El Tribunal Supremo niega indemnizar a los propietarios por el tope del alquiler: impacto y cifras

En otras palabras: los dueños que sintieron que el Estado les recortó ingresos por la limitación del alquiler no recibirán indemnización alguna. La sentencia alivia al Gobierno, sí, pero deja a muchos propietarios con la sensación de haber perdido algo más que dinero: el respaldo de la Justicia. Y es que esta medida, nacida como una respuesta a la inflación desbordada, ha terminado generando un pulso entre estabilidad social y derechos económicos.

Un gesto humanitario… sin compensación económica

El caso que ha dado pie a esta decisión puede parecer menor: un propietario reclamaba unos 425 euros, argumentando que no pudo aplicar la subida real del IPC —que, recordemos, fue muy superior al 2% permitido—. Sin embargo, el Supremo ha sido claro: no hay indemnización posible porque el daño no está probado. Lo calificó como un perjuicio “hipotético”.

En la práctica, esto significa que la ley que limita la subida de rentas no es, por sí sola, una causa de indemnización. Para reclamar, habría que demostrar un perjuicio real, medible, algo que vaya más allá de esa simple diferencia entre el IPC y el tope legal. Un listón muy alto, que deja a los propietarios sin ese pequeño consuelo que esperaban tras ver reducidos sus ingresos. Además, el demandante deberá asumir las costas judiciales, con un límite de 4.000 euros.

Las cifras que muestran el golpe en el bolsillo

Aunque el Supremo no haya dado la razón a los propietarios, las cifras hablan por sí solas y reflejan un impacto económico considerable:

- Pérdidas potenciales: Se estima que la limitación de precios habría supuesto más de 500 millones de euros en ingresos no percibidos en toda España, justo en un contexto en el que la inflación llegó a rozar el 10%.
- Ahorro para los inquilinos: Por el lado contrario, los arrendatarios encontraron un alivio real. Pongamos un ejemplo sencillo: si un contrato debía actualizarse con un IPC del 9,8%, pero solo se permitió subir un 2%, el propietario dejó de ingresar unos 480 euros al año por vivienda. Ese dinero, que no salió del bolsillo de los inquilinos, fue un respiro para muchas familias.

En definitiva, la medida trasladó el peso económico de la inflación del inquilino al propietario. Un gesto solidario, pero con factura incluida.

El pulso del mercado: ¿Alivio o retirada de oferta?

La resolución del Supremo llega en un momento delicado para el mercado del alquiler.

Por un lado, refuerza la intervención pública: legitima la capacidad del Estado para intervenir y proteger a los ciudadanos ante subidas descontroladas. De hecho, la Ley de Vivienda mantiene un tope del 3% para 2024 y prepara un nuevo índice de referencia para los años siguientes.

Pero, por otro lado, siembra dudas. Muchos expertos del sector temen que esta decisión empuje a algunos propietarios a sacar sus pisos del alquiler de larga duración. ¿Por qué? Porque con menos rentabilidad y más incertidumbre jurídica, es fácil que opten por vender o destinar sus inmuebles al alquiler turístico. Y eso, en un mercado ya tensionado, podría reducir aún más la oferta de vivienda asequible.

La balanza de la Justicia, al final, se ha inclinado del lado de la estabilidad para el inquilino. Pero deja en el aire una pregunta que muchos se hacen: ¿cuánto durará ese equilibrio antes de que el mercado vuelva a desajustarse? Porque, al final, cada norma que protege a unos suele exigir un esfuerzo a veces silencio de otros.