El Presidente de Uzbekistán planteó tareas de gran envergadura para seguir perfeccionando el sistema de administración pública, definió los objetivos a medio plazo del bloque económico del Gobierno y señaló direcciones prometedoras del desarrollo social. En su discurso, el tema de la lucha contra la corrupción destacó por su tono y determinación, convirtiéndose en una especie de señal de advertencia tanto para el Estado como para la sociedad. El líder de Uzbekistán anunció un “estado de emergencia” en la lucha contra la corrupción en 2026, calificando este flagelo como una grave amenaza que obstaculiza el desarrollo del Estado, socava la justicia y el Estado de derecho, y debilita el clima de confianza en la sociedad.
El paso de las declaraciones a una línea política firme se evidencia en la afirmación del Presidente de que tolerar la corrupción equivale a traicionar las reformas y que nadie quedará fuera del control, independientemente de su cargo o rango.
Estas palabras no son solo una declaración de intenciones ni una expresión de postura desde altas tribunas, sino que están respaldadas por acciones concretas. Apenas unos días después, el 30 de diciembre de 2025, el Presidente firmó un decreto destinado a seguir perfeccionando el sistema de prevención y lucha contra la corrupción, lo que constituye un paso fundamental en la política anticorrupción de Uzbekistán.
El decreto modifica de manera sustancial el sistema de lucha contra la corrupción en el país, marcando la transición de medidas reactivas (basadas únicamente en el castigo) hacia una gestión sistemática de los riesgos de corrupción, la creación de estándares unificados de gestión y certificación, el fortalecimiento del papel de las plataformas digitales y de la transparencia informativa, así como la protección y promoción de la participación cívica y la cooperación interinstitucional de forma permanente.
Esto significa que la lucha contra la corrupción pasa a ser una parte integral de la administración pública y no un ámbito separado de la actividad de los órganos de seguridad y control.
El nuevo decreto introduce herramientas modernas de gestión y evaluación de la eficacia, incrementa la responsabilidad de los directivos por los resultados, formaliza los mecanismos digitales de interacción y refuerza la motivación social en la lucha contra este flagelo.
Además, el documento prevé la creación de mecanismos unificados de interacción entre todos los participantes en las actividades anticorrupción sobre la base del modelo de clúster, cuyo objetivo es identificar y eliminar los riesgos de corrupción antes de que se transformen en infracciones.
El modelo de clúster implica la cooperación intersectorial del Estado, la comunidad experta y las instituciones de la sociedad civil. Se trata de un paso importante hacia la integración de los esfuerzos de diferentes instituciones. De este modo, el Estado supera los modelos en los que la lucha contra la corrupción se lleva a cabo por un solo organismo y aproxima el sistema a la gestión colectiva de riesgos.
En esencia, el nuevo documento cambia la lógica de la política anticorrupción en Uzbekistán.
Y ello no es casual, ya que la lucha contra la corrupción figura entre las prioridades en la agenda del Jefe del Estado. Tras asumir la Presidencia en diciembre de 2016, una de las primeras leyes de carácter sistémico firmadas por Shavkat Mirziyoyev fue la Ley «Sobre la lucha contra la corrupción», el 4 de enero de 2017.
Los años siguientes se caracterizaron por la creación de bases institucionales y por una etapa cualitativamente nueva en la lucha contra este fenómeno. Se creó un organismo especializado en la lucha contra la corrupción, se impulsó activamente la digitalización de los servicios públicos, se introdujeron mecanismos de transparencia en los ámbitos de las licencias y la contratación pública, y se estableció la práctica del examen anticorrupción de la legislación.
En 2024 y 2025 se prestó especial atención al desarrollo de mecanismos internos anticorrupción en los organismos estatales. Los servicios de cumplimiento normativo comenzaron a considerarse como una herramienta para la detección temprana de riesgos de corrupción y para el aumento de la responsabilidad personal de los directivos.
Este enfoque se corresponde con la práctica internacional y evidencia la voluntad de construir mecanismos de autorregulación dentro del aparato estatal.
La introducción del modelo de clúster anticorrupción a partir de 2026 se ha convertido en la expresión institucional de este nuevo enfoque.
Así, Uzbekistán avanza de manera constante desde un modelo anticorrupción punitivo hacia una política sistémica, preventiva y orientada institucionalmente. En este contexto, el Mensaje del Presidente Shavkat Mirziyoyev al Parlamento y al pueblo de Uzbekistán sirve como punto de partida y sustento ideológico para una lucha rigurosa contra la corrupción y para la consecución de los objetivos estratégicos del Estado hasta 2030.