Entre las medidas que más preocupan al experto, se encuentra el endurecimiento de penas, el aumento de multas calculadas ahora sobre los ingresos anuales y la inclusión de empresas en listas negras que podrían excluirlas de la contratación pública. “Esto incrementa el riesgo de deslocalización, como ya ocurrió con Ferrovial, que decidió abandonar España para evitar la creciente burocracia y la inseguridad jurídica”, sostiene García Hernández.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, elaborado por Transparency International, España obtuvo una puntuación de 60/100, por debajo de la media europea. A juicio de García Hernández, “la Administración debería liderar con el ejemplo, incorporando figuras de compliance officer en sus propios órganos y mejorando la transparencia real, no solo en papel”.
El plan de Sánchez también contempla la creación de juzgados especializados y atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal, una medida que García Hernández califica de arriesgada: “La Fiscalía atraviesa una crisis reputacional importante y este cambio puede generar dudas sobre la independencia y eficacia del proceso”.
Asimismo, critica la falta de desarrollo efectivo de la Autoridad Independiente de Protección al Informante y la ausencia de medidas concretas en el ámbito de la contratación pública. Según el experto, “es otra oportunidad perdida para implantar controles internos efectivos en la Administración y fortalecer la protección a los denunciantes”.
El relanzamiento anunciado del Portal de Transparencia y el incremento de controles patrimoniales a altos cargos y partidos políticos son, para García Hernández, medidas que corren el riesgo de quedarse en "compliance cosmético", sin aplicación práctica real.
“Estamos ante medidas que suenan bien sobre el papel, pero que refuerzan la sensación de que se penaliza al empresariado mientras la raíz del problema permanece intacta”, concluye García Hernández.