A esto se suma un marco normativo especialmente restrictivo, como la Ley de Desindexación y la Ley de Contratos del Sector Público, que impiden a las empresas revisar los precios de los contratos públicos firmados hace años, incluso cuando han aumentado los costes laborales, fiscales y operativos.
El presidente de ASPEL agregó que “el Gobierno está llevando al sector a una situación insostenible, especialmente a sus pequeños y medianos proveedores que van a estar al borde de la quiebra”. “Nos vemos obligados a ejecutar prórrogas forzosas de contratos que no reflejan los costes reales, y eso no lo puede soportar indefinidamente ninguna empresa”.
“Este proceso exige una reflexión sosegada. Si no se corrige el rumbo, llegará un momento en que las administraciones no encontrarán quién les preste servicios tan esenciales como la limpieza,” agregó.
En este sentido, el presidente de ASPEL señaló que “en el trámite parlamentario, confiamos en que este debate se abordará con una visión y un rigor técnicos, teniendo en cuenta la complejidad del tejido productivo y evitando un enfoque simplista y populista que no refleja la realidad de sectores como el nuestro”