Gracias a nuestro infame gobierno y su política populista impera el dogma del todo vale, en este caso traducido en irrespetar la propiedad privada con ánimo de favorecer a la caterva de mantenidos sociales, vagos y maleantes. El mundo al revés, puesto que se crean normativas basadas en la protección de okupas so pretexto de que son “personas vulnerables” frente a los “malvados propietarios” que solo piensan en la especulación y el acaparamiento.
No piense el lector ni por asomo en altruismo gubernamental, por cuanto la maniobra rompe en burda transacción al intercambiar dádivas y gratuidades por votos… París bien vale una misa por tal de mantener el sillón, cavilará el villano de la Moncloa.
Muestra de ello es que la politización de la justicia la ha sufrido por dos veces en fechas recientes quien esto escribe. En concreto, un primer pleito de desahucio en el que comunicada a los inquilinos en plazo la decisión de no renovar un alquiler al necesitar el propietario la vivienda por motivos profesionales, se falló contra éste y sus más básicas necesidades de vida con basamento en que los primeros iban a quedar en la calle por presuntamente no poder arrendar similar inmueble al mismo precio. ¿Disculpen? Han damnificado una pretensión honesta y conseguido que el dueño tenga que reubicar su profesión con el considerable coste económico y emocional.
Pero hay más: similar acción jurídica, pero en este escenario los hijos de una mujer fallecida pedían a la pareja de ésta que abandonase la casa familiar por necesidades de venta, ya que a día de hoy la habita gratis. Aquí el organismo judicial primero objetó toda traba procesal al avance del proceso, y cuando se quedó sin balas frente a los fundados motivos legales que no podía ignorar -hubiese supuesto una prevaricación de libro- continuó la sinrazón y ahora pretende cuantificar una acción civil de mera expulsión (incuantificable) según el valor del inmueble, que es muy alto. ¿Se imagina el público el daño que esto pudiere ocasionar a los demandantes? Poniéndonos en circunstancia de desestimación judicial, las costas procesales arruinarían casi irreversiblemente a los herederos.
Horroroso, que paguen justos por pecadores y se obligue a quien trabajó toda su vida a colectivizar su hacienda para mantener a los que por voluntad propia no producen. Aunque llegado a este punto incido: no se malinterprete mi opinión porque niego que la judicatura en pleno resulte venal, quedando por suerte funcionarios dignísimos que no tienen miedo de plantar cara al sistema y seguir creyendo en una sociedad más justa desde sus puestos.
Dicho queda, que pese a ensalzar lo canallesco a la par que se micciona sobre la honradez aún restamos los versos sueltos inconformistas que sí, seguimos amando a nuestro país, sí, queremos una sociedad más justa arrimando el hombro y, sí, seguimos mirando por el procomún para las generaciones venideras. Al césar lo que es del césar.