1 – ¿Se aprobará el acuerdo comercial con Mercosur?
«Parece seguro que [el acuerdo comercial con Mercosur] se firmará a mediados de enero», afirmó un alto funcionario alemán tras la cumbre europea de diciembre, en la que Italia y Francia consiguieron un aplazamiento de un mes de la decisión sobre este acuerdo comercial entre la UE y los países latinoamericanos. Esto parece bastante optimista. Aunque la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se muestra satisfecha con las medidas tranquilizadoras para el sector agrícola, que cree que la Comisión Europea puede garantizar «a corto plazo», el Parlamento Europeo aún puede rechazar el acuerdo. Esto ocurrió en 2012 con el llamado acuerdo comercial ACTA, cuando los opositores criticaron la «redacción imprecisa» del acuerdo, cuyo objetivo era proteger mejor la propiedad intelectual.
El fracaso del acuerdo con Mercosur supondría un duro golpe, a pesar de que las negociaciones llevan más de un cuarto de siglo en marcha. Debido al proteccionismo estadounidense y a las crecientes tensiones con China, la UE busca desesperadamente una mayor diversificación en cuanto a socios comerciales. Latinoamérica y el sudeste asiático están especialmente en el punto de mira.
Sin embargo, la UE solo puede culparse a sí misma por el hecho de que siga teniendo dificultades para concluir acuerdos comerciales. La excesiva regulación europea no solo hace que los sectores económicos europeos, como la agricultura, sean menos propensos a permitir la entrada de productos del mercado europeo que no tienen que cumplir con las estrictas normas europeas en la práctica. La UE también intenta repetidamente abusar de las negociaciones comerciales imponiendo sus propias decisiones políticas al resto del mundo. Por ejemplo, las negociaciones con Mercosur tuvieron que reabrirse porque la UE de repente empezó a plantear nuevas exigencias.
Las malas relaciones comerciales con el sudeste asiático también tienen mucho que ver con la normativa europea. En particular, la Directiva europea sobre la deforestación (EUDR), cuya entrada en vigor acaba de posponerse una vez más, ha causado malestar en países como Malasia e Indonesia, que, según las ONG, han logrado importantes avances en materia de deforestación. Esto se debe en parte a sus propias normas nacionales, que la UE se ha negado durante mucho tiempo a reconocer y que ahora exige que el país añada con una gran cantidad de burocracia de la EUDR.
El hecho de que Trump también negociara importantes excepciones para los Estados Unidos ha dado lugar a un trato desigual de los socios comerciales. Esto demuestra que el celo regulador de la UE no solo afecta a los productores y consumidores europeos, sino también a sus buenas relaciones comerciales con el resto del mundo. La UE no logró concluir un acuerdo comercial con la India, por lo que no parece probable que esto suceda en 2026. La India está especialmente preocupada por el nuevo arancel climático europeo CBAM, otra reliquia del primer mandato de Ursula von der Leyen, que protege el mercado europeo y, por lo tanto, supone una carga para los consumidores europeos con precios más elevados.
2 – ¿Amenazan las elecciones estatales alemanas al canciller Merz?
En 2026 se celebrarán elecciones en Hungría, donde Victor Orban intenta mantenerse en el poder, y en Bulgaria, donde las protestas contra la corrupción derrocaron al Gobierno en funciones, en un país que será admitido en la zona euro el 1 de enero.
Sin embargo, la atención se centrará principalmente en los resultados de cinco elecciones estatales en Alemania. Tres de ellas tendrán lugar en la antigua Alemania Oriental, donde el partido populista de derecha AfD es especialmente fuerte. Desde que Merz ganó las elecciones en febrero de 2025, su formación CDU-CSU ha caído de casi el 30 % en las encuestas a menos del 25 %, mientras que la AfD ha subido del 21 al 26 %, lo que la convierte actualmente en el partido más grande de Alemania. Esto tiene mucho que ver con el incumplimiento de las promesas electorales de Merz: la disciplina presupuestaria se ha tirado por la ventana y poco ha cambiado en materia de migración. A pesar de las promesas de limitar estrictamente la reunificación familiar, Alemania expidió más de 101 000 visados para la reunificación familiar entre enero y noviembre, la mayoría de los cuales se destinaron a Turquía, Siria, India y Kosovo.
El hecho de que las autoridades alemanas también se muestren especialmente entusiastas a la hora de restringir la libertad de expresión, con el propio Merz presentando personalmente casi 5000 denuncias por insultos en Internet, no le hace precisamente más popular. El debate sobre el llamado «Brandmauer» —la cuestión de si cooperar o no con la AfD, por ejemplo, permitiéndole apoyar a un Gobierno en minoría— está en pleno apogeo.
Die Welt afirma: «La cuestión de un gobierno minoritario podría cobrar relevancia en Sajonia-Anhalt en septiembre de 2026 si la AfD se convierte con diferencia en el partido más fuerte allí y los partidos centristas no obtienen la mayoría». Dependiendo de las pérdidas de la CDU-CSU, esto también podría convertirse en un tema a nivel nacional en algún momento. Probablemente será sin Friedrich Merz.
3 – ¿Cómo evolucionará la guerra en Ucrania?
No hay mucho optimismo en cuanto a la llegada de la paz a Ucrania. El propio vicepresidente estadounidense J. D. Vance dijo justo antes de Navidad que no tiene «confianza» en una «solución pacífica», a pesar de los esfuerzos de la Administración Trump.
Bojan Pancevski, corresponsal del Wall Street Journal en Berlín, afirma: «Contrariamente a lo que se informa en las noticias, los mandos militares están más dispuestos a ceder territorio que Zelensky. Su interés (la supervivencia) como político no es el mismo que el interés nacional. Debido a su deficiente liderazgo durante la guerra y a la corrupción, es muy impopular entre los defensores, que hablan abiertamente de un golpe de Estado, pero no tienen líder».
En otras palabras, será interesante seguir la evolución de la situación en la propia Ucrania. Dado que los países europeos o Estados Unidos no están dispuestos a ofrecer garantías de seguridad reales al país, Pancevski tiene razón cuando afirma: «La garantía más importante para la paz es un ejército ucraniano poderoso... Ucrania se enfrenta a un problema irresoluble: Rusia es su vecina. Solo puede mantener su soberanía convirtiéndose en una especie de Israel con esteroides».
También afirma acertadamente: «Contar con el colapso de la economía rusa es una tontería. El tiempo está de su lado, una dictadura militarizada que puede aceptar y aceptará enormes sacrificios».
Esta última idea no es nada común entre los defensores de las sanciones económicas cada vez más severas: ya estamos en el decimonoveno paquete de sanciones europeas y Rusia sigue comerciando, aunque sea de forma indirecta.
A diferencia de las sanciones, el apoyo militar occidental a Ucrania ha logrado ayudar al país a defenderse sin que Occidente entre en conflicto directo con Rusia. Al menos hasta ahora. Ahora que Estados Unidos ya no proporciona apoyo financiero, los líderes europeos acordaron en diciembre seguir apoyando financieramente a Ucrania. Afortunadamente, fueron lo suficientemente sensatos como para no llevar a cabo una confiscación de facto de los activos del Banco Central Ruso depositados en la UE, aunque el primer ministro belga, Bart De Wever, tuvo que hacer todo lo posible para explicar lo peligroso que sería.
4 - ¿Habrá un acuerdo sobre el gasto europeo a largo plazo?
Las negociaciones sobre el próximo presupuesto a largo plazo de la UE, o Marco Financiero Plurianual (MFP), que cubre el gasto de la UE entre 2028 y 2034, se han vuelto más complejas que antes, ya que los intereses del préstamo a Ucrania también deben financiarse con cargo a él. Según las estimaciones, esto asciende a más de 3 000 millones de euros al año. Si la guerra continúa, es posible que se contraiga más deuda conjunta de la UE.
Una «frugal» alianza formada por Austria, Suecia, Alemania, los Países Bajos, Finlandia e Irlanda se ha visto reforzada ahora por Francia y Bélgica, ambos contribuyentes netos al presupuesto de la UE, y posiblemente también por Dinamarca, a partir de enero. Exigen recortes en el presupuesto de la UE.
La intención es tomar las decisiones definitivas en una cumbre europea en diciembre de 2026. Una de las principales obsesiones de la Comisión Europea es obtener más «recursos propios», es decir, competencias fiscales. Afortunadamente, los Estados miembros se muestran hostiles a planes como el «Recurso Corporativo para Europa» (CORE) o el «Recurso Propio del Impuesto Especial sobre el Tabaco» (TEDOR).
La ministra de Finanzas sueca, Elisabeth Svantesson, ya ha advertido de que esta propuesta es «completamente inaceptable». Señaló que la Comisión no solo quiere abordar los productos del tabaco, sino también las alternativas al tabaco, y se quejó: «Es más, la Comisión quiere que los ingresos fiscales vayan a la UE y no a Suecia». Es precisamente el enfoque sueco, por el que los productos del tabaco no nocivos o menos nocivos, como el snus, son legales, el que ha conducido a una reducción significativa del número de fumadores y, en consecuencia, a una reducción significativa de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Sin embargo, la Comisión Europea apuesta por el enfoque paternalista y por impuestos cada vez más elevados, ignorando el hecho de que esto podría estimular el mercado negro.
Lamentablemente, las ONG también parecen seguir teniendo una influencia considerable en el proceso de toma de decisiones europeo en este ámbito, y sus enmiendas se están adoptando literalmente. Los eurodiputados neerlandeses del PPE Sander Smit y Dirk Gotink están prestando un gran servicio en la lucha por una mayor transparencia en la financiación pública de las ONG. Este último se dirige en una carta a las ONG que están tratando de apartarlo de este expediente. En cuanto a los contratos secretos entre la Comisión Europea y las ONG, que supuestamente contienen instrucciones de lobbying, señala que «la única razón por la que estos contratos no se hacen públicos es que las propias ONG lo están bloqueando. La Comisión desearía hacer públicos estos documentos, pero no puede hacerlo legalmente sin su consentimiento». Es revelador que incluso una transparencia mínima en este ámbito ya esté provocando resistencia.
5 - ¿Dejará la UE de regular en exceso?
Con la aprobación del llamado primer paquete «Ómnibus» por parte del Parlamento Europeo, se ha dado un primer paso hacia la reducción de la regulación excesiva europea. Sin duda, durante el primer mandato de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se añadieron muchas normas europeas extremadamente costosas como parte del «Pacto Verde».
Se han suavizado los aspectos más controvertidos de la CSDDD, la directiva que impone a las empresas un «deber de diligencia», lo que supone una gran carga burocrática para supervisar todo tipo de normas sociales y medioambientales en sus propias cadenas de valor, pero la normativa sigue entrando en vigor.
Mientras tanto, la UE sigue imponiendo multas desorbitadas a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses por motivos arbitrarios, con el objetivo de restringir la libertad de expresión, y la introducción del euro digital continúa, a pesar de toda la oposición. La prohibición de facto de la UE sobre los coches no eléctricos se ha suavizado considerablemente recientemente, pero los coches todavía tienen que emitir un 90 % menos de CO2 en comparación con 2021, y los fabricantes de automóviles tienen que compensar el 10 % de CO2 que los coches aún pueden emitir produciendo con «acero verde» de la UE, lo que vuelve a encarecer el precio.
A finales de este año, la UE propuso otro endurecimiento de sus propios objetivos climáticos y, para colmo, amplió el arancel climático CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono), encareciendo las piezas de automóviles, los frigoríficos, las lavadoras, los materiales de construcción y la maquinaria agrícola. ¿Quién quiere eso?
Si no hay suficientes protestas por parte de la propia Europa, tendremos que poner nuestras esperanzas en Estados Unidos. Estados Unidos no solo está insatisfecho con los continuos ataques a las grandes tecnológicas, sino también con la negativa de Europa a dejar de aplicar las directrices de sostenibilidad a las empresas estadounidenses. La UE se considera una «superpotencia» reguladora que puede salirse con la suya con este tipo de extraterritorialidad, pero para 2026, Donald Trump bien podría haber cambiado eso. Marco Mensink, director general del Consejo Europeo de la Industria Química, afirma en el Financial Times: «El modelo de la UE consistía en establecer regulaciones ambiciosas partiendo del supuesto de que otros seguirían su ejemplo, pero nos estamos acercando a una situación en la que Europa va por libre». La industria química debería saberlo. Actualmente está abandonando Europa, y el hecho de que no haya absolutamente ningún debate sobre el sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS), que mantiene los precios del gas artificialmente altos para nuestra industria, dice mucho sobre el sentido de la urgencia en Europa.
6 - Migración masiva ilegal: ¿hay por fin un punto de inflexión?
A pesar de un descenso del 22 % en los primeros diez meses de 2025, 150 000 personas lograron entrar ilegalmente en la Unión Europea, lo que supone casi 200 000 al año. Por lo tanto, este problema sigue siendo especialmente grave.
El 16 de diciembre, 19 Estados miembros de la UE enviaron una carta a la Comisión Europea exigiéndole que elaborara directrices para el uso de los programas de financiación actuales y futuros de la UE con el fin de apoyar y aplicar las denominadas soluciones innovadoras. Estas soluciones incluyen la creación de centros de deportación en el extranjero para las personas que tienen que abandonar Europa, lo que la Comisión Europea denomina «centros de retorno». A principios de diciembre, las instituciones de la UE adoptaron leyes sobre el concepto de países seguros, que deberían facilitar la denegación de las solicitudes de asilo.
Queda por ver si este nuevo enfoque será eficaz y si funcionará. El modelo australiano, que el Reino Unido también quería introducir con el modelo de Ruanda, parece ser algo diferente. Consiste en garantizar que cualquier persona que entre ilegalmente nunca tendrá derecho al asilo en el país al que ha intentado entrar. Sin embargo, Australia sí permite a estas personas solicitar asilo, que Australia les concede en otro país, como Camboya. Los solicitantes de asilo también deben esperar fuera del territorio australiano, concretamente en Nauru. Este enfoque ha tenido éxito durante dos décadas, ha contado con el apoyo de gobiernos tanto de izquierda como de derecha y ha garantizado que, durante ese periodo, al menos oficialmente, no se hayan producido más muertes por ahogamiento en aguas australianas. Esto contrasta con las 30 000 personas que han muerto en el mar Mediterráneo solo en los últimos diez años.