El próximo 2 de febrero se cierra el plazo definitivo para que los propietarios de viviendas en España reclamen las compensaciones económicas por la suspensión de los desahucios. Y es que, tras años de prórrogas que parecían infinitas, el reciente vaivén político en el Congreso ha dejado un escenario lleno de incertidumbre y facturas pendientes. La verdad es que no hablamos solo de números fríos en un Excel. Hablamos de miles de pequeños ahorradores que, en su día, decidieron invertir en un piso para complementar su jubilación o pagar los estudios de sus hijos, y que de repente se vieron atrapados en una "pausa" legal que ha durado más de cuatro años.
La realidad es que en la actualidad nos encontramos ante un laberinto de cifras y demoras.
Para que nos hagamos una idea de la magnitud de este asunto, se estima que la moratoria antidesahucios ha frenado cerca de 60.000 lanzamientos en los últimos cuatro años. Es una cifra que impresiona, pero detrás de cada unidad hay una historia: un inquilino en situación crítica y un propietario que, en muchos casos, ha tenido que seguir pagando el IBI, la comunidad y las reparaciones de un bolsillo que ya no recibía ingresos por el alquiler.
En lo que va de 2025, los datos ya nos daban pistas del agotamiento del sistema. Solo en el primer trimestre se registraron más de 7.300 desahucios, la gran mayoría por impagos de renta, lo que demuestra que la presión en el mercado del alquiler es una olla a presión a punto de estallar.
¿Qué pueden reclamar exactamente los afectados?
La compensación no es un regalo, es más bien un intento de equilibrar la balanza. Los propietarios tienen derecho a solicitar:
- El precio medio del alquiler en su zona (según los índices de referencia).Eso sí, no es un proceso automático. La burocracia, fiel a su estilo, exige demostrar que han pasado más de tres meses desde que se suspendió el lanzamiento sin que los servicios sociales hayan ofrecido una alternativa habitacional al inquilino. Es, en esencia, una carrera de obstáculos administrativa.
Consecuencias: un futuro entre la espada y la pared
El panorama que se dibuja tras el 2 de febrero es complejo. Por un lado, el fin de la moratoria, fruto del rechazo al decreto "ómnibus" en el Congreso, abre la puerta a que los juzgados retomen miles de procesos que estaban cogiendo polvo en los estantes. Esto podría aliviar a los propietarios, pero también amenaza con saturar unos servicios sociales que ya están desbordados.
Además, la sensación de inseguridad jurídica ha dejado una cicatriz en el mercado. Muchos propietarios, escaldados por la experiencia, están retirando sus viviendas del alquiler de larga duración para pasarlas al alquiler vacacional o, simplemente, prefieren dejar el piso vacío antes que arriesgarse a otro "bloqueo" legal. Al final, como si de un efecto dominó se tratase, esto reduce la oferta y empuja los precios hacia arriba, castigando a quienes más ayuda necesitan.
La realidad es que el próximo lunes no solo vence un plazo; se cierra un capítulo de medidas excepcionales que nacieron en la pandemia y que han terminado convirtiéndose en estructurales. Ahora queda ver si la Administración será ágil a la hora de pagar o si, por el contrario, los propietarios tendrán que esperar otra larga temporada para ver un solo euro de vuelta.