Y es que, tras una votación de infarto, el Gobierno ha visto cómo su "decreto ómnibus" se hundía, llevándose consigo dos pilares que, para bien o para mal, iban a marcar el bolsillo y el techo de miles de ciudadanos: la prórroga de la moratoria antidesahucios y la actualización de la plusvalía municipal. La verdad es que no ha sido una derrota cualquiera. Ha sido un "no" rotundo que deja en el aire situaciones vitales que no entienden de plazos parlamentarios.
Un escudo que se quedó a medio camino
Para muchas familias que hoy respiran con dificultad, la aprobación de este punto habría sido, literalmente, su salvavidas. Hablamos de unas 60.000 familias vulnerables que, de haberse convalidado el decreto, habrían tenido un año más de tregua. Ese "escudo social" pretendía evitar que personas sin recursos se vieran en la calle sin una alternativa habitacional digna.
Pero claro, no todo el mundo lo veía igual. La aprobación habría supuesto también una prórroga de la inseguridad jurídica para los propietarios, especialmente los pequeños, que sienten que el Estado les obliga a ejercer de "asistentes sociales" sin compensaciones rápidas. Al caerse la medida, se abre un escenario incierto: los lanzamientos que estaban congelados podrían empezar a activarse en cascada, dejando a los servicios sociales municipales frente a una avalancha difícil de gestionar.
Sumamos y seguimos, la plusvalía, el impuesto que no termina de aterrizar
Luego tenemos la famosa plusvalía municipal. Si el decreto hubiera salido adelante, los ayuntamientos habrían tenido nuevos coeficientes para 2026, ajustados a la realidad del mercado actual. ¿Qué significa esto en cristiano? Pues que el impuesto que pagas cuando vendes o heredas una casa habría sido, sobre el papel, más "justo" y fiel a si realmente has ganado dinero con la operación.
Con el rechazo en el Congreso, volvemos a la casilla de salida (o casi). Al tumbarse la "nueva" plusvalía, los ayuntamientos se quedan en un limbo técnico que complica sus presupuestos y, lo que es peor, genera confusión en el contribuyente. Y es que, al final, el ciudadano lo que quiere es saber cuánto va a pagar sin tener que hacer un máster en derecho tributario cada vez que hereda el piso de sus abuelos.
Tenemos ante nosotros un rompecabezas sin piezas
Además, el rechazo ha sido especialmente doloroso porque estas medidas iban "en paquete" con otras tan sensibles como la subida de las pensiones o la prohibición de cortar la luz a familias con escasos recursos. Es esa vieja táctica política de mezclar churras con merinas que, esta vez, ha salido mal. Una manera torticera de lanzar propuestas o en ocasiones una bomba de humo generada, aún conociendo su escasa viabilidad, con el único objetivo de desviar la atención hacia asuntos mucho más relevantes que involucran a diferentes partidos en este nuestro Congreso de los Diputados.
La realidad es que, mientras los partidos se lanzan reproches sobre quién tiene la culpa del naufragio, hay gente que esta noche mirará el calendario con angustia. Porque un decreto puede ser un texto frío de 80 páginas, pero sus efectos se sienten en el calor de una casa que, desde hoy, vuelve a verse expuesta a la incertidumbre con una oración fija en la mente y el corazón de propietarios inquilinos “toca esperar para ver que se les ocurre ahora”.