Pero hasta aquí hemos hablado de la Institución, pero queda la figura y el personaje, que responde al nombre de Álvaro García Ortiz, y ese es más culpable que el pecado. Para vergüenza ajena de cualquier persona con una mínima ética democrática de un cargo público. Ni conozco ni concibo ningún régimen democrático de la UE, ni de Oceanía, ni de América del Norte salvo Méjico en el que un “procurador general de la República” por dar un nombre genérico al mismo cargo en otros lares, enjuiciado por el máximo tribunal de la Nación con todas las garantías, no hubiera dimitido, o incluso se hubiera apartado temporalmente del cargo, por pura decencia y ética. ¿En manos de quién estamos? sea culpable o no de los cargos que se le imputan. García Ortiz es alevosamente culpable de no haberse apartado del cargo de una u otra manera, burlándose de la seguridad de los españoles y de la solemnidad del cargo que, en democracia, le otorga el pueblo. García Ortiz es obscenamente culpable de no sentarse en el banquillo de los juzgados, sino que asiste como FGE, burlándose de la igualdad de los ciudadanos ante la Ley y comandando desde su cargo al fiscal subordinado que supuestamente lleva la acusación y destrozando la credibilidad de la Institución esencial que debe proteger a todos los españoles sin discriminación. García Ortiz es ominosamente culpable de destrozar de manera zafia, escandalosa, la independencia del poder judicial del Gobierno, (el origen del juicio es una denuncia de un colegio de abogados) agarrándose a su cargo más allá de toda indecencia democrática conocida en las naciones de la UE. Y García Ortiz es esperpénticamente culpable de haberse prestado, o haber alentado, un lamentable espectáculo solanesco de un puñado de fiscales aplaudiendo a todo un FGE encausado por el Tribunal Supremo del Reino por un delito gravísimo para su responsabilidad. Los que nos protegen. Y saludando a la torera el presunto delincuente. ¿Dónde queda la democracia, dónde queda el Estado de Derecho? ¿Y quién protege los derechos de los que no son del club?
Mentamos la letal importancia política que tendría la condena formal del FGE, como Institución, pero no podemos minusvalorar la trascendencia política de la actitud vergonzosa del personaje, ahora claramente indigno del cargo desde el punto de vista moral y de la ética democrática. Al aferrarse a su puesto, proyectando ostentosamente su mando como factor que le hace muy privilegiado y distinto a cualquier ciudadano ante la Ley, García Ortiz ha arrastrado el crédito de la Justicia hacia un albañal y ha puesto de manifiesto la total falta de respeto a los valores implícitos de un sistema democrático que impregna al Gobierno del Reino de España. Da igual que dicho Gobierno sea el verdadero impulsor de este dislate democrático, él siempre podía dimitir. Ha preferido ser cómplice de un Ejecutivo, y de los Partidos que lo sostienen con un pulmón de acero, que desprecian absoluta, chulesca y felonamente la independencia de poderes, la igualdad de los españoles, y la ética democrática. Si para el Presidente de Gobierno una parte, al menos, de las Cortes españolas, es un circo que desprecia (El Senado) el señor García Ortiz ha permitido que la Fiscalía, nuestra “máxima protección democrática” se haya convertido en un lúgubre esperpento autárquico. De eso es culpable, haya filtrado o no. He de decir que también me desazona que las oposiciones en España entren en la trampa de la sobrevaloración de la judicialización de la política visto al punto de perversión al que hemos llegado. Los crímenes (no cruentos) de lesa sociedad que se están cometiendo en nuestro Reino son todos políticos: la amnistía, ser gobernados por etarras y golpistas, gobernados a base de decretos leyes, despreciar olímpicamente los presupuesto generales del Estado, triturar toda credibilidad del sistema judicial…. Alguna oposición debería empezar a explicar que es necesario recuperar algo de ética democrática en España, mucho más importante que los vericuetos jurídicos ya que siempre se encontrará alguno que blanquee el asalto al bien común democrático.