Javier Milei ha logrado, en apenas unos meses de mandato, algo que parecía inalcanzable para muchos analistas: estabilizar una economía que venía atravesando una espiral de inflación crónica, déficit estructural y pérdida constante de reservas. Hay que reconocer que uno de los éxitos iniciales de su política económica ha sido, precisamente, esa estabilización, conseguida a costa de un drástico recorte del gasto público y de un ajuste sin precedentes en la administración del Estado. El mensaje fue claro desde el primer día: disciplina fiscal, reducción del tamaño del Estado y prioridad absoluta al equilibrio presupuestario. No se puede olvidar, sin embargo, que este proceso deja a muchas personas y colectivos por el camino, aunque a corto plazo haya mostrado cierta eficacia técnica.
Ahora bien, es discutible que esta vía sea sostenible si no se producen reformas estructurales profundas que permitan, de una vez por todas, que la economía argentina crezca de forma sólida y sostenida. La contención del gasto, aunque eficaz para frenar la hemorragia inflacionaria, se nota en el ambiente. El consumo interno se ha retraído, los hogares miden cada decisión de compra y las pequeñas y medianas empresas perciben una demanda más cautelosa. Los consumidores se lo piensan antes de gastar o invertir en cualquier bien, y esa prudencia generalizada genera una sensación de incertidumbre que afecta al tejido productivo y, muy especialmente, a quienes desean emprender.
También es de justicia reconocer que la confianza internacional parece haber regresado a la Argentina. Los mercados han reaccionado con optimismo ante el giro ortodoxo de la política económica y ciertos indicadores financieros han mostrado señales de mejora. Sin embargo, conviene preguntarse en qué se materializa esta supuesta confianza. ¿Se traduce en inversión productiva real? ¿Llega al empresario que quiere abrir un comercio, lanzar una startup tecnológica o desarrollar un proyecto independiente? Porque una cosa es la expectativa financiera y otra muy distinta la transformación efectiva del clima de negocios en el día a día de quienes arriesgan su capital y su trabajo.
En este punto resulta pertinente incorporar la mirada crítica de Martín De Mauro Rucovsky, investigador del CONICET, quien advierte que la inversión en Argentina no depende solo del discurso liberalizador, sino de la capacidad efectiva del Estado para gestionar e invertir de manera inteligente. A su juicio, sin agencias estatales que planifiquen infraestructura, coordinen políticas industriales y garanticen condiciones materiales básicas, la inversión no se consolida. Señala que la economía argentina se ha ido primarizando y que ha perdido músculo industrial: de producir automóviles completos en los años setenta ha pasado, en muchos casos, a ensamblar piezas. El reciente cierre de la histórica fábrica de neumáticos FATE simboliza, para él, esa pérdida de capacidad productiva.
Su análisis apunta a un problema estructural: la falta de infraestructura. Un inversor puede sentirse atraído por los recursos naturales —litio, oro, petróleo o gas—, pero necesita rutas, trenes, puertos y seguridad logística para exportar. Provincias mineras como San Juan o Catamarca, recuerda, arrastran endeudamiento y dependen en gran medida de la financiación nacional. Si las rutas están deterioradas, si los municipios carecen de recursos y si los puertos atraviesan conflictos administrativos, la promesa de inversión se vuelve incierta. Lo mismo sucede con el desarrollo energético vinculado a Vaca Muerta: grandes anuncios de exportación chocan con disputas políticas, demoras en obras estratégicas y falta de coordinación entre niveles de gobierno.
De Mauro Rucovsky sostiene que existe una “imagen para exportar” —la de un país abierto, desregulado y atractivo para el capital extranjero— que no siempre coincide con la realidad material del interior productivo. Si no hay infraestructura adecuada ni garantía de continuidad en proyectos estratégicos, la inversión puede quedarse en expectativa financiera y no transformarse en desarrollo tangible. Incluso en el ámbito energético, advierte que la pérdida de capacidad industrial y la venta de activos estratégicos pueden debilitar la soberanía productiva a medio plazo.
Desde la óptica del emprendedor, esta tensión es decisiva. La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente. Un país puede exhibir equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, carecer de las bases físicas y productivas que permiten a una empresa crecer. El pequeño y mediano empresario necesita algo más que señales al mercado: requiere carreteras transitables, energía confiable, puertos operativos y reglas que no cambien abruptamente según el clima político.
Emprender en la Argentina actual es, por tanto, un ejercicio de cálculo prudente. Hay menos inflación descontrolada, pero también menos consumo. Hay un discurso favorable al capital, pero dudas sobre la infraestructura. Hay expectativas internacionales, pero interrogantes internos. El inversor extranjero puede sentirse seducido por el potencial de los recursos naturales, pero si percibe que la logística es frágil o que los proyectos dependen de equilibrios políticos inestables, optará por esperar.
El riesgo es que la inversión termine concentrándose en operaciones financieras de corto plazo y no en proyectos productivos de largo aliento. Sin industria sólida, sin red de transporte eficiente y sin planificación estratégica, el país puede quedar atrapado en una economía primarizada, dependiente de ciclos internacionales y vulnerable a cualquier cambio de contexto global.
La estabilización macroeconómica es un primer paso. Pero si no se acompaña de una política industrial coherente y de una inversión sostenida en infraestructura, el relato de la confianza puede diluirse. En ese escenario, emprender no será un acto de audacia creativa, sino una apuesta cada vez más arriesgada en un terreno incierto. Y la inversión, lejos de consolidarse, podría limitarse a observar desde la barrera, esperando señales que tal vez nunca lleguen.