Para ilustrarlo, Marín expone un caso real: una trabajadora divorciada, con un hijo adolescente a cargo, que percibe 1.885€ brutos al mes. Tras cotizaciones sociales e IRPF, su sueldo neto mensual se reduce a 1.584€. Sin embargo, el coste total para su empresa asciende a 2.491€, lo que significa que casi 1.000 € de lo que genera no pasa nunca por sus manos. Y eso no es todo.
“De ese salario neto, una parte importante se destina a bienes y servicios gravados con impuestos indirectos que pasan desapercibidos, como el IVA o los impuestos especiales”, advierte. Al contemplar el global de los gastos mensuales, desde suministros o alimentación hasta ocio y ropa, esta trabajadora estaría pagando una media de 250€ mensuales en impuestos indirectos, según los cálculos del abogado. Sumado al IBI o seguros, la carga fiscal total puede suponer hasta el 50% del valor que realmente produce.
La trampa de la presión fiscal
Uno de los puntos clave que denuncia Marín es la diferencia entre dos términos que tienen a confundirse: la “presión fiscal” y la “carga fiscal”. El letrado explica que la presión fiscal es una media macro, una ratio entre ingresos públicos y PIB. La carga fiscal, sin embargo, es lo que realmente paga cada ciudadano. “Aquí reside la trampa: mientras la presión fiscal española parece moderada en comparación europea, la carga fiscal real de quienes menos ganan es altísima y progresivamente injusta”, denuncia el experto.
La fiscalidad indirecta, especialmente el IVA, “penaliza el consumo sin distinguir la capacidad adquisitiva”, reclama Marín. Y añade: “El IVA lo paga igual quien cobra el SMI que quien gana cinco veces más”. Teniendo en cuenta que, según datos del INE, el salario mediano en España en 2023 fue de 23.349 € brutos anuales, es decir, 1.667 € mensuales en 14 pagas, son millones de personas quienes sufren este perjuicio.
Un modelo que produce poco valor
A este panorama fiscal se le suma, según el abogado, “una debilidad estructural del sistema productivo español”. Entre los años 2000 y 2022, España ha sido el país desarrollado que más ha retrocedido en productividad total de los factores, con una caída del 7,3%, según datos del IVIE y la Fundación BBVA. Alemania y EE. UU., en contraste, han crecido más de un 10 % en el mismo periodo. Incluso Italia, destaca el experto, país con una caída del 5,1%, ha tenido un mejor desempeño.
“El problema no es solo lo que se paga, sino lo poco que se puede generar”, resume el experto. “Tenemos un modelo basado en sectores de baja cualificación, como la hostelería o la construcción, donde se necesita mucha mano de obra para producir poco valor añadido”. Esta tendencia, asegura, “impide mejorar salarios sin tensar el sistema”.
Para Marín, subir el salario mínimo sin cambiar la arquitectura fiscal ni el modelo productivo solo genera una sensación de avance, pero no un beneficio real. “Es normal que mucha gente se pregunte si la socialdemocracia les ha estafado”, declara Marín, quien afirma que vivimos en un sistema que, pese a prometer protección, “apenas recompensa la eficiencia ni el trabajo bien hecho”, afirma. Además, incide en que a la población le resulta imposible pasar por alto “décadas de corrupción sistémica a diestra y siniestra”, una tendencia que genera una desconfianza permanente en la población.
Con esta radiografía, el abogado insiste en que la justicia fiscal no debería medirse solo en cuánto se ingresa, sino en cómo se reparte lo que se paga, y qué margen real de mejora tiene la clase trabajadora. “La desigualdad no está solo en los salarios. Está también en todo lo que se paga sin entenderlo”, afirma el abogado, quien concluye: “Eso también es injusticia”.