En un sector bajo constante sospecha sobre los impactos negativos en las comunidades y territorios en los que desarrolla su actividad y con unas exigencias normativas en retroceso, el informe analiza las medidas de las entidades bancarias para garantizar que su financiación e inversión no alimenten proyectos responsables de estas vulneraciones. El informe estudia las políticas y protocolos en aspectos ambientales como la contaminación, la emisión de gases de efecto invernadero o el uso de agua. También incorpora elementos de carácter social como el respeto a las comunidades, el impacto en la economía local o los derechos laborales. Por último, también analiza aspectos relativos a la gobernanza, como la transparencia. A partir de esta información, puntúa la calidad y efectividad de estas medidas del 1 al 10, con unos resultados decepcionantes que van entre el 2,6 y el 4. En el caso de los bancos españoles, la puntuación obtenida por el BBVA es de 2,9 mientras que la del Santander es de 3.
El estudio pone el foco también en 4 casos paradigmáticos de esta problemática. La mina de cobre y cobalto Kamoa-Kakula en República Democrática del Congo, la mina de grafito Balama en Mozambique, la mina de Sigma Lithium en Brasil o la de cobre Antapaccay en Perú. Esta última, liderada por la multinacional Glencore, cuenta con la financiación tanto del Banco Santander como del BBVA. Los residentes han denunciado desde problemas respiratorios hasta muertes del ganado, y la Agencia Ambiental peruana ha confirmado la contaminación tanto del aire como de las vías fluviales con metales tóxicos.