Porque conviene recordar quién es Garzón. No hablamos de un jurista ejemplar, ni de un referente moral. Hablamos de un juez que fue expulsado de la carrera judicial por prevaricar. Un hombre que utilizó la justicia con fines políticos, que cruzó líneas que ningún magistrado debería cruzar jamás, y que acabó siendo inhabilitado por ello. Y ahora, ese mismo personaje es el encargado de decirnos cuál es la “verdad” sobre uno de los episodios más complejos, dolorosos y manipulados de nuestra historia.
Es un sarcasmo. Es una provocación. Es, en definitiva, una obscenidad.
La verdad no se decreta desde el poder
Las llamadas “comisiones de la verdad” no buscan la verdad. Nunca lo han hecho. Son instrumentos políticos, herramientas de propaganda diseñadas para imponer un relato único. No para investigar, sino para dictar sentencia. No para comprender el pasado, sino para manipular el presente.
Y en España, quien impulsa esta comisión es el PSOE. Sí, el mismo partido que tuvo un papel protagonista en los años previos a la Guerra Civil. El mismo partido que, lejos de asumir responsabilidades históricas, lleva décadas intentando reescribir la historia a su conveniencia.
Ahora pretenden erigirse en árbitros de la memoria. En jueces del pasado. En dueños de la verdad.
Pero la verdad histórica no se construye desde un despacho de La Moncloa ni desde una comisión ideologizada. La verdad se estudia, se debate, se contrasta. Y, sobre todo, se respeta.
El PSOE y su obsesión por controlar el relato
No es casualidad. Nada de esto lo es.
El Gobierno lleva años impulsando leyes de memoria, resignificaciones, exhumaciones y campañas institucionales que tienen un objetivo claro: imponer una versión única de la historia. Una versión donde el PSOE aparece como víctima y redentor, y donde todo lo demás queda reducido a caricatura o demonización.
Esta “Comisión de la Verdad” es un paso más en esa estrategia. Un intento de blindar su relato y de perseguir cualquier disidencia histórica.
Porque no nos engañemos: quien controle el pasado, controla el presente. Y quien controle el presente, condiciona el futuro.
Un insulto a la inteligencia y a la Historia
Nombrar a Garzón para esta tarea no es solo un error. Es un insulto. Un insulto a los historiadores serios, a los juristas honestos y a cualquier ciudadano que aún crea en la objetividad.
Es como si la verdad necesitara de un árbitro desacreditado. Como si la historia pudiera ser escrita por quien ya demostró desprecio por las normas más básicas del derecho.
La paradoja es grotesca: un juez inhabilitado por vulnerar la ley convertido en garante de la verdad.
El peligro de reabrir heridas para tapar vergüenzas
Mientras España enfrenta problemas reales —económicos, sociales, institucionales— el Gobierno decide mirar al pasado, pero no para aprender de él, sino para utilizarlo como arma política.
Reabrir heridas. Dividir a los españoles. Señalar a unos y absolver a otros.
Todo vale con tal de tapar la corrupción, el desgaste y la pérdida de credibilidad de un Ejecutivo cada vez más cuestionado.
España no necesita comisiones de la verdad, necesita respeto por la verdad
La historia de España no necesita comisarios políticos. No necesita tribunales ideológicos. No necesita relatos impuestos desde el poder.
Necesita rigor. Necesita libertad. Necesita respeto.
Y, sobre todo, necesita que quienes han demostrado desprecio por la ley no sean los encargados de decirnos qué es verdad y qué no lo es.
Porque cuando la verdad se convierte en un instrumento político, deja de ser verdad.
Y cuando un Gobierno decide escribir la historia a su medida, lo que está en juego no es el pasado, es la libertad del presente.