Auge estival y riesgos legales
Durante los meses de verano, las transacciones inmobiliarias en este tipo de enclaves privilegiados aumentan notablemente. Este fenómeno, lejos de ser casual, responde tanto al atractivo turístico como a la búsqueda de oportunidades de inversión.
No obstante, la rapidez en las operaciones puede facilitar la aparición de prácticas opacas o complejas, diseñadas para eludir controles financieros y regulatorios.
“En verano, nuestros registros muestran un aumento del 40% en consultas relacionadas con riesgos legales en compraventas de alto valor. Es fundamental que tanto compradores como vendedores sean conscientes de los riesgos legales asociados y cuenten con un asesoramiento especializado desde el primer momento”, explica José Montero, director y socio fundador de Montero de Cisneros Abogados.
Tendencias en compliance y prevención
En nuestro país existe una creciente preocupación de los ciudadanos por cumplir la normativa europea de prevención del blanqueo y por legalizar inversiones extranjeras, especialmente tras recientes reformas legislativas y el endurecimiento de los controles por parte de las autoridades.
Cinco recomendaciones jurídicas para garantizar la legalidad de las inversiones en operaciones inmobiliarias de alto valor
Antes de formalizar cualquier inversión inmobiliaria, es imprescindible realizar una investigación rigurosa. Este proceso implica analizar el origen de los fondos, verificar la trazabilidad de cada movimiento financiero y asegurarse de que no existan vínculos con actividades ilícitas. La revisión debe incluir: comprobación de la procedencia lícita del capital, análisis de la estructura de la operación y de los intervinientes, verificación de la situación registral y urbanística del inmueble y revisión de posibles cargas, gravámenes o litigios asociados a la propiedad. Una investigación adecuada minimiza riesgos y previene posibles responsabilidades penales o administrativas.
Contar con abogados especializados en derecho inmobiliario y compliance es clave para proteger la inversión y garantizar el cumplimiento normativo. Estos profesionales aportan: conocimiento actualizado de la legislación aplicable, experiencia en la detección de riesgos legales y fiscales, capacidad para diseñar estructuras jurídicas seguras y asistencia en la negociación y redacción de contratos. El asesoramiento experto no solo previene problemas, sino que también aporta seguridad y confianza a todas las partes implicadas.
La transparencia es esencial para evitar sospechas de blanqueo de capitales o evasión fiscal. Se recomienda: evitar estructuras societarias complejas o fiduciarias que dificulten la identificación de los beneficiarios reales, mantener una estructura societaria sencilla y fácilmente rastreable, informar claramente sobre la titularidad real ante notarios y registros. La transparencia facilita el cumplimiento de las obligaciones legales y reduce el riesgo de investigaciones por parte de las autoridades.
Las operaciones deben adaptarse a la normativa española y europea en materia de prevención del blanqueo de capitales. Esto implica: identificar y verificar la identidad de todas las partes implicadas, notificar operaciones sospechosas a las autoridades competentes (SEPBLAC en España), cumplir con los límites y obligaciones de información sobre movimientos de capital y seguir los procedimientos internos de compliance establecidos por la normativa sectorial. El cumplimiento normativo protege frente a sanciones y refuerza la reputación del inversor.
Por último, es fundamental exigir y conservar toda la documentación relativa a la compraventa y al origen de los fondos. Esto incluye: contratos de compraventa y escrituras públicas, Justificantes bancarios de las transferencias y pagos, certificados de titularidad y de cargas del inmueble, documentación acreditativa del origen de los fondos (declaraciones fiscales, contratos de trabajo, herencias, etc.). Una documentación completa es la mejor defensa ante cualquier requerimiento de la administración o investigación futura.
Para José Montero “el cumplimiento normativo no es solo una obligación legal, sino la mejor garantía para proteger la inversión a largo plazo y evitar consecuencias penales o administrativas.”