Almería crece en cifras, pero, en cierto modo, se está vaciando por dentro. Ésa es la fotografía incómoda que pocos en el poder (desde luego nadie en el gobierno de la nación) parece dispuesto a mirar de frente. Mientras las estadísticas celebran que la provincia se acerca a los 800.000 habitantes, más de 58.000 almerienses han hecho las maletas y viven hoy fuera. No es un matiz: es una señal de alarma.
No. No se trata de una ‘movilidad puntual’ ni de experiencias en el extranjero, más o menos habituales en tantos puntos de España. Hablamos de una tendencia sostenida, acentuada y agravada durante esta última década: miles de jóvenes —muchos de ellos formados— que no encuentran en su tierra ni salarios dignos, ni estabilidad, ni expectativas. Y que, sencillamente, se van. ¿Pasa en otras partes de la geografía patria? Sin duda.
Pero el contraste es especialmente llamativo cuando se pone sobre la mesa la regularización masiva prevista/ejecutada a cámara lenta por el Gobierno, de aquí a las próximas generales, que es el quid de la cuestión. Entre 20.000 y 30.000 personas pasarán a formar parte oficial de la población almeriense en cuestión de meses, en lo que significa un cambio estadístico con profundas, radicales implicaciones políticas, sociales... y demoscópicas.
El problema no es la inmigración en sí: es la ausencia de una estrategia seria, más allá de la puramente electoralista e irresponsable que implementan por las buenas o por las malas Sánchez y su maligna tropa. Mientras una parte creciente de la población autóctona abandona la provincia por falta de oportunidades (es literalmente expulsada), la administración se limita a gestionar cifras en lugar de afrontar las causas del desequilibrio… y del desastre.
¿Qué modelo económico se está construyendo cuando una provincia expulsa talento y retiene precariedad? ¿Qué futuro puede sostenerse si el crecimiento demográfico no va acompañado de auténtica cohesión social, empleo de calidad y servicios públicos dimensionados, absolutamente desbordados hoy dada la atención masiva, desproporcionada de inmigrantes irregulares?
Almería lleva años funcionando como un laboratorio silencioso, y terminará por estallar. Un territorio donde convergen agricultura intensiva, presión migratoria… y abandono institucional. A esto se suma un elemento especialmente preocupante: la inseguridad vinculada a redes delictivas que operan a diario en torno a esa inmigración irregular. La reciente desarticulación de una organización dedicada a abastecer embarcaciones ilegales (con combustible, logística e incluso armas) no es una anécdota: es la prueba palpable de que existe una infraestructura criminal consolidada que se aprovecha de la falta de control y de la desesperación de quienes cruzan el mar.
Es simplemente penoso, falto de seso, el discurso oficial autocomplaciente, no sólo extendido en la izquierda y la extrema izquierda, que habla sin más de diversidad, de crecimiento, de integración… sin entrar en el fondo del asunto y en la desconexión brutal, abismal, entre la realidad que viven y sufren los ciudadanos y ese relato político acomodaticio.
A Almería le ha tocado funcionar como banco de pruebas de los estragos del sanchismo, y sus aviesos planes. Un territorio que abandona y pierde a los suyos, dejándolos a su completa suerte, mientras presume de crecer, camina hacia el precipicio. Y nadie debería dudar de que a un personaje como Sánchez, siempre que pueda garantizar su reválida en La Moncloa colmando sus indisimuladas aspiraciones y obsesiones, le importa un pimiento quiénes y cuántos puedan desprenderse… y estrellarse al fondo del acantilado.