Al fin y al cabo, un error terminológico, una inconsistencia o una omisión técnica puede limitar el alcance real del derecho o abrir la puerta a objeciones difíciles de corregir más adelante. Por esta razón, cada vez más empresas recurren a servicios de traducción de patentes desde las primeras fases del proyecto. La experiencia demuestra que una mala decisión en este momento puede condicionar toda la estrategia de protección internacional.
El problema no suele estar en la gramática, más bien en la terminología. En ciertos sectores técnicos, una misma palabra puede tener significados distintos según el contexto industrial o la práctica jurídica de cada país. Traducir de forma literal, sin conocer ese entorno, puede provocar que el examinador entienda la invención como ambigua, incompleta o demasiado genérica.
También son habituales las inconsistencia internas: diferencias entre la descripción y las reivindicaciones o cambios en la numeración de elementos técnicos. Estos fallos, aparentemente menores, generan objeciones formales que retrasan el procedimiento y, en algunos casos, obligan a limitar las reivindicaciones para poder avanzar.
Antes de entrar en fase nacional, es necesario analizar qué reivindicaciones son realmente importantes en cada jurisdicción y qué conceptos pueden resultar sensibles desde el punto de vista legal o técnico, pasos que son analizados por bufetes especializados en PI y anticipan posibles objeciones del examinador.
Tratar la traducción como un simple trámite administrativo es uno de los errores más habituales en la tramitación de patentes en el extranjero. En realidad, se trata de una parte esencial de la estrategia jurídica y comercial de la patente. Por ello, firmas especializadas como Seprotec trabajan con traductores expertos por idioma y campo técnico, revisores nativos y procesos de control de calidad certificados según normas ISO específicas para el ámbito de la traducción, además de procesos específicos para la presentación de patentes y documentación asociada.
Esta metodología permite definir los criterios terminológicos que se aplicarán y garantizar la coherencia entre todos los documentos, teniendo en cuenta el país o países de destino de la patente una vez traducida. Las herramientas tecnológicas, como las memorias de traducción o los glosarios sectoriales, contribuyen a reforzar esta consistencia. No obstante, no sustituyen el criterio humano especializado, imprescindible en un ámbito tan técnico como este, ya que permite detectar posibles errores con antelación y colaborar estrechamente con los agentes de propiedad industrial y el cliente para resolverlos.
Durante la tramitación internacional, los costes se reparten entre tasas oficiales, honorarios profesionales y traducciones. El problema empieza cuando las empresas intentan reducir esta última partida sin considerar sus consecuencias. A fin de cuentas, una patente mal traducida puede perder valor comercial, volverse vulnerable a impugnaciones o quedar inservible en determinados mercados, con el sobrecoste que conlleva.