El Instituto Español de Banca y Finanzas (IEBF) ha celebrado el evento ‘Efectos indeseados de la Ley de Segunda Oportunidad’, para abordar los principales impactos y consecuencias adversas de la Ley de Segunda Oportunidad. En la jornada, celebrada en CUNEF Universidad, diferentes expertos han coincidido en la problemática automatización del sistema a la hora de tratar a los deudores, que, hasta hace unos meses, no diferenciaba entre aquellos que obran de buena fe y los que actúan negligentemente. En concreto, Álvaro Lobato Lavín, Magistrado-Juez de lo Mercantil en Barcelona, ha destacado algunas de las causas que han propiciado la situación sufrida con esta norma. Así, ha expresado que “cuando el sistema está saturado simplifica, lo que deriva en una automatización del análisis”, y ha señalado que “si no hay control, el incumplimiento se generaliza y la exoneración se convierte en una estrategia financiera”.
Además, el papel de las entidades españolas en cuanto a créditos responsables es ejemplificador, ya que, según ha apuntado Lobato, “los datos dicen que los bancos españoles evalúan incluso mejor que sus homónimos europeos”.
Por su parte, Adolfo Díaz-Ambrona, Secretario General de Santander España, ha remarcado la importancia de la evaluación de los deudores por parte de las entidades, que tienen que valorar “no solo el riesgo de crédito, sino también la solvencia del propio acreditado”. De este modo, ha hecho hincapié en que para una adecuada gestión del riesgo es preciso “conocer la capacidad real de pago del solicitante del crédito”.
En este contexto, Leticia Gayo González, Responsable de Estrategia, Seguimiento y Transformación Head en la Asesoría Jurídica del BBVA en España, ha subrayado la situación del Poder Judicial, expresando que los juzgados de lo mercantil “están totalmente colapsados”. Además, ha evidenciado que los concursos sin masa de personas físicas han sufrido “un incremento del 800 %” de peticiones en el último lustro.
Asimismo, tanto Gayo como Díaz-Ambrona han coincidido en la importancia de no conceder la exoneración a quien no se la merece, y viceversa, si bien Álvaro Lobato ha avalado el argumento diciendo que “la ley está llamada a reformarse”.
Esta reforma se ha comenzado a llevar a cabo recientemente, puesto que ya se está aplicando la nueva doctrina del Tribunal Supremo en materia de Segunda Oportunidad, que obliga a los jueces a analizar en profundidad el origen de las deudas y el motivo de la insolvencia antes de decidir si las exoneran o no.
La jornada ha estado moderada por Francisco Uría, director general del Instituto Español de Banca y Finanzas (IEBF), quien ha puesto en valor que “el foro se celebra en un momento muy oportuno, tras las sentencias del Tribunal Supremo que han confirmado el relevante papel de control que corresponde al órgano judicial sobre la base de la información proporcionada por el solicitante de la exoneración, la guía publicada por el Consejo General del Poder Judicial, los acuerdos que están adoptando algunas juntas de jueces y los pronunciamientos judiciales más recientes, de los que parece derivarse un claro cambio de orientación en los criterios de aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad”.