La nueva entidad pública tiene la responsabilidad de gestionar más de 40.000 viviendas procedentes de la Sareb y otros organismos del Estado con el objetivo de lanzar entre 16.000 y 30.000 pisos de alquiler asequible cada año. Sin embargo, la estrategia para lograrlo pasa por la externalización de parte de sus servicios a empresas privadas, una decisión que genera duda sobre la calidad del servicio y la protección de los inquilinos.
El modelo elegido por el Ministerio de Vivienda implica licitar la gestión del parque público: desde la recepción de los inmuebles hasta la formalización de contratos, el cobro de rentas, el mantenimiento y el acompañamiento de colectivos vulnerables. En teoría, esta fórmula busca eficiencia y especialización. En la práctica, los riesgos empiezan a aflorar cuando se presentan empresas que han sido sancionadas por las mismas administraciones públicas.
Según reveló Merca2, Alquiler Seguro (una compañía multada con 3,6 millones de euros por el Ministerio de Consumo por prácticas abusivas contra inquilinos) se ha presentado a la licitación para gestionar más de 1.600 viviendas de alquiler asequible en Asturias y Galicia. La contradicción es evidente: mientras un ministerio sanciona, otro abre la puerta a que esa misma empresa gestione vivienda pública.
Casa 47 ha optado por un modelo de gestión indirecta que delega prácticamente todas las funciones operativas en manos privadas. Las empresas adjudicatarias deberán asumir la recepción y adecuación de los inmuebles, la selección y firma de contratos con los inquilinos, la gestión de pagos y, lo que resulta más delicado, la prevención de situaciones de pérdida de vivienda y el acompañamiento de colectivos en riesgo de exclusión social.
Tal y como informa este medio especializado en actualidad económica, el pliego de condiciones exige acreditar experiencia previa en gestión de vivienda asequible o social durante al menos un año de los últimos tres. Una barrera que, en principio, debería garantizar cierta solvencia técnica. Sin embargo, el problema surge cuando empresas que cumplen formalmente estos requisitos arrastran expedientes sancionadores por vulnerar los derechos de los inquilinos.
Al respecto, cabe recordar que Alquiler Seguro fue sancionada en diciembre de 2025 por seis infracciones muy graves y una grave, entre las que destacan el cobro encubierto de gastos que deberían asumir los propietarios, la imposición de seguros y estudios de solvencia, la limitación del derecho de desistimiento y la carga a los inquilinos de todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales. Precisamente las prácticas que Casa 47 debería evitar en el parque público.
La externalización de servicios públicos no es necesariamente negativa. Puede aportar especialización, flexibilidad y reducción de costes. Sin embargo, cuando no se acompaña de controles estrictos, puede derivar en una pérdida de calidad del servicio y en conflictos de intereses que perjudican a los usuarios finales.
Algo especialmente importante con el sector de la vivienda pública, especialmente sensible porque los inquilinos suelen encontrarse en situaciones de vulnerabilidad. Al respecto, son varios los políticos que ya se han pronunciado sobre esta disyuntiva. Según recoge este medio económico, el portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha resumido el problema al afirmar que "un poco de coordinación y coherencia interministerial es lo menos que podría pedirse".
En este sentido, la crítica apunta a un fallo en la gobernanza del Ejecutivo como, por ejemplo la falta de mecanismos de coordinación entre ministerios, que puede llegar a permitir que empresas sancionadas por uno puedan presentarse sin restricciones a licitaciones convocadas por otro. Una situación que puede llegar a generar un coste reputacional muy elevado para las instituciones públicas al minar la confianza ciudadana en la gestión de los recursos públicos.
Al respecto, otros países de la Unión Europea sí han implementado registros centralizados de empresas sancionadas que establecen cláusulas de exclusión automática en concursos públicos durante períodos determinados. En España, estas herramientas existen, pero no funcionan con la eficacia necesaria para evitar casos como el de Alquiler Seguro.
Este caso ha llevado a la opinión pública la necesidad de que las administraciones públicas trabajen con un sector inmobiliario capaz de garantizar una gestión libre de dudas y sin comprometer los derechos de los inquilinos. La existencia de malas prácticas en algunas compañías no invalida el modelo de externalización, pero sí obliga a endurecer los criterios de selección.
Teniendo en cuenta que Casa 47 representa la apuesta más ambiciosa del Gobierno para construir un parque estatal comparable al de otros países europeos, la opinión pública pide garantías a los gestores públicas para proteger a los inquilinos a la hora de acceder a este tipo de inmuebles, abriendo un debate que tiene y tendrá mucho recorrido: ¿puede una política de vivienda asequible descansar en operadores privados cuya actividad ha sido sancionada por vulnerar derechos de los inquilinos?