Análisis y Opinión

El cuarto hombre

· Por Miguel Córdoba, economista

Viernes 01 de agosto de 2025
En 1949, el excelente director inglés de cine Carol Reed llevó a las pantallas una novela de Graham Greene bajo el título de “El Tercer Hombre”, una de las grandes películas del cine británico. En la trama, un individuo amoral se dedica a adulterar la penicilina de los hospitales de la entonces ocupada Viena para obtener beneficios. Había una persona implicada en un acto delictivo pero no se conseguía encontrar, debido a que finge su propia muerte para poder continuar con su actividad ilícita. El líder de la trama, Harry Lime, se apoya en sus subordinados, de apellidos Kurtz (curioso que empiece por “K”) y Popescu (curioso que empiece por “P”), para la execrable actividad que provoca el deterioro de la salud de los niños vieneses de la postguerra buscando sólo el mantenimiento de su negocio y los pingües beneficios, tanto suyos como de sus socios.

Han pasado muchos años desde que Viena fuera ocupada por los Aliados y separada en cuatro zonas, al igual que ocurrió con Berlín, pero las prácticas de individuos sin moral que cometen actos criminales para obtener beneficios ilícitos se han mantenido e incluso incrementado, generándose nuevas formas de criminalidad, ya sea con mascarillas, cohechos en obras públicas, etc.

Lo cierto es que cuando se monta una red de corrupción y cohecho, no solamente están en el ajo los de arriba; hay muchos sujetos intermedios o incluso de base que están al tanto y son colaboradores necesarios. Hay que hacer las transferencias o los pagos; hay que repartir; hay que ocultar, hay que evadir, hay que comprar voluntades, y eso no lo hacen solos los ministros o los secretarios generales.

Por ejemplo, en la última operación contra Montoro ya han salido muchos implicados en vez de una sola persona, y todos tenían cargos relevantes, por lo que habría que esperar a que salieran también los intermedios y los de base. Pero en la de Cerdán, Koldo y Ábalos, sólo están los de arriba. Leire probablemente fuera una intermediaria, pero seguro que hay muchos más, y además la gente habla; es imposible que durante quince años, primero en Navarra y luego a nivel estatal nadie se mosqueara porque se hiciera un movimiento atípico de fondos, o porque se incorporara una pequeña empresa a los concursos públicos de obras y los ganara, aunque no tuviera infraestructura para el desarrollo de estas.

Evidentemente, las voluntades se compran, pero es entonces cuando hay que investigar los enriquecimientos atípicos y tirar de la manta, porque los cargos intermedios y los de base son los que menos tienen que perder y pueden negociar su impunidad a cambio de devolver lo cobrado por su actuación o su silencio, aportando pruebas y dando nombres que levanten toda la trama.

De cara al futuro, sería preciso también actuar de forma preventiva. Auditorías externas por excepción que se realizasen todos los años a diferentes entidades locales, autonómicas o estatales actuarían de freno a la corrupción. Con un 1% anual de las entidades sería suficiente, ya que los que están en condiciones de cometer cohecho o simplemente meterle mano a la caja se lo pensarían mucho antes de echar por la borda sus vidas y las de sus familias. El coste de ese 1% de las auditorias privadas sería muy pequeño en comparación con la cantidad de dinero que se ahorraría en los concursos públicos de obras, que se adjudican por un precio (ya pactado) y luego se autoriza incrementar los costes en un 20% o un 30%

Se habla mucho de regeneración democrática, pero lo primero que deberían hacer los partidos políticos es revisar sus cuadros y la trayectoria de las personas que están ocupando puestos de responsabilidad política. No basta con apuntarse a Nuevas Generaciones o Juventudes Socialistas para tener la “carrera” hecha, entrando en la rueda de puestos de concejal, diputado autonómico, alcalde, etc., sin que nadie haya comprobado su formación y capacidad para los cargos; basta con ser amigos de alguien o conocer la existencia de algún cadáver en el armario del que toma las decisiones.

Después, y ya fuera del ámbito de los partidos, parecería razonable que a nivel estatal y regional, al menos, se estableciera un registro central de justificación documental de titulaciones. No tiene sentido que en el ámbito privado se exija esa documentación con carácter previo a la contratación de los trabajadores y en el ámbito estatal, cualquier portero de discoteca pueda llegar a manejar los hilos de las administraciones públicas.

Tampoco tiene sentido que haya más de diecisiete mil aforados pertenecientes a las instituciones estatales y autonómicas en España (el resto hasta unos doscientos cincuenta mil se corresponden con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que sólo pueden ser juzgados en las audiencias provinciales), para que presuntos delincuentes se puedan acogen a su aforamiento a fin de retrasar su encausamiento o incluso extorsionar a su partido para que se le apoye o se le paguen los costes de su defensa legal. Pero claro, eso sería como pegarse un tiro en el pie para los propios políticos, que son los que tendrían que votar esa ley de desafuero. Al final va a resultar que los únicos que tuvieron sentido de Estado fueron los antiguos procuradores en Cortes franquistas que aprobaron en 1976 la Ley para la Reforma Política, que dio paso al actual período constitucional.

No se puede mantener en su puesto a un fiscal general procesado por revelación de secretos; no puede seguir en su puesto una presidenta autonómica que se encuentra comprometida por la trama de Koldo en la adjudicación de obras en Navarra; no puede seguir siendo presidente autonómico aquel que se desentendió de lo que ocurría en su comunidad mientras la Dana destruía l ‘Horta Sud; no puede seguir siendo diputado aquel que desprecia la dignidad de las mujeres y las trata como mercancía barata (o no tan barata). No puede quedar impune el que valiéndose de su puesto de ministro fomenta leyes para beneficiar a determinadas empresas a cambio de “mordidas” para él y sus amiguetes.

Claro que hace falta una regeneración democrática, pero ¿tienen que hacerla aquellos que precisamente han estado metidos (o han permitido que sucediera) en el fango de la corrupción? En fin, a lo mejor tenemos la culpa los españoles que siempre votamos lo mismo como borregos, sin analizar realmente qué sería lo mejor para nuestro país. Recordemos la denominada “Operación Roca” cuando hace casi cuarenta años, Miquel Roca y Antonio Garrigues intentaron crear un partido liberal con tecnócratas cualificados para gobernar el país y obtuvieron cero escaños. Así que dejemos de lamentarnos, porque somos nosotros los que les votamos y mientras aguante la emisión continua de deuda pública, ellos seguirán en el “machito” siendo los dos partidos mayoritarios la mayor agencia de empleo de España, con casi 450.000 políticos “colocados” en los diferentes niveles de las administraciones y empresas públicas.

¡Huy! Creo que he cometido un error en el título de este artículo, era el tercer hombre no el cuarto; Es un problema de asociación de ideas, precisamente en estos días un amigo me ha comentado que se ha comprado un Peugeot de segunda mano.