordinaria profesional y un tribunal de garantías, no sabe quién es don Cándido Pumpido ni si cojea de algún pie o no, es ajeno a los sesudos y doctos debates, editoriales y ensayos que se publican sobre las actuaciones y competencias de distintos estamentos de la Justicia y de la Política.
Pero la inmensa mayoría de los ciudadanos sí percibe que en uno de los procesos más largos y mediáticos, y que afectan a personas muy principales, unos magistrados egregios consideran que fueron culpables “de algo gordo” y otros juristas en el cenit de su capacidad consideran que son inocentes. Y se quedan como yo. Con la verdad por delante, somos, en puridad, incapaces de saber si son culpables o inocentes, y de qué. Inmersos en una estupefacta confusión no sabemos dónde está el bien y donde está el mal, en el comportamiento del ciudadano. Y como llueve sobre mojado, resulta que la labor “educativa” de los jueces se transforma en confusión, incredibilidad, o incluso irrelevancia y desprecio. Y eso no es gratuito en una democracia, nada gratis. Eso genera una ciudadanía de muchos votantes descreídos en el sistema que han deducido que lo que vale es ir a pillar lo que se puede, cada uno a su nivel, y de los valores básicos…pues ya si eso otro día.. ¿Y sobre ese “humus” se puede consolidar una democracia?